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Duro lobby en Diputados contra la ley de envases para intentar frenar la apuesta del oficialismo

Duro lobby en Diputados contra la ley de envases para intentar frenar la apuesta del oficialismo
La iniciativa ya tiene el dictamen en dos comisiones y está a un paso de llegar al recinto. La oposición busca respaldar otro alternativo. Las definiciones
Por Claudio Mardones
23.11.2021 17.32hs Política

El plan del oficialismo para avanzar en el verano con un paquete de proyectos de ley económicos y ambientales comenzó a encontrar obstáculos que anticipan el virtual congelamiento de algunas iniciativas, o duros debates en las dos cámaras del Congreso.

El clima electoral que terminó hace diez días lo había sacado del centro de atención, pero hay una tormenta de lobby sobre una de esas propuestas: el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclado con Inclusión Social, que avanza en Diputados con una velocidad que es cuestionada por las empresas afectadas, empeñadas en ganar tiempo para introducir modificaciones.

Apenas terminó el proceso electoral, la atención mediática se concentró en la iniciativa que tiene el respaldo del titular del bloque del FdT en la Cámara baja, Máximo Kirchner y es impulsado por los diputados Leonardo Grosso y Federico Fagioli. La semana pasada hubo dos movimientos clave. El martes la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que lidera Grosso, firmó un dictamen favorable de mayoría y 24 horas después hizo lo propio la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller.

Ambos dictamenes aceleraron el debate silencioso que mantenían distintas empresas y grupos sectoriales. Analizan el tema desde que supieron que la iniciativa estaba en desarrollo y redoblaron los contactos con los distintos diputados y diputadas que se oponen abiertamente a la iniciativa.

En rigor, se trata de un proyecto impulsado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) que propone la creación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado llamada: "Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)". El monto no puede ser superior al 3% del valor de venta del envase y premia a las firmas que fabriquen sus envases con materiales reciclables y que sean fáciles de reciclar.

El reciclado en la Argentina

De las 50.000 toneladas diarias de basura el 20% son envases post consumo

En la Argentina se producen todos los días 50.000 toneladas de residuos y el 50% de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. De esas 50.000 toneladas diarias de basura el 20% son envases post consumo. Sin embargo sólo se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados, en una tarea protagonizada por unos 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse, pero que trabajan en pésimas condiciones laborales.

El foco de las críticas empresarias está concentrado en la tasa que tiene un techo de tres puntos pero que puede ser mucho menor en caso de empresas que ya estén desarrollando iniciativas propias de responsabilidad sobre los envases que producen. Con ese argumento, distintas fuentes del PRO confiaron a iProfesional que durante la semana pasada grandes firmas fabricantes de gaseosas se comunicaron con los representantes de Juntos por el Cambio en la Cámara baja para plantearles su preocupación. Los cuestionamientos no tienen que ver con el fondo de la iniciativa sino con la velocidad del tratamiento.

El martes, durante la reunión de la comisión de Ambientes y Recursos Naturales, habló Florencia Canzonieri, de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA). Se mostró en contra de crear un nuevo tributo y reclamó que "la ley involucre un modelo amplio, que implique el involucramiento de las empresas". También advirtió que implementar una norma de este tipo "requiere entre 5 y 10 años" y debería diferenciar los materiales.

Uno de los más críticos del proyecto fue el diputado radical Gustavo Menna que integra las dos comisiones que le dieron dictamen favorable sin el apoyo de JxC. Cuestionó el destino de la futura tasa que será recaudada por la AFIP y será administrada por un fondo fiduciario. Para Menna será "un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado". Respecto a la tasa dijo que "se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario, porque será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos".

Luego de la aprobación de los dictamenes en dos comisiones, también salió la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que tiene como socios a grandes firmas de gaseosas que miran con mucha atención el debate y que vienen de comunicarse con JxC.

"Es una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo", señaló el organismo empresarial mediante un comunicado. La declaración también señaló que no tiene "una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma", disparó. También advirtió que "alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación".

El proyecto alternativo 

La diputada Graciela Camaño impulsa un proyecto alternativo

El texto del oficialismo sí plantea alternativas pero el reclamo empreario exige más precisiones como las que establece un proyecto alternativo impulsado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, que resume propuestas previas y cuenta con el respaldo de la CADIBSA, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales. La iniciativa tiene un dictamen de minoría que cuenta con el apoyo de los diputados radicales y podría ser una de las salidas que utilizaría la oposición para rechazar el despacho de mayoría.

La UIA habló en el plenario del martes, a través de Claudio Terrés, tirular del Departamento de Ambiente de la organización empresaria. Advirtió que la tasa va a "encarecer los productos" porque será absorbido por los consumidores, dando por hecho que las empresas trasladarán automáticamente una tasa que precisamente busca que se hagan responsables del impacto ambiental final de los envases que producen. Al mismo tiempo aseguró que "es una cuestión ambiental realmente importante, porque en la Argentina, se reciclan un millón de toneladas de papel y cartón y se podría reciclar el doble. Hay capacidad para poder crecer", dijo Terrés.

Los cuestionamientos empresarios y de la AmCham fueron atajados por la diputada del FdT, Daniela Villar. "Los mismos actores políticos, económicos y mediáticos que se opusieron a la Ley de Etiquetado Frontal atacan con información falsa la Ley de envases", disparó en referencia a que las firmas representadas por AmCham también impulsaron un fuerte cabildeo contra la otra iniciativa que ya fue promulgada por el Ejecutivo.

Villar recordó que el concepto de "Responsabilidad Extendida del Productor no es nada nuevo", sino que se trata de "un principio ampliamente aceptado, promovido por la OCDE y aplicado en muchísimos países porque establece que quienes introducen envases en el mercado asuman su responsabilidad en reducir su impacto ambiental", señaló.

La diputada no eludió las críticas contra la futura tasa. Aclaró que "no es un `impuesto`, sino el pago por el servicio de reciclado de envases, imprescindible para la sostenibilidad ambiental" y recordó que "las empresas tienen una alternativa para no pagarla: generar envases retornables y ocuparse del depósito, la devolución y el retorno". Ese concepto fue más desarrollado por el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, que expuso en la comisión del martes como representante del Ejecutivo. "Quienes no tengan aprobado un sistema de gestión, van a tener que pagar la tasa correspondiente, sino no hay forma de financiar los sistemas de gestión municipal", informó.

Grosso fue claro a los tiempos: "Es un proyecto integral, necesario y urgente, por eso saludo la urgencia con la que nuestro gobierno y nuestro bloque han decidido avanzar porque no podemos seguir esperando", anticipó.

Los cruces públicos entre las empresas, las cámaras, la oposición y el oficialismo anticipan el voltaje que tendrá el debate sobre esta iniciativa que está a un paso de llegar al recinto. Si es aprobada en la próxima sesión, que aún no tiene fecha, será girada de inmediato al Senado, donde el FdT perderá el cuórum propio a partir del 10 de diciembre. En esa línea de tiempo se mueve una nueva apuesta del oficialismo, que intentará transformar el proyecto en ley antes de esa fecha.

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