Ferreyra, el caso que puso en debate los ví­nculos entre sindicatos, empresas y Estado

Nadie podría haber imaginado el 20 de octubre del 2010 que una protesta de trabajadores tercerizados de la línea del ferrocarril ex Roca desataría tantos escándalos y rozaría no sólo el corazón de Néstor Kirchner como dijo la Presidente y el de José Pedraza como dijo este viernes el sindicalista, sino además el propio corazón del poder.

El reclamo costó la vida del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y la salud de Elsa Rodríguez quien, tras estar al borde de la muerte, este viernes estuvo en su silla de ruedas frente a los tribunales de Comodoro Py.

Pero dejó sus huellas marcadas sobre los aspectos más oscuros del modelo económico, los sindicatos, la Justicia y el Estado, que quedaron testimoniados durante el juicio en el que fueron juzgados en total 17 sindicalistas y policías.

Más de dos años después del crimen, los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi dictaron este viernes la sentencia final a los imputados. El tribunal condenó a 15 años de prisión al ex titular de la Unión Ferroviaria y su segundo, Juan Carlos Fernández, por ser penalmente responsables del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios.

En tanto, Cristian Daniel Favale y Gabriel Sánchez recibieron penas de 18 años de prisión como coautores materiales del homicidio de Ferreyra.

La querella pedía la perpetua para los principales acusados. No obstante, los familiares consideraron "positiva" la resolución, mientras que los principales dirigentes del Partido Obrero rechazaron el fallo y adelantaron que lo apelarán. "Rechazamos el fallo, pero no nos vamos con las manos vacías", afirmó Jorge Altamira.

Los tercerizados
Más allá del fallo de la Justicia, uno de las cuestiones que el caso Ferreryra puso en entredicho es la tercerización como una modalidad de intermediación y contratación que se ha extendido en las últimas décadas en diversas actividades económicas y que despertó un fuerte rechazo en el sistema ferroviario.

Al día de hoy esta forma de organización y trabajo permite a las concesionarias privadas de ferrocarriles subcontratar ciertos servicios bajo convenios laborales menos costosos, como el de la construcción, de tal modo que los trabajadores tercerizados realizan las mismas tareas que los ferroviarios de planta permanente, pero a cambio de la mitad o menos de sus salarios.

A partir del crimen de Ferreyra, los tercerizados de todas las líneas salieron en masa a reclamar su pase a planta.

Y sobrepasado por los hechos, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, tuvo que sentarse y negociar. Así se abrió el primer agujero al negocio de la tercerización.

Luego, la demanda se extendió a otros sectores y el propio Héctor Recalde, quien en ese momento revestía en la CGT liderada por Hugo Moyano, presentó un proyecto en el Congreso que proponía limitar esa práctica, aunque no eliminarla.

Esas reformas, no obstante, resultaron inaceptables para la UIA, que percatada del riesgo -muchas fábricas tercerizan líneas de producción, servicios de limpieza y logística- salió inmediatamente al cruce. Y el proyecto de Recalde sigue durmiendo el sueño de los justos.

Pese a todo, la demanda nacida en los andenes de Avellaneda destapó que la tercerización en los ferrocarriles resultó ser la fachada de un "fraude laboral". E incluso, según la defensa de Ferreyra, una cuartada para un negociado entre sindicatos, empresas y Estado.

Sucede que los más de 3.000 tercerizados estaban distribuidos en una veintena de empresas contratistas, algunas de ellas eran manejadas por familiares del líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, como es el caso confirmado de la Cooperativa Unión Mercosur, o bien por abogados y testaferros del titular de la Unión de Obreros de la Construcción, que lidera el oficialista Gerardo Martínez, como sospechan los trabajadores en el caso de Herso.

