En medio de la expectativa de las empresas de software, avanza en el Senado el proyecto de ley de promoción de la denominada "economía del conocimiento", que establece reducciones e incentivos fiscales para compañías informáticas y actividades como el comercio electrónico.

Aunque la propuesta cuenta con el respaldo de las cámaras del sector, que la consideran de importancia vital y estratégica para la continuidad y el fortalecimiento de sus negocios, desde compañías informáticas pidieron ante iProfesional otras normas complementarias.

El proyecto ya tiene dictamen desde el 8 de mayo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta, donde tuvo el apoyo de los senadores de Cambiemos y el bloque justicialista.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encamina a convertirse en ley tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922) y busca ampliar los beneficios de ese programa -que vence en diciembre- y prorrogarlos hasta 2030.

También amplía el rango de actividades alcanzadas por esa ley, que estaba relacionada a la de creación y desarrollo de software, a "servicios informáticos y digitales" como el "desarrollo de productos de software que se apliquen a actividades como ‘e- learning’, marketing interactivo, ‘e-commerce’, servicios de provisión de aplicaciones", entre otros.

El proyecto suma rubros, como producción audiovisual; biotecnología, biología, bioquímica, microbiología y afines; servicios geológicos; nanotecnología; y las industrias aeroespacial, satelital y nuclear.

Uno de las claves de la iniciativa es el otorgamiento de "estabilidad fiscal" para las empresas que se inscriban en un registro especial, las cuales "no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional" mientras dure el régimen, a la vez que prevé una baja en el impuesto a las ganancias.

Al respecto, define que esas empresas gozarán "por cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados de una detracción" equivalente a 17.509 pesos.

También fija un "bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que corresponda pagar", el cual deberá ser aplicado "al pago de los importes a abonar" en carácter de anticipos o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las ganancias e IVA.

Cuando los trabajadores en relación de dependencia tengan título de doctor, ese bono de crédito fiscal será equivalente a "dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por el término de 24 meses desde su contratación".

Las empresas quedarán alcanzadas por el impuesto a las ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal y no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA.

Apoyo sectorial

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) reiteró su apoyo al proyecto aprobado en Diputados, con un reciente comunicado en el cual afirmó que la iniciativa "logrará el impulso y el desarrollo productivo e innovador para generar ecosistemas regionales de articulación nacional y proyección internacional".

La iniciativa "otorgará un horizonte de certidumbre y oportunidades para el sector de software y todas las industrias del conocimiento", afirmó la entidad, que recordó el sector generó en 2018 "más de 5.300 nuevos puestos de trabajo y que, por su potencial, generará las divisas que son necesarias a nivel país".

Desde Argencon, una entidad conformada por empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento, relacionadas con los mercados externos, destacaron por su lado que la economía del conocimiento "es uno de los principales complejos exportadores del país que en 2018 exportó cerca de 6 mil millones de dólares".

El director ejecutivo de la entidad, Luis Galeazzi, sostuvo que el proyecto "es un paso fundamental para estimular el surgimiento de nuevas empresas de alta tecnología y fortalecer las actuales, impulsar la creación de decenas de miles de nuevos puestos de trabajo de alta calidad e incrementar significativamente el volumen de las exportaciones argentinas".

Nuevo marco legal

Ángel Pérez Puletti, director general ejecutivo de Baufest, una compañía argentina de software, innovación y tecnología que cerró el año de negocios 2018 con una facturación global de 20,7 millones de dólares, recordó ante iProfesional que "en 2004, cuando se promulgó la primera versión de la ley de software las empresas empleaban a 15.000 personas. Hoy solo el sector de software emplea a 100.000 personas en forma directa, con empleo formal, de calidad y con un salario mayor al promedio".

"La nueva ley abarca a un espectro mayor de actividades de la economía del conocimiento. Por eso nos va a permitir competir mejor en el mundo. Hoy, el conocimiento es el mayor activo de los países. Va a permitir incrementar las exportaciones de alto valor agregado, tan necesarias para generar ingresos genuinos para el país. El sector de la economía del conocimiento es el que más creció en exportaciones en los últimos diez años, pasando del 1% al 8,5% actual. Lo mismo que exporta todo el sector automotriz y diez veces más de las exportaciones de vinos", destacó el CEO de Baufest.

Andrés Vior, director general ejecutivo de intive-FDV, una empresa global de desarrollo de software a medida que creció en facturación en 2018 un 55% respecto de 2017, incorporó a su staff 100 nuevos profesionales y proyecta un crecimiento del 40% para este año, afirmó ante iProfesional que la sanción del proyecto "permitirá a la industria seguir creciendo a un ritmo acelerado, lo que redunda en dos cosas importantes: trabajo y exportaciones".

Juan Navarro, socio fundador de Hexacta, una empresa de software con oficinas en Seattle (Estados Unidos), centros de desarrollo en Salta y Córdoba y en Venezuela y Bogotá (Colombia) y que emplea a un total de unas 600 personas, advirtió ante iProfesional que "la economía del conocimiento crece a tasas altísimas en el mundo y la oportunidad es enorme. Todos los países son conscientes de este hecho y hacen sus esfuerzos por posicionarse y desarrollar sus empresas y talentos".

Navarro recordó que "al vencer al Ley de Promoción de la Industria del Software este año (31 de diciembre), se hace necesario pensar un esquema regulación de la industria que nos mantenga competitivos, especialmente frente a otros países de la región".

Al respecto, recordó que en Uruguay "el desarrollo de software está directamente exento del impuesto a las ganancias y el país ha logrado desarrollar una gran industria tecnológica".

Para el socio fundador de Hexacta, "si la Argentina se quedase sin un marco de promoción de nuestra industria podría ser catastrófico. ¡Sería como un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea!"

Materias pendientes

Además de esta ley, ¿son necesarias otras normas para impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento? Ante esta pregunta de iProfesional, Pérez Puletti pidió "impulsar normas que orienten los esfuerzos que hace el Estado en materia de educación hacia los temas que más necesita el país".

"El sistema educativo universitario argentino produce nueve egresados de ciencias económicas, abogacía o psicología, por cada egresado de ingeniería. Esa distribución de los recursos que destinamos como país a la educación no parecería estar en línea con lo que necesitamos", advirtió el CEO de Baufest.

Desde intive-FDV, Vior reclamó que "planes de capacitación, como el ‘Plan 111mil’, deben ser continuados e incrementados. Los profesionales capacitados son claves en la industria del conocimiento, como su nombre sugiere. Adicionalmente, se debe incentivar la inversión y la protección de la propiedad intelectual, pilar fundamental de esta economía. Por último, y tal vez lo más importante, se deben quitar los impuestos a las exportaciones, medida ampliamente criticada hasta por el mismo gobierno".

"Como toda industria, la economía del conocimiento necesita reglas claras, coherentes y estables en el tiempo", afirmó Navarro. "Para hacer y atraer inversiones y clientes se necesita ser predecible y confiable, pero nuestra macroeconomía no nos ayuda en este sentido. Las constantes variaciones de la moneda, así como los esquemas impositivos ‘de emergencia’ desalientan las inversiones y dificultan el crecimiento. Lamentablemente, esto no se arregla con nuevas normativas, sino avanzando en el proceso de normalización de las variables fundamentales, como la inflación, el déficit y el tipo de cambio".