El debate entre salud y economía se está dando de hecho y con especial crudeza en el mundo del trabajo. Allí, se dirime una pelea cada vez más fuerte entre las empresas y los sindicatos, las comisiones internas o los empleados por el tenor de las medidas para prevenir el contagio del coronavirus.

Así, los conflictos laborales se intensificaron en las últimas semanas ante las denuncias crecientes de casos positivos en los establecimientos laborales del AMBA, una situación que amenaza con convertirse en un nuevo foco de propagación junto a los geriátricos, las villas y los hospitales, y que ya abrió una puja dentro del oficialismo sobre el nivel de control sobre el sector privado.

Por el avance de la pandemia, esta semana los trabajadores de salud dispusieron nuevas medidas de fuerza en cinco provincias en reclamo de tests masivos. Solo en el personal sanitario, hay cerca de 5.000 infectados y 19 muertos, según la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

Pero el fenómeno también empezó a extenderse a la industria, los servicios y el transporte, con el retorno paulatino de actividades. Si se incluyen los casos en el sector privado, el total supera los 6.000.

El dato relevado en algunos de los principales rubros por iProfesional representa un 8% de los 84.000 casos oficiales a nivel nacional, pero tanto los abogados de empresa como gremios creen que serían muchos más. Los contagios se dan en medio de una maraña de decretos, normas y protocolos a nivel nacional, provincial y municipal, con diferentes procedimientos frente a un caso positivo, un contacto estrecho o la desinfección.

"Muchas plantas que desde el 20 de marzo operan por ser esenciales ya tienen positivos y aplican protocolos muy estrictos, a los que se añaden regulaciones en algunos municipios que exigen denunciar cada caso sospechoso y la posible suspensión de la actividad por desinfección, mientras que en otros no hay cierre preventivo ni protocolos de las autoridades, el escenario es heterogéneo, pero el virus avanza, incluso en trabajos en forma remota", explicó el asesor laboral de empresas Héctor Alejandro García.

Preocupadas por la lluvia de despidos y suspensiones, las autoridades aseguran que la situación sanitaria en el ámbito laboral está controlada.

Los primeros conflictos por contagios

En las últimas dos semanas, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, realizó al menos dos inspecciones en la Ciudad para verificar protocolos. La última fue este martes en un Coto de Retiro, una de las cadenas con más contagios y denuncias de incumplimiento.

Según un relevamiento de delegados del sindicato de Comercio, los supermercados superan los 750 casos en el AMBA y es el rubro privado con mayores reclamos. Un delegado de un Maxi Carrefour de José C. Paz se encadenó este lunes para exigir aislamiento e hisopados tras detectarse un positivo.

Coto es una de las empresas con mayor conflictividad por causa de los contagios

En Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de empresas, se registraron 412 denuncias en junio por Covid-19 contra 304 razones sociales, según datos de la cartera laboral bonaerense, presidida por Mara Ruiz Malec. Uno de los sectores más expuestos es el transporte público. La seccional de la línea Roca, liderada por Rubén "Pollo" Sobrero, denunció el lunes 40 casos en esa línea.

"Ante el ocultamiento de los casos por la dupla empresa-gremio los casos pueden ser tranquilamente el doble sin exageración. No solo niegan la cantidad de casos, sino también el protocolo, la cuarentena, los hisopados, la entrega de elementos de prevención, la desinfección y la limpieza. Si en algunos lugares estos es diferente solamente se debe al reclamo permanente de los trabajadores", advirtió la seccional.

En la industria, la muerte de un trabajador por Covid-19 de la fábrica de tapas de empanadas Alijor, en Escobar, reavivó esta semana la discusión sobre la efectividad de los protocolos y los controles de las autoridades. La empresa familiar que produce panificados para La Salteña había sido inspeccionada el 20 de junio y fue cerrada desde el martes pasado en forma preventiva por el municipio.

Pero los delegados denunciaron a iProfesional que los directivos se negaron desde la detección del primer caso a aislar a los contactos estrechos hasta que dieran positivo y que incumplió las medidas de higiene durante 90 días, por lo que hoy hay 24 contagios en una dotación mínima de 80 y el primer fallecimiento por virus en la industria alimenticia.

El caso se sumó al de la fabricante de bombones y chocolates Felfort, en Almagro. Allí, hubo 42 contagios en una dotación mínima de 80 empleados y una plantilla total de 330. El último se conoció este lunes cuando una encargada se reincorporó a sus tareas pese a que todavía no le habían informado el resultado del hisopado que finalmente le dio positivo y tuvo que volver a ser aislada.

En ese contexto, el rubro alimenticio pegó un salto en los contagios a partir del 22 de junio y ya cuenta con 300 casos en el AMBA, el principal polo industrial del país. Dentro del listado encabezado por Felfort y Alijor también figura la planta de Mondelez en Pacheco, con otros 24 casos, según un relevamiento realizado por el gremio de la Alimentación.

Los distritos más afectados son por lo general los más industrializados y con una normativa más flexible. En San Martín, un letrado cerró por cuenta propia en una semana cinco empresas para su desinfección de las 30 que asesora. "Aislé a todos los contactos de un positivo que iban en una combi, veo un incremento notorio de casos y no puede ser que haya solo 2.500 por día", señaló el asesor de empresas, en coincidencia con la advertencia de algunos especialistas que alertan sobre un subregistro de casos.

