¿Hubo apriete o no?: crónica del "fuego cruzado" entre la AFIP y el titular de la Corte Suprema de Justicia

El pasado martes, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, reveló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que conduce Ricardo Echegaray comenzó a investigarlo para determinar si se encuentra en regla respecto de su situación impositiva, así como también la de sus hijos.

Según indicó el magistrado durante el tradicional encuentro que cada martes realizan los miembros del máximo tribunal, la investigación fue ordenada por el titular del organismo recaudador y es considerada como una "acción de presión política".

El fisco también habría posado la lupa sobre el secretario general de Administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi, quien se encarga del manejo del presupuesto de la Corte.

Un día después de que se diera a conocer la polémica noticia, fuentes de la AFIP negaron los dichos del juez al asegurar que el fisco "no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre (Ricardo) Lorenzetti ni sus hijos".

Voces
Pese a la desmentida, desde el Gobierno igualmente salieron a defender los controles. "¿Cuál es la amenaza o el peligro si uno no tiene nada que esconder?", se preguntó el flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi.

"No sé cuál es el problema; si uno es un contribuyente que tiene todo al día desde el punto de vista tributario ", señaló en declaraciones radiales.

En este marco, Rossi sostuvo que "todos somos iguales ante la ley" y recordó que "la AFIP es el organismo que tiene el Estado para tratar de que la recaudación sea lo más alta posible, y se trata siempre de evitar niveles mayores de evasión".

Ante estas versiones cruzadas, el diputado nacional del PRO, Federico Pinedo, presentó este jueves una denuncia penal contra Echegaray para que se investigue si están ejerciendo presiones, a través de posibles seguimientos contra el juez.

Un comunicado clave
En tanto, la Corte Suprema resolvió encomendar a funcionarios del tribunal a que se reúnan con representantes del ente recaudador para aclarar la situación.

Así fue expresaron a través de un comunicado con la firma de cinco de sus siete integrantes:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informa que se ha reunido en el día de la fecha. Ha analizado la situación expuesta por su presidente en el acuerdo del pasado martes vinculada a una investigación de la AFIP.

La Corte encomendó a funcionarios del Tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación.

Se informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

En este escenario, la jueza Elena Highton de Nolasco confirmó este jueves la denuncia, y la preocupación de los integrantes de la Corte en cuanto a la interpretación de la pesquisa como un "apriete" contra el Poder Judicial.

"Lo comentó en el acuerdo (reunión semanal de la Corte)", reconoció Highton a Telenoche. "Contó que había ocurrido esto. Parecía que estaba siendo objeto de una investigación por la AFIP", comentó la magistrada.

"Estamos informados", aseveró la jueza.

Vinculaciones
Lorenzetti y sus allegados relacionan la investigación sobre su situación impositiva con el reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos clave de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

Con esa medida, se invalidó el voto popular de los consejeros así como la ampliación de ese cuerpo colegiado.

Las declaraciones del magistrado se dieron en medio de la embestida de la presidenta Cristina Kirchner contra parte de los jueces, a los que ella considera como consecuentes de los monopolios y las corporaciones cuando sus sentencias son negativas para el Gobierno.

Fuentes de la Corte también relacionan la intervención del fisco con los próximos casos que debe resolver el máximo tribunal, entre los que se encuentra la sentencia que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Medios, lo que impide su plena aplicación a tres años de haber sido sancionada por el Congreso.