Pero la gran mayoría -como se reveló en el juicio- pertenecían a los mismos grupos económicos -Ferrovías y Metrovías- que integran junto al Estado la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), un ente mixto creado por decreto en el 2004 por el ex presidente Néstor Kirchner con el objetivo de operar a cuenta y orden del Estado los servicios ferroviarios urbanos de la Línea San Martín, a los que en 2007 incorporó bajo su órbita las líneas Roca y Belgrano Sur.

En noviembre del año pasado, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi declaró bajo juramento que el gremio estaba preocupado por regularizar la situación de los tercerizados. Y reconoció que el crimen precipitó la decisión del Gobierno de incorporar como empleados ferroviarios a 3.000 trabajadores que se desempañaban en empresas tercerizadas.

En la misma jornada, también declaró el gerente de recursos humanos de la empresa UGOFE, Héctor Messineo, que quedó expuesto a partir de escuchas telefónicas en las que hablaba con el secretario administrativo del gremio Juan Carlos "Gallego" Fernández, y donde prometió que "te los vamos a meter antes de que se arme ruido", en relación a unos 70 candidatos propuestos por la UF para planta permanente.

Sin embargo, la Justicia concluyó este viernes que "no encuentran elementos de convicción suficientes" para investigar "de oficio" a empresarios y funcionarios.

La patota
En sus últimos minutos de vida, Mariano Ferreyra "tenía los ojos abiertos, grandes, y no tenía fuerza", relató María Villalba, una de las mujeres que estuvo en el lugar de los hechos. Había recibido un tiro en el abdomen de la misma patota que minutos antes los había expulsado a pedrazos a él y al resto de los manifestantes de las vías.

La turba que se llevó su vida estaba compuesta por barras bravas, delegados y dirigentes de la Unión Ferroviaria.

Pero además necesitó el "permiso" de las empresas ferroviarias para poder organizase con antelación y libertad desde el corazón de los propios talleres, como lo detalla Diego Rojas en su libro "Quién mató a Mariano Ferreyra".

La misma presunta autorización que luego tuvo para realizar un paro ferroviario en abril del 2011 en reclamo de la liberación de Pedraza. Así lo denunció Rubén "Pollo" Sobrero, el líder de la Línea Sarmiento que se opuso a la medida.

La llamativa huelga fue encabezada en aquel entonces por Mario "El Oso" Rodríguez, actual dirigente de la Unión Ferroviaria proveniente del riñon de Pedraza, cuyo nombre hoy se lee en las pintadas de las paredes linderas a la estación de trenes de Retiro.

El gremio que en 2010 había repelido a cascotazos el intento de corte de vías de los tercerizados para "no interrumpir el servicio", no dudó en parar durante 12 horas y amenazar con cortar las vías, en una jornada en la que dos vagones fueron incendiados en una estación de Gerli.

Estos hechos evidenciaron que aún estando Pedraza preso, el gremio seguía funcionando a sus órdenes. Y al mismo tiempo expusieron una alianza parasindical que ya se había visto en otros conflictos laborales.

Los trabajadores del subte y los choferes de la línea 60 denunciaron en más de una ocasión que, en medio de medidas de fuerza, el sindicato de la UTA con el presunto aval de la empresa en cuestión, ha insertado patotas ajenas al sindicato en los lugares de trabajo, para atacarlos a golpes y a balazos. Incendiarion sus vehículos y amenazaron de muerte a sus familiares. Los albañiles de Sitraic, en tanto, responsabilizan por hechos similares a la Uocra.

El mismo modus operandis se repite en otras actividades. Y en el caso Ferreyra, la misma jueza de instrucción Wilma López, quien estuvo al principio a cargo la causa, recibió amenazas al igual que testigos clave.

Un fallo polémico
Pese a todo, a fines del 2011 López procesó con prisión preventiva a Pedraza por el crimen del militante del Partido Obrero. En ese entonces acusó al sindicalista como "instigador", figura que también le aplicó a su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández, y los hizo responsables de un "homicidio calificado", y otras tres tentativas de homicidio.