El municipio de Escobar, otro con grandes parques industriales, ya realizó 100 cierres preventivos por casos de Covid. Uno de ellos fue el de la autopartista Yazaki. Y las autoridades de Pilar hicieron lo propio días atrás con una filial grande de Jumbo.

Paz con empresarios

La expansión de este nuevo foco coincide paradójicamente con el regreso a la Fase 1 de la cuarentena. Es que si bien se anunció la reducción de 54 a 24 actividades esenciales y mayores controles en la circulación, el decreto 576 aflojó las restricciones previstas al sector privado al habilitar 30 rubros esenciales y sumar siete actividades por fuera de esa categoría (parques industriales, exportación y procesos continuos) que pueden ser autorizadas por el Ejecutivo, las provincias y los municipios con la condición de presentar protocolos aprobados por autoridades sanitarias, garantizar transporte privado y restringir el uso de superficies cerradas hasta un 50% de su capacidad.

De esa manera, el Gobierno privilegió la paz con los industriales en un escenario delicado por la fuerte caída de la actividad y la pérdida de 186.000 empleos registrados en abril respecto de marzo. Y en el que apuntan a dejar atrás los choques con el CEO de Techint, Paolo Rocca, por 1.400 despidos en la construcción y el intento fallido de expropiar Vicentin.

Pese al anuncio de regreso a la fase 1 de la cuarentena, hay cierta flexibilidad en industrias del conurbano

"La industria no quedó en fase 1, quedó algo intermedio porque además de los esenciales se habilitó a los exportadores ysu cadena de valor, gran parte de la industria del conurbano exporta, mientras el resto dedicado al consumo tiene problemas, es un híbrido", reconoció a este medio un directivo de la UIA.

Los permisos otorgados al 1 de julio por el gobierno nacional para actividades esenciales en el AMBA ascienden a unos 2,2 millones de trabajadores. Y en esta nueva fase se autorizaron 2.500 empresas en esa región.

En la central fabril, reconocen que puede haber algún que otro empresario irresponsable, pero aseguran que los contagios son aislados y que los conflictos se limitan a los lugares donde hay comisiones internas de izquierda.

Esos sectores tienen presencia en varias fábricas de la alimentación y en la industria del neumático, donde el sindicato de la actividad (SUTNA) liderado por Alejandro Crespo, lanzó el mes pasado un paro en Bridgestone ante la confirmación de un trabajador infectado y la presunta negativa de la empresa a aislar contactos estrechos en la planta.

En varias actividades, cámaras y empresas elaboraron sus propios protocolos con asesoramiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Ese es el caso de la construcción, la industria gráfica, metalmecánica. Comercio también tiene uno propio.

La mayoría de los grandes empleadores utilizan el protocolo nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Este último establece un distanciamiento de dos metros (mínimo obligatorio un metro) en el ámbito laboral y en caso de un positivo el aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias, junto con el aislamiento de los contactos estrechos, según las instrucciones del municipio, y la desinfección fijada por la autoridad sanitaria, que podrá incluir la suspensión de toda la línea de producción.

Este es uno de los puntos conflictivos, ya que en más de un caso las empresas buscan evitar el cierre preventivo para no paralizar su actividad. "Si y solo si la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez comprobada y acreditada la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección total del área mencionada (...), el empleador podrá convocar a los restantes grupos de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los horarios ya acordados", indica el protocolo laboral provincial.

Otro motivo de tironeo es el nivel de afectación de la dotación que estuvo en contacto estrecho con algún positivo. Al igual que la normativa nacional, ante un caso con confirmación médica, se le autorizará el retiro del establecimiento en forma inmediata.

Pero la definición de caso sospechoso también genera pujas con los sindicatos más estrictos. "Los protocolos tienen que ser sobre temas reales, tiene que haber un sinceramiento, a un trabajador para levantar rodado no vamos a medir si estuvo a más de dos metros, si estuvo en contacto vamos a aislarlo", explicó el titular del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, para quien el trabajo de la organización gremial es adaptar las normas generales a la situación de cada planta.

Las tres más grandes del país concentran un total de 24 casos. El SUTNA ya avanzó en negociaciones con FATE y Pirelli para implementar un protocolo específico elaborado con la asistencia de inspectores de higiene y salud, mientras que en Bridgestone no hubo aún acuerdo.

La discusión sobre los protocolos irrumpió hace dos semanas en la Cámara de Diputados bonaerense durante la presentación del informe de gestión de la ministra de Trabajo. Allí, Malec destacó un incremento de las fiscalizaciones y aseguró que "se dotó de mayor jerarquía al área de inspección laboral con la que se relevaron unos 196 establecimientos del conurbano con 11.650 trabajadores; se recibieron consultas y denuncias vinculadas a incumplimientos de obligaciones laborales y sanitarias en la cuarentena".

Frente a lo cual, el legislador del Frente de Izquierda, Claudio Dellecarbonara, planteó que las inspecciones "no sirven para nada porque las patronales no cumplen las medidas para evitar gastos en la compra de elementes de protección personal e insumos".