El juez Javier López Biscayart sumó impulso a la causa por presunto contrabando de material bélico a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri, durante la crisis que derivó en la caída del gobierno de Evo Morales en 2019, y numerosos organismo oficiales deberán presentar en apenas 48 horas todas las pruebas.

En tal sentido, López Biscayart hoy habilitó la feria y se puso al frente de la instrucción de la causa, al ordenar distintas medidas para impulsar la investigación.

La embajada argentina en Bolivia denunció recientemente que habría encontrado una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara.

La nota estaba dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron dos denuncias judiciales.

Cuando el Gobierno decidió tomar el tema y llevarlo a la Justicia, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri, publicó una carta en redes sociales, y dirigida al presidente Alberto Fernández en la que manifestó "dolor y vergüenza".

Esto fue causado, según Bullrich, por lo que consideró "la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo".

"El gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya", sostuvo Bullrich en su carta.

El camino de los Tribunales

La primera denuncia en llegar al fuero en lo Penal Económico fue del ex juez Eduardo Freiler denunció al expresidente Mauricio Macri y otros ex funcionarios del Gobierno macrista por el envío de armas y municiones a Bolivia.

Esta causa la tiene el juez Alejandro Catania, quien en lugar de tomarla en sus propias manos, la delegó en el fiscal Claudio Navas Rial, quien ya tomó medidas en esta causa.

Pocos días después, el Gobierno presentó su propia denuncia ante el mismo fuero, la que recayó en el juez Javier López Biscayart. También en este trámite interviene el fiscal Navas Rial.

El representante del ministerio público, de hecho, solicitó a López Biscayart que unifique las dos causas, y el magistrado hoy pidió copia del trámite en manos de Catania, para decidir si le manda el caso para que lo siga o le pide que le remita sus expedientes.

Además, Navas Rial ya había avanzado en la causa, focalizándose sobre todo en el rol que desempeñaron Bullrich, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex embajador en La Paz Normando Álvarez García y el ex comandante de la Gendarmería Gerardo Otero.

Una semana después de comenzada la investigación, Navas Rial ya había imputado en la causa incluso a Mauricio Macri, por considerar que no pudo ser ajeno a una eventual maniobra.

Las nuevas medidas del juez

Ahora, López Biscayart requirió a la Cancillería que aporte "de inmediato" lo siguiente:

• El original de la carta recibida el 15 de noviembre de 2019 en la embajada argentina en Bolivia con un supuesto agradecimiento boliviano por el material bélico enviado.

• Informes, documentos y filmaciones que demuestren que la carta se recibió.

• Notas recibidas por la Agregaduría de la Gendarmería Nacional Argentina en la Embajada Argentina en Bolivia, tan como se ha denunciado.

• Registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la embajada argentina en Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019.

"En caso de tratarse de documentos secretos, deberá ser remitido a esta sede en sobre cerrado", advirtió el juez, para no dejar ningún resquicio a una negativa.

• Informe los datos de las personas que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la embajada durante el mes de noviembre de 2019, con el detalle de las funciones asignadas.

En tanto, al Ministerio de Defensa, López Biscayart le exigió que acompañe toda la información y documentación relacionada con el vuelo de un avión Hércules C-130 de una fuerza de su dependencia, acaecido supuestamente el 12 de noviembre de 2019 y con destino a Bolivia.

Y al Ministerio de Seguridad, que informe si se inició algún sumario administrativo en ámbito de alguna de las fuerzas bajo su dependencia por esta denuncia, y que en su caso, remita el expediente.

También dio 48 horas a la Aduana para aportar la "Actuación SIGEA 12114-1135-2019 original, e informe las personas intervinientes", que es el documento que probaría que se hizo el envío.

Asimismo, la actuación original correspondiente a la tramitación de la destinación de exportación temporaria 19073PET1000103G sucedida ante la Aduana de Ezeiza, aeropuerto de El Palomar, y la tramitación del despacho de importación 20-034-PRI1-000001-R correspondiente a la Aduana de La Quiaca, e informe las personas intervinientes.

Además, los registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020).

Por otra parte, López Biscayart requirió al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que en 48 horas aporte:

• Las constancias relativas a la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019.

• Los registros fílmicos correspondientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave.

• Informe los datos del personal encargado de la carga y descarga del avión.

Por último, el juez requirió al responsable de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones ANMAC 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes.

En cambio, López Biscayart negó la pertinencia de que intervenga la Unidad de Información Financiera (UIF), la que había presentado un escrito en la causa por eventuales delitos precedentes de lavado de activos por el supuesto contrabando de armamentos para apoyar el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales.

El material del que se habla

El ministro de Gobierno de Bolivia Eduardo del Castillo exhibió hace tres días en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de armamento supuestamente irregular por parte gobierno de Macri en el marco del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

Según confirmó, el ministro boliviano se trata de "tráfico ilícito de municiones", un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

Asimismo, el funcionario boliviano afirmó que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a su país.

Del Castillo informó que "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía", que serían parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina".

"En el Hércules c130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas", subrayó el funcionario.

El ministro aseguró que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, "personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana".

"Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana", sostuvo Castillo.

Agregó que "gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata".

La denuncia del Gobierno habla de que el material bélico puesto a disposición de los golpistas bolivianos habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Ahora, la Justicia apura el paso, aún estando cerrada por vacaciones, para investigar estas denuncias.