Como ocurre luego de cada hecho de alto impacto provocado por Cristina Kirchner, la agenda política nacional quedó alterada. 

En parte, era el objetivo buscado por la Presidenta, dado que ahora se corre el eje del debate -desde la muerte misteriosa del fiscal Alberto Nisman hacia el funcionamiento de los servicios de inteligencia-. Pero ello no necesariamente implica que las cosas vayan a salir de acuerdo con los planes del kirchnerismo.

Ocurre que el proyecto anunciado por la Jefa de Estado para disolver la Secretaría de Inteligencia y sustituirla por una nueva Agencia Federal de Inteligencia con nuevo personal y nuevas normas de funcionamiento y control, ha acumulado críticas.

Al punto que se puede presumir que la oposición la rechazará cuando sea puesta a consideración del Congreso. Eso implica un cambio importante respecto de otras jugadas políticas de Cristina.

Por caso, la reestatización del sistema jubilatorio fue aprobada por amplia mayoría, más allá de que durante las sesiones haya habido cuestionamientos al oportunismo del Gobierno.

Algo similar ocurrió cuando se debatió la ley que declaraba a YPF de interés nacional y disponía su expropiación a Repsol. Durante el debate parlamentario hubo duros cuestionamientos al Gobierno, pero cuando llegó "la hora de la verdad", incluso los opositores más acérrimos votaron el proyecto.

Siempre en esos casos, la astucia política de Cristina quedaba en evidencia: la Presidenta conocía la "psicología" de los políticos argentinos y sabía que difícilmente alguien pudiera levantar la mano para rechazar un proyecto de ley que despertaba el orgullo nacionalista.

En un intento de lograr el equilibrio, los opositores solían recurrir al recurso de votar la ley "en general" pero rechazar su voto a algunos artículos "en particular". De esa manera, buscaban mantener su perfil crítico sin correr el riesgo de que los políticos oficialistas pudieran acusarlos de jugar a favor de "las corporaciones".

Claro que ese detalle no hacía más que confirmar la victoria política del kirchnerismo: una vez votado el proyecto de ley enviado por la Presidenta, queda cuestionada la credibilidad del opositor para hacer críticas en el futuro.

Pero esta vez, sin embargo, las cosas parecen haber cambiado. No en el sentido de que pueda rechazarse en el Congreso la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, porque el kirchnerismo puede reunir los votos con relativa facilidad.

En cambio, lo que sí puede ocurrir es que aunque logre la aprobación del proyecto, pierda la "batalla política". Porque la oposición, esta vez, no parece estar temerosa de que, si no acompaña la iniciativa de Cristina, quedar asociada a la defensa de la vieja SIDE.

La oposición adelanta su rechazo

Por lo pronto, los principales dirigentes de la oposición ya criticaron el proyecto en duros términos y anunciaron su disposición a votar en contra. Ayer hubo un encuentro de jefes de bloques legislativos en la Cámara de Diputados "frente a la gravedad de la crisis provocada" por la muerte de Nisman.

Y se planteó el objetivo de "coordinar estrategias y acciones" ante la inminente llegada del proyecto de ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia.

La primera en salir a repudiar el nuevo proyecto de ley fue Patricia Bullrich, del PRO, para quien el objetivo del cambio es que el próximo Gobierno tenga un director y un subdirector de inteligencia kirchnerista.

La dirigente opositora también puso bajo la lupa la decisión de traspasar el sistema de escuchas telefónicas a la oficina del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, Margarita Stolbizer, del GEN, aseguró que el Gobierno "no tiene autoridad política ni moral para impulsar una reforma de la ley de inteligencia".

"Lo primero que deberían hacer es rendir cuentas sobre el manejo de inteligencia politizado y mafioso durante once años de gobierno", aseveró.

Para Stolbizer "lo más grave es pensar que al frente del área de las escuchas quieren poner hoy a la funcionaria más sospechada de manipulación que es la procuradora Gils Carbó".

En tanto, el macrista Federico Pinedo reclamó "una reforma real de los organismos de inteligencia para que no pase lo que estuvo pasando en estos últimos once años".

Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, destacó que "la discusión no es si faltan reformas de la Ley de Inteligencia sino que hay un fiscal federal muerto, un fiscal que es el acusador de la Presidenta de la Nación, que dice que cree que el fiscal no se suicidó sino que lo mataron".

Por su parte, el massista Darío Giustozzi señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo calificó la propuesta de Cristina Kirchner como "una trampa en la que nos están metiendo".

Desde el radicalismo también salieron al cruce de los anuncios presidenciales. En ese sentido, el senador y presidente del Comité Central de la UCR, Ernesto Sanz consideró necesaria una reforma en los servicios de inteligencia, pero rechazó que lo haga un Gobierno " a punto de terminar su mandato".

"No vamos a aceptar, que de forma unilateral y sin consenso, con el pretexto de una reforma necesaria trate de borrar el pasado", señaló Sanz, y agregó: "Una nueva ley, sí. Pero tendrá que ser con un nuevo Gobierno. Tendrá que ser con un esclarecimiento previo de todo lo que ha ocurrido en los servicios secretos durante estos 12 años".

