Mientras por estos días se definen cómo continuarán los aumentos de los servicios de telefonía, internet y televisión paga que permanecieron congelados durante 2020, y las empresas elevan sus advertencias sobre su supervivencia, los especialistas de la industria coincidieron en que la degradación de las prestaciones que brindan las distintas compañía será el signo de 2021 y que el control de precios minoristas atenta contra la competencia considerada el factor clave para que los usuarios reciban prestaciones de mejor calidad.

Por estos días, las compañías del sector, tanto Claro, Telecom y Telefónica, como las pymes y cooperativas nucleadas en diversas cámaras mantienen conversaciones con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a cargo de autorizar, o no, los aumentos para 2021. El primer incremento permitido fue el del 5% para enero y de 8% para aquellas pyme más pequeñas, que son las que actúan principalmente en las localidades más alejadas de las zonas urbanas. Para ninguna de ellas, la suba autorizada fue suficiente.

El deterioro de la calidad de servicio se verá por la falta de mantenimiento de no resolverse los aumentos de forma consensuada

Antes de finales de 2020 el Gobierno había dejado en claro que había que salir de la etapa de descongelamiento. Lo que sorprendió a las empresas es que esa salida comenzaría de una manera tan tibia y con más incertidumbres que otra cosa.

Y acá es donde entran en juego la ecuación económica de las compañías y los argumentos políticos del Gobierno para ver hasta dónde llevar esas subas o, en otras palabras, cómo salir del descongelamiento. La historia reciente de la Argentina en servicios públicos como el gas y la electricidad ha demostrado que resulta traumático.

Economía vs política

"El precio de un servicio o producto en competencia surge de oferta y demanda, uno de los principios básicos de economía. El congelamiento tarifario y el control de precios lo desvirtúa. En general en estos contextos, el regulador le pide un montón de detalle, planillas y archivos a las empresas para que muestren cuáles son sus costos. Y luego, el gobierno determina políticamente el aumento autorizado", dijo a iProfesional, Sonia Agnese, analista senior para América latina de OMDIA.

Tal como viene informando iProfesional, la suba autorizada estuvo lejos de las pretensiones de las compañías que esperaban arrancar enero con una recomposición en torno al 20%. De hecho, los clientes de algunas empresas comenzaron a recibir las notificaciones de esas alzas y la semana pasada una jueza ordenó a Cablevisión a retrotraer los precios a diciembre de 2020.

El tema de los aumentos viene siendo seguido de cerca también por los profesionales de la industria en los que, más allá de la mirada técnica que suelen expresar, no pueden obviar que la cuestión está muy marcada por el factor político.

"Cada uno lo mira con tu tinte político. Sin duda las inversiones se van a ver afectadas y los servicios tenderán a degradarse. Los más perjudicados son los pequeños ISP (proveedor de acceso a internet por su sigla en inglés), a los grandes no los afecta tanto y menos aún a los proveedores de ancho de banda que manejan sus valores en dólares. Los pequeños cobran en pesos y pagan en dólares, a esos los afecta y mucho", expresó Miguel Angel Pesado, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones (COPITEC).

El control de precios minoristas no se utiliza en ningún país del mundo, prácticamente, con excepción de Ecuador y la Argentina.

"El control de precios de servicios de telecomunicaciones a  los clientes finales no se utiliza desde hace años en ningún país prácticamente, ya que es contrario a la promoción de la competencia. Lo que si existe es la regulación de precios mayoristas, es decir el precio que las grandes empresas de telecomunicaciones, las que tienen poder significativo de mercado, le cobran a otros licenciatarios de telecomunicaciones para el acceso y uso de sus redes", agregó Agnese.

El problema de base de la Argentina es la inflación

Durante diciembre, varias pyme que actúan en distintas localidades provinciales, advirtieron que Arsat cobra $447 el mega cuando el prestador debe vender 5 mb a $700, tal como lo expresó Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet a TMT. El empresario sostuvo que ni siquiera da el cálculo de reúso porque se trata de una ecuación que resulta cuando se venden planes de 100 mb y el usuario consume de 5 a 10 mb. En un plan de 5 mb, el reuso que se pude dar es mínimo y la ecuación no da, alertó.

Degradación de servicios

Pesado señaló que "no se puede dar una interpretación genuinamente técnica sin caer en el análisis político. Lo técnico puro tiene una vinculación con el impacto económico. Sin duda este asunto genera un importante desequilibrio en el negocio de las telecomunicaciones el que se percibirá más fuertemente en la degradación de los servicios en el interior del país en donde prestadores de internet chicos y cooperativas son los proveedores principales".

Los datos de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) sobre las disparidades de velocidades de acceso que se registra en las distintas provincias es una muestra de ello. Cuando se pone la lupa sobre el interior de cada una de ellas, la situación exige mayor atención.

La política está haciendo su parte en el tema de los aumentos de precios. Y si bien se entiende que la pandemia dejó en evidencia aún mayor las brechas sociales, incluida la de conectividad, también es cierto que, en este caso, el sector privado tiene que hacer frente a problemas que los sucesivos gobiernos no han sabido resolver, puntualmente, la inflación.

Agnese destacó que "los reguladores hacen revisiones de mercado periódicamente, entre uno o cinco años, dependiendo el país, para evaluar la situación del mercado y determinar precios mayoristas. En la Unión Europea se hace cada tres años" y, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, "se destaca que la tendencia a nivel mundial es a la reducción de los precios, no el aumento. Los aumentos que vemos en la Argentina son efecto del contexto inflacionario", donde los alimentos y la nafta son el mejor ejemplo.

Al igual que Pesado, la analista de OMDIA sostuvo que los efectos de esta situación se va a ver en "el deterioro en la calidad de nuestro servicio de conexión a internet. Las cuestiones vinculadas con reparaciones, mantenimiento y actualización de la red se dejan de hacer" y eso impacta en el servicio que se recibe en los domicilios donde más que nunca en otro momento de la historia se concentra gran parte del trabajo y el estudio, más allá del entretenimiento, producto de la pandemia. Justamente, lo que motivó una política de telecomunicaciones que por estos días debe definir cómo continuará en cuestión de precios.