Tras compra de Nextel, el Gobierno quiere sacarle frecuencias a Clarí­n

El Gobierno está decidido a asestar un duro golpe a la operación de compra de la filial argentina de Nextel por parte del Grupo Clarín a través de Cablevisión, expansión sectorial que el oficialismo no está dispuesto a dejarle pasar a su archienemigo mediático.

El directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic) sesionó con la intención de avanzar en el freno, basado, en principio, en la supuesta obligación de Cablevisión de someter la operación a una previa autorización del ente regulador. No obstante, la letra del artículo 13° de la Ley 27.078 impone para su aplicación la vigencia de un articulado que aún no ha sido dictado.

El Gobierno llegó a analizar un camino de extrema dureza: directamente hacerle caer la concesión de los servicios de Nextel apelando a una lectura literal de la ley. 

En esa hipótesis, en el mercado se mencionaba la posible entrega de la administración del servicio actual de Nextel a la estatal Arsat.

Si prospera la decisión, Nextel -que concentra el 3% del mercado de la telefonía móvil cuyo 97% restante se reparten en tercios Movistar, Personal y Claro- deberá apagar amplios sectores, lo que reducirá la cobertura y afectará la calidad al provocar la congestión de la red. Según estima la propia empresa, en algunas áreas directamente se deberá discontinuar totalmente el servicio.

Nextel tiene frecuencias de trunking en las bandas de 800 mhz y de 470 mhz, que fueron compradas por la empresa a lo largo de casi 20 años y obtenidas en licitaciones de espectro.

Técnicamente, el oficialismo en la Aftic prevé fundamentar su decisión de caducar esas asignaciones aplicando el Art. 10.2 del Anexo IV del decreto 764/2000 que establece que "las nuevas autorizaciones que se otorguen para el uso del espectro radioeléctrico, destinadas a la prestación de servicios o soporte de red de los mismos, en ningún caso tendrán un plazo de vigencia inferior a cinco años, y en concordancia con el procedimiento de asignación que por esta norma se aprueba. Vencido dicho plazo, la autoridad de aplicación podrá extender la vigencia del mismo, por otro similar y sucesivos".

El organismo argumentaría que los plazos legales están vencidos y que, consecuentemente, asumirá la facultad que le brinda el Decreto 764/2000 para no prorrogar el plazo de vigencia en el uso de las frecuencias.

La jugada de la Aftic fue advertida por el director de ese organismo por el radicalismo, Miguel Ángel Giubergia, quien indicó que el orden del día de la reunión del viernes "indicaba dos puntos de tratamiento, el primero, sólo dos expedientes en los cuales se tramitan licencias para prestación de servicios de telecomunicaciones, uno de ellos con una antigüedad de más de diez años; y el segundo indicaba, literalmente, decía 'tratar uso de frecuencias'".

Para Giubergia, "actuar sobre un único licenciatario y no sobre la totalidad de los licenciatarios que utilizan el espectro radioeléctrico, haciéndolo con normas derogadas o no reglamentadas en forma previa y expresa, no constituye una sana práctica republicana", según consignó el diario La Nación.