Miguel Ángel Pichetto defiende el proyecto sobre DNUs y aclara que "no es contra Milei"
Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Federal, defendió el proyecto que busca regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. El legislador afirmó que esta propuesta "no es una iniciativa contra el Presidente Javier Milei", sino que apunta a fortalecer la "democracia de consenso" en el país.
El dictamen de mayoría, que plantea una reforma en el tratamiento de los DNU, complejiza el accionar del Gobierno Nacional al establecer mecanismos más estrictos para su validación o derogación en el Congreso.
Por qué el modelo de DNU está agotado
Pichetto, quien recordó haber defendido la iniciativa de regulación de DNU aprobada en 2006, remarcó la necesidad de un nuevo instrumento que se trate con seriedad y responsabilidad. El diputado destacó que la "utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obliga a un debate" profundo en el ámbito parlamentario. Consideró "necesaria y oportuna" la sanción de esta ley para "abrir otro camino", evitando así una "democracia de colisión" en el país.
El legislador explicó que el actual "modelo de DNU está agotado". En este contexto, recomendó al Gobierno buscar "acuerdos en el Congreso y salir de una política de guerra que nos lleva a aumentar el conflicto y el caos".
Pichetto sugirió que el oficialismo debería considerar esta nueva legislación como "un elemento para construir escenarios de gobernabilidad" y promover un diálogo más fluido con la oposición.
La necesidad de diálogo y consenso
El presidente de Encuentro Federal recordó que la oposición otorgó al Gobierno los instrumentos necesarios para gobernar durante su primer año de gestión. Por ello, insistió en que "es necesario que recupere el diálogo y el consenso" para avanzar en políticas de Estado. La propuesta para regular los DNU busca establecer un marco legal que promueva la participación legislativa y garantice un mayor equilibrio de poderes.
El dictamen de mayoría establece que si una cámara del Congreso deroga un DNU, este pierde su vigencia. Además, si el Poder Legislativo no trata el decreto en un plazo de 90 días, también caduca. Estas condiciones buscan limitar la discrecionalidad del Ejecutivo y revalorizar el rol del Parlamento en la sanción de normativas que afectan a la ciudadanía.