Una conclusión bastante diferente a la que llegó este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de Comodoro Py. "Entendemos que el apoyo moral y objetivo de las autoridades, de Pedraza y Fernández, constituye complicidad necesaria no instigación", indicaron los magistrados.

La jueza López, en cambio, había determinado que no se trató sólo de un apoyo "moral" sino además de un respaldo concreto y comprobable. "La real finalidad fue asegurar el poder económico y político" que los dos dirigentes sindicales "ostentan como máximas autoridades del gremio ferroviario", señaló la magistrada en aquel entonces.

López entendió que Pedraza estaba en el gremio desde 1994 y que consolidó un poder "empresarial" con vínculos en compañías tercerizadas, y por eso no quería la incorporación a la planta permanente de trabajadores que revistaba en esa condición y podían oponerse a la conducción del gremio.

Para ello, la funcionaria se basó en las comunicaciones telefónicas mantenidas ese día por todos los involucrados, al momento de los incidentes en el corte de vías. "El statu quo de Pedraza" se veía amenazado en el gremio con el ingreso de personal que no le reportaba "fidelidad política".

La dirección del gremio -que también dirigía algunas firmas subcontratistas- impedía que los tercerizados ingresaran como efectivos porque eso significaba incorporarlos al convenio ferroviario y, en consecuencia, disminuir las ganancias de sus "emprendimientos" por los mayores costos laborales.

Pero, al mismo tiempo, implicaba la posibilidad de que, tras ser reconocidos como ferroviarios formalmente, votaran dentro del sindicato a los sectores opositores que bregaban por sus derechos, en lugar de la oficialista lista verde.

Por ello, ese día, el 20 de octubre, se buscó "aleccionar" a los manifestantes "para que no corten vías" y cesen con sus reclamos, y en ese marco Pedraza y Fernández "aceptaron que un grupo fuera armado y disparara contra los manifestantes", apuntó la jueza. A través de los delegados y la propia estructura sindical "incitaron al resto de los procesados para que agredan y expulsen a los manifestantes", añadió en su fallo.

Para la jueza, entonces no eran simplemente "cómplices", como falló este viernes la Justicia, sino que Pedraza y Fernández daban instrucciones a los delegados sobre lo que ocurría en la protesta por vía telefónica, desde un congreso al que ambos dirigentes asistían en ese momento organizado por la revista LatinRieles.

En otras palabras, según la funcionaria y la querella, el gremio necesitó "tercerizar" la represión, para sostener la tercerización económica. Sin embargo, este argumento también fue rechazado este viernes por los magistrados.

Un juicio con obstáculos
Desde sus inicios, la causa abierta tras la muerte de Ferreyra estuvo plagada de fallas groseras que incluyen la alteración de pruebas en la fase pericial hasta el secuestro de un testigo durante el juicio, hechos que despertaron serias dudas sobre la transparencia del proceso.

En efecto, Pedraza tiene pendiente todavía otra causa camino a juicio a raíz de una investigación paralela al crimen del militante del PO y que tiene que ver con supuesto ofrecimiento de sobornos para intentar desvincularse de ese expediente.

Se trata de una causa que ya está en camino a juicio oral y público y que involucra a Pedraza, a un contador de la Unión Ferroviaria, un ex juez federal y un agente de inteligencia.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de la detención de Pedraza, en febrero de 2011. Según escuchas telefónicas, hubo un ofrecimiento de 50 mil dólares a quienes integraban en ese momento la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y la cual tenía que definir las excarcelaciones de algunos ferroviarios implicados en el crimen.

Por medio de un ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, y el ex juez federal y abogado Octavio Araoz de Lamadrid, entonces defensor del ahora absuelto ferroviario Guillermo Uño, se intentó influir a los jueces.

