El clima de transición se aceleró a un ritmo vertiginoso en las últimas horas. Aunque en público ninguno lo reconozca, Mauricio Macri y Alberto Fernández se preparan para intercambiar roles el 27 de octubre a la noche, cuando las urnas confirmen el casi inevitable retorno al poder del candidato opositor y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

Sumado a las dificultades eventuales del traspaso y la incertidumbre sobre el sistema bancario, las tensiones por estas horas pasan por las medidas previstas en los primeros días, entre las que asoma el pacto social.

Si algo dejó en claro el Coloquio de IDEA es la desconfianza empresaria a cualquier acuerdo que les recuerde al congelamiento de precios de 1953 o al Pacto Social de Bel Gelbard en 1973. Ninguna remake funcionará -vaticinan- sin una solución a los "problemas estructurales" (lease, una reforma laboral, jubilatoria y tributaria, junto a una negociación amistosa con el FMI). Nada que Fernández no haya escuchado antes.

Lo que quizás genere ruido son las señales de resistencia que empezó a enviar la cúpula de la CGT, luego de haberse encolumnado detrás su candidatura.

Pese a que el cotitular de la central obrera Héctor Daer se mostró públicamente junto al titular de la UIA, Miguel Acevedo, como el principal impulsor en el sindicalismo de un acuerdo de precios y salarios, la conducción compartida entre "gordos" (grandes gremios de servicios), "independientes" (de buen diálogo con todos los gobiernos) y barrionuevistas mantiene sus dudas sobre el ambicioso esquema a cargo del asesor económico de Fernández, Matías Kulfas.

"Son todas hipótesis, no se habla nada de eso con el equipo de Alberto Fernández", disparó en las últimas horas uno de los gremialistas con mayor peso dentro de la CGT y la diplomacia suficiente para relacionarse con todos los sectores políticos.

Un hombre del entorno del líder mercantil Armando Cavalieri reconoció que "hay conversaciones antes de las elecciones, pero lo primero es ver si siguen insistiendo con lo de la paz social", mientras que el metalúrgico Antonio Caló prefire "esperar" a conocer la propuesta concreta de Kulfas para recuperar poder adquisitivo y a la vez disminuir la inflación.

El temor en Azopardo es que el mecanismo de relojería bajo estudio provoque un cambio abrupto en la negociación colectiva que les reste poder sobre los convenios colectivos, organizados por rama de actividad y empresa en donde patrones y sindicalistas tienen un significativo margen de libertad para negociar. En efecto, una idea que barajan en los equipos técnicos del presidenciable es conformar un espacio tripartito que defina una suerte de metas generales de inflación y "bandas" de ingresos.

Con una suba de precios que este año superará el 55% y salarios que en promedio rondarán el 40% consolidando así una pérdida del poder adquisitivo del 15% respecto del 2017, la idea en el entorno de Fernández es que los sueldos inicien en 2020 una recuperación gradual de lo perdido, pero con incrementos nominales de remuneraciones y precios por debajo del 2019.

La hipótesis es que la desinflación podría lograrse con un "compromiso" de empresarios y sindicalistas, una vez definidos un delicado coctel de tasas, dólar y tarifas para todo el año.

El encargado de tomar esas decisiones sería un consejo bajo la órbita del Ejecutivo integrado por una veintena de dirigentes de cámaras sectoriales y sindicatos clave. Así estarían representados los sectores estratégicos de la economía y de mayor empleo (comercio, construcción, metalúrgicos, alimentación, transporte y bancarios, entre otros).

La nueva "institucionalidad", según la jerga interna, implicaría una redistribución del poder diferente a la composición cupular del consejo del salario mínimo, en donde en la actualidad son las entidades del Grupo de los Seis (G6), la CGT y la CTA quienes definen una vez por año la actualización del ese piso, de alcance muy limitado en la práctica.

"El esquema de coordinación de precios y salarios cambia la lógica que se venía dando hasta ahora; no es que se elimina la libertad, se reduce, y eso obviamente puede generar temores y resistencias porque no saben cómo va funcionar", reconoce un especialista en materia laboral dentro del Frente de Todos.

Esos cambios en discusión refuerzan el malestar que provocó en la dirigencia de la central obrera el auspicio de Fernández de una reunificación impracticable con la CTA liderada por Hugo Yasky, detrás de quien ven la mano de Cristina Kirchner.

