Dos de las "Big Four" sospechadas de mala praxis a nivel mundial

La proliferación de escándalos financieros globales, que pusiera en el ojo de la tormenta los métodos de trabajo de los grandes estudios de auditorí­a contable, es una asignatura pendiente de resolución. Los ejecutivos temen una mayor concentración del negocio, mientras que las autoridades reguladoras y los legisladores de los Estados Unidos y Europa se aprestan a reforzar aún más las regulaciones vigentes.

Las últimas novedades sobre el caso Parmalat, divulgadas por el Financial Times (FT), hicieron recrudecer la polémica esta semana.  Ahora, Deloitte & Touch (DTT) descargó toda su furia contra una de sus competidoras, la auditora Grand Thornton, que lideró el asesoramiento contable del grupo lácteo italiano hasta 1999.

Ocultamiento de información
Bill Parret, jefe global de Deloitte, sostuvo que llevó tres años detectar el fraude, debido a que Grand Thornton (GT) dificultó el acceso a información clave, que le hubiera permitido desarticular las maniobras fraudulentas ejecutadas desde la década del '90.

El escándalo de Parmalat explotó en 2003. Se trata de un megafraude orquestado desde una oficina contable paralela, cuyo monto podrí­a superar los 15.000 M de dólares, y que fuera articulado mediante cuentas bancarias apócrifas y otras transacciones fraudulentas. Hasta ahora los investigadores de la fiscalí­a de Milán mantienen como imputados al fundador del grupo lácteo, Calisto Tanzi, a otros miembros de la familia y a ejecutivos del Bank of America y del estudio Grand Thornton. Ahora irí­an por Deloitte.

Por eso, la reacción de la firma, que a través de su titular Parrett aseguró: "Nosotros no perpetramos este fraude", al que además calificó de masivo. "Sólo pudo ser posible porque otros profesionales estuvieron mintiendo a nuestra gente", en directa alusión a Grand Thornton.

Certificar sin seguir pautas básicas
Deloitte tampoco está afuera del escándalo. Un documento de una investigadora que trabaja en la fiscalí­a señaló que DTT Italia falló reiteradas veces en detectar maniobras que debieron haberse advertido a la luz de las más elementales pautas de auditorí­a contable.

La funcionaria Stefania Chiaruttini alegó que, pese a certificarse los estados contables consolidados de Parmalat en diciembre de 2001, las cifras no revelaban la realidad de las irregularidades producidas a nivel mundial.

Incluso, la región latinoamericana no estarí­a fuera de la onda expansiva del escándalo: los investigadores sospechan que las operaciones irregulares también involucrarí­an a las oficinas de Parmalat en Brasil, la Argentina, México, Portugal, EEUU, y Canadá.

El titular de Deloitte explicó que las dudas sobre los estados contables de Parmalat se hicieron evidentes en la revisión de los estados contables, realizada en el primer semestre de 2003.

Precisó, además, que pudo comprobar que la auditorí­a de Grant Thornton de los estados financieros de 2002 sólo contení­an información sobre el 49% de los activos.

Contingencias estratégicas
A su vez, Deloitte ve por delante el advenimiento de una fuerte contingencia monetaria que podrí­a alterar su plan de negocios.

Es por la demanda que por u$s10.000 M le iniciará próximamente el actual administrador de Parmalat, Enrico Biondi, quien litigó en conjunto a la casa central de Deloitte en los Estados Unidos y a su socio italiano para que respondan por el agujero contable.

Bill Parrett alega que esa demanda debe ser desechada por la justicia de su paí­s, porque Deloitte central tuvo un rol mí­nimo en la auditorí­a de Parmalat y porque no hubo provisión directa de servicios desde los EEUU.

En ese sentido, el ejecutivo planteó que los legisladores deberí­an permitir que Deloitte se transforme en una sociedad global única, para dejar de ser una red de partners  y así­ obtener una mayor protección frente a fraudes de gran envergadura.

