Tras los saqueos, el Gobierno busca frenar el efecto contagio de "las malas noticias"

La mayor preocupación en el gobierno de Cristina Kirchner, luego de los saqueos de supermercados en Bariloche, es el potencial efecto contagio por lo que se contactó con la mayoría de los gobernadores para pedirles que ajustaran los controles y la seguridad en sus provincias para que la tensión no se propagara.

Los incidentes se extendieron a supermercados de Campana, Rosario y Chaco. La presidenta había viajado al sur poco después del mediodía para celebrar allí la Navidad, y tiene previsto regresar el miércoles. Al llegar a su residencia particular, la Presidenta recibió preocupantes informes del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, le ordenó dos cosas: enviar 400 gendarmes a Bariloche para contener la crisis y acelerar un anuncio de alto impacto político: la estatización del predio de la Rural, indicó el diario La Nación.

El objetivo de esto último era instalar otra noticia que compitiera en la agenda pública con el caos barilochense y la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de convalidar y continuar la investigación al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.

"Estas fechas son complicadas. La Navidad sensibiliza a los sectores más postergados y estamos cuidando que los efectos no se expandan a otras provincias. Que no tomen el ejemplo. Se les está pidiendo a todos los gobernadores que ajusten los controles y tomen las precauciones necesarias", confió una fuente allegada a la Presidenta.

El jefe del Gabinete tenía previsto viajar este viernes a General Roca, Río Negro, para anunciar la construcción de una universidad nacional, pero suspendió el viaje por los saqueos.

Después de anunciar el envío de 400 gendarmes a Bariloche, comandados por el subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, Abal Medina presentó la estatización del predio de La Rural. Pero no aceptó preguntas sobre ninguno de los dos temas.

"Estamos más atentos que nunca para estar previendo cualquier tipo de situación de esta naturaleza", dijo escuetamente y sugirió que los sucesos podrían tener un armado político detrás.

El primero en advertir sobre una potencial "viralización" de los arrebatos había sido el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, que es rionegrino, y que se había reunido con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por la mañana, y con el intendente de Bariloche, Omar Goye, por la tarde.

En un principio, en el Gobierno temieron que los saqueos fueran organizados por facciones del peronismo rionegrino que están en disputa. Es muy fuerte el enfrentamiento entre los sectores de Pichetto y de Weretilneck.

También se conjeturó la hipótesis de un complot policial tras la reciente eliminación de divisiones antidisturbios de esa fuerza, como BORA.

Según Pichetto, fueron "grupos duros con posiciones anarquistas de extrema izquierda", vinculados con grupos originarios, indicó el matutino.

Pese al enfrentamiento entre ambos en la política local rionegrina, Pichetto le recomendó a Weretilneck que le pidiera al Gobierno el envío de las fuerzas federales, cosa que el mandatario hizo formalmente por carta.

En junio pasado, Cristina Kirchner había anunciado que no recurriría más a la Gendarmería Nacional para la contención de conflictos sociales provinciales. Esa decisión se produjo tras un trágico accidente en Chubut, en el que murieron nueve gendarmes.