José Manuel de la Sota: "Me extraña que el gobierno nacional no nos atiendan el teléfono"

El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, responsabilizó a los policías acuartelados por los graves saqueos ocurridos en esta ciudad y los exhortó a deponer la huelga, al tiempo que anunció que han sido intimados por la justicia para que reanuden sus actividades.

A su vez, calificó como "incomprensible" la intransigencia de los uniformados, y en la misma línea se mostró sorprendido frente a la falta de respuesta de la gestión nacional ante el pedido de envío de la Gendarmería para controlar los incidentes. "Me extraña que el gobierno nacional no nos atienda el teléfono", indicó. 

"La situación ha sido provocada por aquellos que no tomaron los canales adecuados para negociar", afirmó el mandatario apenas arribado este miércoles a la madrugada a Córdoba tras suspender un viaje que realizaba a Colombia.

De la Sota aseguró que los episodios de violencia decrecieron y aclaró que no hay ninguna víctima fatal, aunque sí reconoció que hay heridos y una veintena de detenidos.

En ese marco, se manifestó dispuesto a dialogar con los policías "si hay una representación unificada".

Sin embargo, señaló que "no hay ninguna posibilidad de aumento salarial" porque ello debe resolverse en febrero para todo el conjunto del personal estatal.

"El que es policía no deja de cumplir con sus obligaciones. El que trabaja de policía deja de cumplir con sus obligaciones cuando hay un reclamo salarial", sentenció en declaraciones consignadas por La Nación.

Por otra parte, anunció que convocó este miércoles a las 11, en la Casa de Gobierno, a todos los intendentes, legisladores, dirigentes del movimiento obrero y a empresarios nucleados en el "Grupo de los 6" para analizar la situación provocada "por la actitud inapropiada de un grupo de policías".

En un comunicado difundido este miércoles a la madrugada, la Fiscalía General de la Provincia dispuso "instruir a los Fiscales de Instrucción de toda la provincia a que arbitren las medidas necesarias a los fines de que las fuerzas de seguridad involucradas en la omisión de sus deberes funcionales retomen en forma inmediata la normal prestación del servicio, bajo apercibimiento de estar incursos en las responsabilidades penales que pudieran".

Así se expresó "atento a los hechos de dominio público que han generado numerosos daños y han puesto en peligro a personas, y a los efectos del restablecimiento de la seguridad y la paz social flagrantemente afectada"