Tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como Amnistía Internacional respaldaron la decisión del Gobierno Nacional de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17.

El mismo facilitaba la expulsión de migrantes y era cuestionado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

En este sentido, el CELS consideró que la decisión implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".

"El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata", explicaron.

Para el CELS, el decreto derogado "significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004" y "formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes".

Por su parte, Amnistía Internacional aseguró que el decreto derogado "violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina".

En este sentido, la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques, señaló a la agencia oficial estatal Télam que "desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales".

De esta manera, la nueva normativa establecida por el Gobierno Nacional restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70" y crea una "Comisión Asesora de Política Migratoria, que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871".

Qué decía el Decreto

Este viernes el Gobierno derogó el Decreto 70/2017 a través del Decreto de Migraciones 138/2021.

El mismo se apoyaba en "la duración de los procesos administrativos y judiciales" y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquél año.

Asimismo, la norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedente "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".

Organismos de Derechos Humanos apoyaron la derogación del Decreto

La prohibición de ingreso también se extendía a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".

La explicación del Gobierno

Desde el Ejecutivo nacional explicaron que el DNU de Macri modificó "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante", señala el nuevo decreto.