Di Cesare y los $2 millones por vacaciones "no gozadas"
Bonadio procesó funcionario por financiar "durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social"
Seis horas. Ése fue el tiempo que tardó desde que asumió al frente del PAMI Carlos Regazzoni para denunciar ante la Justicia a su antecesor, Luciano Di Cesare, por una supuesta defraudación contra la administración nacional y negociaciones incompatibles con la función pública.
Lo que provocó esa reacción fue un recibo por liquidación de haberes a nombre de Luciano Di Cesare (en la foto) por vacaciones que no se habría tomado durante los años que trabajó en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La suma que se asignó el ex interventor es de poco más de $2 millones.
La maniobra en la que habría incurrido Di Cesare es ilegal. Por eso la denuncia, que recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, a cargo de Ariel Lijo.
Ésta no es la primera denuncia contra el excéntrico doctor Di Cesare. Desde noviembre pasado está procesado por el delito de defraudación a la administración pública por haber comprado letras del Tesoro nacional con plata de los jubilados, de 2008 y 2012.
El juez federal Claudio Bonadio lo procesó al considerar que el funcionario "financió durante cinco años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación".
Según el magistrado, las operaciones de inversión en letras del Tesoro por parte del PAMI entre 2008 y 2012 ascendieron a $14.810 millones. Bonadio resaltó que "esa operatoria la hizo sistemáticamente sin intervención de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión" según La Nación.
Además, el ex interventor tiene otra causa que investiga el fiscal federal Carlos Stornelli -también está imputado el ex subdirector del Instituto Mariano Cardelli- por asignarse sueldos brutos de casi $100.000.