La maniobra comenzó con el secretario de casación Luis Ameghino Escobar, quien manipuló el sorteo para que la causa Ferrerya recayera en la Sala III, integrada entre otros por Eduardo Riggi quien fuera superior y conocido de Araoz de Lamadrid.

Según revelaron las escuchas, el contador de la Unión Ferroviaria Angel Stafforini entregó una suma de 50 mil dólares en el estudio de Araoz de Lamadrid, en la calle Viamonte de la Capital Federal, y esa maniobra fue desarticulada rápidamente por la intervención de la jueza Wilma López.

"Ministro!"
Otra de las aristas que puso en tela de juicio el crimen de Ferreyra es la relación que mantiene el sindicalismo tradicional con el Estado. El tribunal que analizó el caso descartó este viernes motorizar una investigación para saber si hubo protección política para Pedraza y sus allegados. Sin embargo, el Partido Obrero anunció que apelará.

Los querellantes habían pedido al tribunal que se investigaran los alcances de una llamada telefónica que consta en el expediente, en donde el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hablaba con tono amistoso con Pedraza.

En su explicación, el tribunal rechazó que hubiera habido una connivencia con el Gobierno nacional en el marco de la llamada entre Tomada y Pedraza cuando la investigación del crimen estaba en curso pero el sindicalista aún no había sido directamente imputado.

"Cuando Tomada habla con Pedraza, lo que no se escucha es que Tomada dice: -antes que me digas cualquier cosa lo único que te voy a decir es que esos 40 llamados no te devolví...- Se está justificando!", dijo el juez Horacio Días, al hacer esta inédita explicación del fallo que firmó con sus colegas Diego Barroetaveña y Carlos Bossi.

En su alocución, el juez afirmó: "Nos parece importante destacar, porque la querella del Partido Obrero y Correpi nos habla de un plan de tres patas: empresarios, ferroviarios y Gobierno. Tomada dijo -la mejor defensa es un buen ataque-. Es lo mismo que dijera -siempre que llovió paró-".

En esa escucha telefónica registrada el 14 de enero de 2011, casi tres meses después del crimen de Ferreyra, queda expuesto que Tomada mantenía una relación fluida con el responsable del gremio ferroviario y cuya detención exigían en el entorno de Ferreyra. La especialización de Tomada es abogado laboralista, y en ese marco asesoró a sindicatos.

"Ministro!", dijo Pedraza al iniciar aquel diálogo, a lo que Tomada respondió con un "querido", y abrieron un intercambio que incluyó chanzas sobre los dirigentes ferroviarios opositores Rubén "El Pollo" Sobrero y Omar Maturano.

De acuerdo a la escucha, Tomada le promete a Pedraza que "estos tipos van a entrar" al ferrocarril, pero le recomienda: "A los tercerizados hay que trabajarlos sindicalmente, no son todos del PO o del PTS", y sugiere "armar cursos de capacitación y -hacerles la cabeza-". "Nosotros siempre tratamos de meter gente militante", respondía Pedraza en ese diálogo que terminaba con deseos de buen fin de semana.

Los jueces del tribunal también escucharon a Pedraza hablando con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, quien le expresaba al ferroviario su solidaridad y se ponía a su disposición, cuando el crimen de Mariano Ferreyra ya había ocurrido.

Tras conocer las sentencias emitidas por el tribunal, el Partido Obrero consideró como negativo que la sentencia no haya mencionado a la Secretaría de Transporte, que "es la que da los subsidios".

En tanto, Néstor Pitrola afirmó que el fallo "evitó responsabilizar al Estado" y consideró sorprendente que salven al ministro (Carlos) Tomada". El dirigente del PO se refirió a las escuchas teléfonicas entre el titular de la cartera laboral y el ferroviario Pedraza.

"Dicen que lo atiende de mala gana (Tomada) después de 40 llamados, para sacárselo de encima (a Pedraza). Pero no es lo que parece cuando le dice 'querido José' y 'la mejor defensa es el ataque'".