Para sopresa de algunos, el maestro planteó frente a los empresarios en Mar del Plata que es "necesario" avanzar en una reforma laboral en una discusión con una empresa, garantizando ciertas condiciones. A tono con los vientos de cambio, mientras el camionero Hugo Moyano mantiene un prudente silencio, el bancario Sergio Palazzo se muestra más abierto al diálogo. Cerca suyo ya anticipan que "algo va a a haber que ceder".

Así todo, las tensiones persisten: el gremio del sector financiero amenaza con extender su poderoso convenio a las estaciones de servicio, supermercados, farmacias y shoppings que se atrevan a instalar los 1.800 cajeros en camino de Banelco y Red Link.

De Estocolmo a Montevideo

Más allá del ida y vuelta con el sindicalismo duro, el próximo gobierno es "gordo" dependiente. Sin esos gremios, que engloban en total a más de cuatro millones de trabajadores, los técnicos del peronismo advierten que es inviable un ordenamiento de las paritarias en línea con el resto de las variables, sobre todo con la política monetaria.

Pero también descreen del esquema instrumentado por Néstor Kirchner desde 2003 que consistió en aumentos por decreto, seguidos de un acuerdo implícito con el entonces titular de la CGT, Hugo Moyano, para encarrilar los salarios del sector formal en línea con los objetivos estatales.

En un escenario postmacrista, el diagnóstico es que las cúpulas sindicales y empresarias en Argentina tienen dificultades para "bajar" las pautas acordadas a los sectores de cada actividad, a diferencia de México.

Por ello, el nuevo diseño inspirado en los países europeos centrales y nórdicos, junto con el caso uruguayo, debería contemplar "bandas" de aumentos salariales con mínimos y máximos para que la cifra anual se cierre en cada sector, con la posibilidad de una revisión semestral. Eso sí, el objetivo es que el grueso de la negociación se contenga en el parámetro definido "arriba" para poder anclar las expectativas.

Un primer desafío es que algunos de estos esquemas, como en el caso mexicano, se utilizaron en los ´70 como complemento de políticas económicas de restricción, o para lograr la competitividad y la moderación nominal (y real), lo que permitió desde el 2000 el salto exportador de Holanda, Alemania y Austria. Sin chances de replicar el modelo sueco de posguerra con moderación nominal y gasto social masivo, los hombres de Fernández apuestan por un sinuoso equilibrio entre la expansión económica y la falta de dólares.

Algunos, incluso, consideran exitosa la fase inicial del Pacto Social bajo el último gobierno de Perón, que definió un 20% de aumento salarial y luego congelamiento de ingresos y precios con control de cambios y beneficios impositivos. Pero también reconocen sus limitaciones.

En un artículo reciente publicado en Cenital, el ex asesor del ministro de Trabajo y subsecretario de política laboral de Carlos Tomada, Sebastián Etchemendi, admite el escepticismo del empresariado que por instinto prefiere la unilateralidad en el mercado de trabajo y ve los acuerdos ecónomicos como un mal inevitable.

Por ejemplo, en el caso de la salud privada, los prestadores médicos alertan que cualquier política de precios y salarios va a "agravar" una situación ya complicada por la "inflación de costos" derivada del recursos humanos con calificación alta y media, insumos importados y precios "cuasi regulados".

La forma de inducir a los empresarios, según Etchemendi, es a través de un Estado "fuerte y activo", que arbitre las variables económicas. El otro problema en el horizonte es el avance de las potestades estatales sobre prerrogativas de los sindicatos, conquistadas con la celebración desde los años 30 de los primeros convenios amparados por las autoridades para evitar las huelgas de carácter insurreccional.

Un acuerdo de esas características minará su influencia relativa sobre la pauta salarial y su capacidad de fuego, por lo que una vez que acepten la paz social por seis meses y se sometan al nuevo esquema quedarán librados a la suerte de los resultados.

En un punto Fernández tendrá la tarea de devolverles la fe en un país donde nadie puede anticipar el movimiento del dólar del próximo lunes, luego de que ayer se volviera a escapar y cerrara en $61,33 pese a la venta de u$s300 millones de reservas. Los antecedentes locales no son optimistas: los dos pactos sociales impulsados por Perón implicaron a la corta o a la larga congelamiento de salarios y se vieron interrumpidos por dos golpes militares, con guiño del sector privado.

Un recuerdo de otros tiempos que cobró cierta actualidad con el Estado de sitio y la represión militar en Chile, en donde el desorientado presidente y amigo de Macri ahora busca un "diálogo social".