El caso Ernst & Young 
Por su parte, la consultora contable Ernst & Young (E&Y) acordó pagar una multa de u$s125 M a la FDIC, la agencia federal que regula el sistema financiero y responde por una parte de los depósitos de los ahorristas, por estar bajo sospecha respecto de las auditorí­as ralizadas en el Superior Bank of Chicago, en julio de 2001.

El colapso de esa institución tuvo un costo de u$s750 M para los contribuyentes americanos. Si bien E&Y accedió a pagar la penalización, no admitió error alguno en su proceder, aunque sí­ aceptó que, en adelante, modificará sus criterios de auditorí­a para compañí­as de seguros de alcance nacional, de acuerdo a lo exigido por la FDIC.

Se trata de un leading case, ya que la agencia que regula las entidades de ahorro instó a todo el sistema financiero a adoptar la mayorí­a de las prácticas más rigurosas que serán implementadas por Ernst & Young.

Los dueños del Superior Bank son los multimillonarios de la familia Pritzkers, de Chicago. El banco habrí­a sido "crí­ticamente descapitalizado por una incorrecta contabilización de los activos subyacentes a los créditos hipotecarios que resultaron sobrevaluados", según consta en la acusación de los organismos reguladores.  

En rigor, la FDIC valuó los errores de Ernst & Young en u$s2.000 M, pero la auditora se desentendió descargando la responsabilidad en el directorio del banco, aludiendo anteriores investigaciones de la FDIC.

Ya en diciembre de 2001, las dos agencias que vigilan las normas financieras habí­an acordado con los Pritzkers un pago por u$s460 M para cubrir 15 años de potenciales demandas.

Buscan limitar los costos de los litigios
A instancias de las graves acusaciones que pesaron sobre los auditores en los últimos años y, especialmente, a partir del escándalo de ENRON, que precipitó la disolución de Arthur Andersen y la consecuente concentración del mercado, los lí­deres de las consultoras claman por un paraguas legislativo que los ponga a salvo de los tormentosos fraudes.

A instancias de la fantasmagórica demanda de u$s10.000 M que aterra a Deloitte, Bill Parrett destacó el peligro de una mayor concentración del negocio. "El costo de litigar creció geométricamente en los últimos dos años. Los legisladores necesitan tomar conocimiento  de nuestro negocio y del significado de los riesgos inherentes al proceso de auditorí­a", enfatizó.

A principios de diciembre, el gobierno británico anunció que seguirí­a de cerca la confiabilidad de los auditores, mientras que los funcionarios de George Bush habrí­an dado indicios de que las demandas de Parrett figuran en la agenda de esta segunda gestión de los republicanos.

No obstante, las leyes norteamericanas sancionadas en 2004 mantienen un severo régimen que, por ejemplo, requiere auditores que den veredictos respecto del correcto control interno de las compañí­as.

Protección contra fraudes catastróficos y peligro de concentración
En la visión de Parrett, las "Big Four" constituirí­an el mí­nimo de players  aceptables para el mercado de los auditores globales de primera lí­nea. "Esta profesión no deberí­a consolidarse por debajo de cuatro o cinco firmas", opinó. 

Durante la década del '90 los grandes estudios eran seis, luego fueron cinco, tras la adquisición de Coopers por parte de Price Waterhouse. Luego el negocio se concentró aún más, por la caí­da de Andersen a instancias de ENRON, lo que terminara con su compra por parte de E&Y. Ahora el lí­der de Deloitte teme por su propia caí­da y por la de los demás, en virtud de los escándalos declarados y latentes.

Parrett prepara con legisladores de los EEUU una ley que permita un andamiaje legal que funcione de paraguas ante fraudes catastróficos como ENRON o Parmalat. 

En la era post-Andersen, Deloitte emergió como la segunda de las "Big Four". PwC encabeza el negocio con ingresos por u$s17.600 M durante 2004, Deloitte la siguió muy de cerca con u$s16.400 M, luego Ernst & Young facturó u$s14.500 M, en tanto que KPMG no reveló aún su estimado para el año que acaba de culminar, pero se sabe que durante 2003 sus ingresos fueron de u$s12.200 millones.

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