En tanto, otro referente del radicalismo y precandidato presidencial, Julio Cobos, pidió "no perder de vista la gravedad institucional generada por la muerte de un fiscal que denunció a la Presidente e iba a ir al Congreso".

También rechazó el traspaso de las escuchas telefónicas a la órbita de Gils Carbó. "Es inadmisible darle más poder a la Procuración que en lugar de promover una justicia independiente defiende una justicia militante", concluyó Cobos.

El riesgo de una victoria parlamentaria con alto costo

En definitiva, la jugada de Cristina se revela como una apuesta arriesgada. Cumplió algunos objetivos de corto plazo, en especial para calmar la ansiedad en la propia "tropa", dado que la reforma a la SIDE era una demanda del ala izquierda del kirchnerismo.

Y también sirvió para romper la sensación de inacción y depresión que afectó a la Presidenta en los días posteriores a la muerte del fiscal Nisman.

Pero no se calculó el riesgo de que el proyecto tenga un efecto boomerang. Todo hace prever que la oposición, aunque pierda a la hora de los votos, le haga pasar un mal momento al Gobierno con planteos y preguntas incómodas.

El principal tiene que ver con la garantía real de que la nueva agencia pueda acotarse a los cometidos específicos para los que se la crea -es decir, la información para prevenir atentados y la lucha contra el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas- y que no termine siendo un instrumento político del Gobierno de turno.

En definitiva, lo que se plantea es que el problema real con los servicios de inteligencia no fueron las escuchas legales -que se realizaban con el permiso de un juez y en el marco de una investigación judicial- sino las ilegales, que se hacían por motivos políticos o con fines de extorsión.

En ese sentido, no genera tranquilidad que Gils Carbó sea quien tenga autoridad de decidir, libre de todo control del Poder Judicial, a quién se le puede pinchar los teléfonos.

Por otra parte, la reforma del sistema no alcanza a la inteligencia militar, que sigue bajo la órbita del general César Milani.

Pero, sobre todo, el riesgo mayor del kirchnerismo es que durante el debate se le recuerde cómo durante la década K hubo un uso intensivo del espionaje como herramienta política.

Algo de esto se vio con las declaraciones de un amplio conocedor de este tema: Juan Bautista "Tata" Yofre, ex titular de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem.

Yofre acusó a Cristina Kirchner de haber hecho uso de la SIDE y del espionaje a políticos.

"La SIDE no es un antro, es un organismo del Estado. Pero depende de quién lo conduzca va para un lado o va para otro. Pero cuando a la Presidenta le llevaban las desgrabaciones que le mandaba el Sector 8 de la SIDE con la desgrabación y el cassette, a ella no le molestaba", dijo el ex funcionario.

Yofre comentó que el espía Francisco Larcher le llevaba la Presidenta las desgravaciones de conversaciones de políticos, y también los cassettes, "porque a ella le gustaba escuchar los tonos".

"Cristina se enojó con los jefes de la SIDE cuando no le informaron que Massa iba a ser candidato. Es más, uno de los grandes jefes de la SIDE le llevó la ficha personal a Massa, para que supiera qué tenía la SIDE de él", agregó.

La sola idea de un debate parlamentario en el cual este tipo de temas formen parte de la discusión da la pauta del costo político que puede pagar el kirchnerismo, aun cuando tenga los votos como para que se apruebe el proyecto.

Como afirma Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas, "todos sabemos que Néstor Kirchner desde que llegó a la presidencia tomó el control de los servicios, subió el presupuesto de la SIDE. Administró mucha información clasificada, reservada y en algunos casos, ilegal, sobre sus adversarios y aliados".

"Lo que nos está diciendo Cristina es que ella no tiene ningún pasado, que tiene todo el futuro por delante", agregó Novaro.

En esta misma línea, el politólogo Rosendo Fraga argumentó que "en democracia, nunca fue la SIDE el problema que hoy se le está señalando". Y evaluó que por ello "el Gobierno debe hacer una autocrítica, se ha puesto en evidencia una falencia muy importante en el manejo de la seguridad y la inteligencia".

El relato encuentra sus límites

Los problemas de Cristina no terminan, por cierto, en el Congreso. Otra prueba de ello le vino por parte de las organizaciones de la colectividad judía, como la DAIA y la AMIA, que volvieron a reclamar que se investiguen "las verdaderas causas" de la muerte de Nisman.

Las efemérides le jugaron una mala pasada a Cristina. La firma del memorándum con Irán fue un 27 de enero, justo la fecha de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. O sea que ayer se conmemoraron ambos hechos, lo cual dio pie a que la dirigencia de la colectividad judía recordara que Irán es un país negacionista del holocausto.

"No creemos en la buena voluntad de Irán ni en la de los ciudadanos imputados. Se han rehusado sistemáticamente a colaborar con la Justicia argentina", afirmó el presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky.

En definitiva, una sucesión de recordatorios sobre lo difícil que le resultará al Gobierno tratar este tema como una crisis política más, de la cual puede salirse con un hecho político de alto impacto y una buena dosis de "relato".

Pero hay hechos con un potencial simbólico demasiado fuerte como para ser ignorado. Como el funeral de Nisman.

Y, por más que no se haya decretado ni un día de duelo nacional por parte del Gobierno, nada podrá evitar que ese funeral se transforme en un evento político destinado a quedar en la historia.