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Un informe destaca que el Gobierno de Macri tiene uno de los gabinetes más grandes desde 1983

Un informe destaca que el Gobierno de Macri tiene uno de los gabinetes más grandes desde 1983
Según un análisis del elaborado recientemente por el Cippec, entre 2015 y 2019 la estructura de la administración pública se engrosó un 3%
08.11.2019 13.52hs Política

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) realizó un análisis de la situación del Estado reciente y  emitió un duro informe en el que concluyó que el gabinete de Mauricio Macri "es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983".

El estudio denominado "Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015-2019", destacó que "durante el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2015, el andamiaje burocrático administrativo creció en sus distintos niveles: ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales y direcciones generales".

"Esta tendencia incremental permaneció en 2017 y llevó a que el gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzara su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se posicionara entre los gabinetes más grandes de América latina", afirmó el trabajo

De acuerdo con los datos registrados, a fines de 2015 la Administración Pública Argentina contaba con 669 cargos distribuidos en 18 Ministerios; 69 Secretarías de Estado; 290 direcciones nacionales; 166 subsecretarías; y 127 direcciones generales. Ese número se elevó a 880 en 2017.

Con la crisis cambiaria y el ajuste del gasto público se volvió a una estructura de 694 cargos. Ese año, el Gobierno eliminó diez ministerios y fueron absorbidos como Secretarías de Gobierno dentro de las órbitas de grandes estructuras.  En 2019 se llegó a la cifra de 691 casilleros, sin especificar cuántos empleados tenían a cargo por área. En rigor, entre 2015 y 2019, la estructura de la APN terminó engrosándose un 3%.

Para llegar a esos números, los autores Gonzalo Diéguez, José Gasparin, Jimena Rubio y Lucía Aruanno se concentraron exclusivamente en la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, el organigrama del Poder Ejecutivo, con cargos y funciones, y su evolución desde 2016 hasta la actualidad.

"El resultado fiscal de la Administración Pública Nacional, no incluye ni empresas, ni organismos descentralizados, ni provincias ni municipios, pasó de un déficit de 3,7% del PBI en 2015 a 5,6% en 2018, y se prevé que cierre 2019 con un resultado negativo que rondaría 4% del PBI", recalca el análisis.

Destacaron además que más del 40% de los funcionarios técnicos duraron sólo dos años en sus puestos por "la débil implementación de políticas de profesionalización pública orientadas a establecer procesos meritocráticos de selección y trayectoria profesional que tengan cierto grado de independencia de los vaivenes de la coyuntura política".

Además, de los 125 llamados a concursos durante la gestión de Macri, hasta abril de 2019 sólo 5% fueron para nivel directivo.

"A su vez, se han mantenido las designaciones transitorias por 180 días y con excepción de requisitos profesionales o presupuestarios", cuestionaron.

Y agregaron: "En diciembre de 2015, el 87% de los directores nacionales y generales estaban designados transitoriamente y este porcentaje aumentó a 91% en septiembre de 2019. Por su parte, la proporción de directores exceptuados de requisitos profesionales o presupuestarios disminuyó, pero todavía se mantiene en niveles altos: en diciembre de 2015 este porcentaje era de 84% y pasó a 77% en septiembre de 2019".

En este marco, concluyeron: "En los últimos años la APN registró una pronunciada volatilidad en su estructura organizacional, un fuerte recambio en el espacio directivo y un deterioro significativo en las cuentas públicas que, en buena medida, afectaron negativamente la efectividad gubernamental. Si bien la estabilidad de la estructura organizacional y del espacio directivo no garantiza mayor efectividad gubernamental, una elevada volatilidad perjudica las condiciones necesarias para desarrollar las capacidades que requiere un buen funcionamiento del accionar estatal".

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