La central de Rí­o Turbio que inauguró Cristina Kirchner está paralizada y bajo sospechas de corrupción

La central térmica de Río Turbio, una de las obras que el kirchnerismo construyó para darle sentido a la mina de carbón santacruceña, está totalmente paralizada y sin producir energía.

En el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), razón de existir de la obra, hay un atraso del plan de inversiones, que preveía que el año pasado ya se debería haber extraído carbón suficiente como para alimentar la usina.

En toda la cuenca carbonífera se invirtieron 30.000 millones de pesos en la última década.

La nueva intervención investiga las sospechas de corrupción en el yacimiento de carbón e intentar contra reloj reactivar la mina y sacar el carbón necesario para poner en funcionamiento

La UOCRA (sindicato de trabajadores de la construcción) hace más de un mes mantiene paralizada la obra inaugurada por la ex presidenta Cristina Kirchner en septiembre pasado.

Son cerca de un millar de empleados de contratistas de Isolux Corsán, la firma que construye la usina en la que se invirtieron algo más de 700 millones de dólares.

Como en gran parte de la obra pública, los atrasos en los pagos que dejó el gobierno anterior hacen estragos en los obradores.

Desde que en 1946 se puso en en marcha el yacimiento, todo Río Turbio gira en torno al carbón: la vida, la economía, las expectativas y el futuro de unas 30.000 personas de esa ciudad y de la vecina 28 de Noviembre, que integran la cuenca carbonífera.

Omar Faruk Zeidan nació hace 40 años en Río Turbio, fue concejal en dos períodos consecutivos por la UCR y ahora asumió la intervención de YCRT.

"Es una empresa financieramente quebrada, con grandes problemas estructurales; estamos haciendo una auditoría de corte, nos han borrado información de varias computadoras, faltan camionetas. Tenemos que investigar los 70 contratos por cifras millonarias que se firmaron con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que están en plena auditoría", enumeró Zeidán al diario porteño La Nación.

El nuevo interventor contrató dos auditores para que investiguen; uno de ellos es el ex diputado Manuel Garrido, que dirigió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (2003-2008).

Entre sus primeras medidas, canceló contratos de último momento, suspendió celulares, bajó algunos alquileres de viviendas y gastos de publicidad por más de 80 millones de pesos.

"Tengo la orden de ir a fondo y también la misión de reactivar el yacimiento y sacar carbón, pero no podemos hablar de plazos hasta tener toda la información", afirmó Zeidán.

Los planes iniciales del kirchnerismo pronosticaban que para 2011 la usina ya generaría energía para sumar al sistema interconectado nacional.

Para ello, el yacimiento debería estar produciendo 1,2 millones de toneladas de carbón.

Cristina Kirchner inauguró el primer módulo para generar 120 megas en septiembre.

Entonces, había unas toneladas de mineral en stock, además de gasoil. La falta de carbón y la demora de las certificaciones de obra, sumado al cambio de gobierno y la huelga de los empleados, paró todo.

El segundo módulo está en un 75% de avance. Pero la extracción de carbón es la principal demora.

Para Zeidán, faltó planificación: "Los responsables del yacimiento en vez de pensar en una planificación y trabajar para sacar carbón, pensaron en hacer negocios", disparó.

Es categórico al catalogar a sus predecesores: "Robaron. Ése es el gran problema, el alto nivel de corrupción. Al yacimiento lo han utilizado políticamente para ganar elecciones y económicamente para robar".

El último interventor de la empresa fue el histórico caudillo kirchnerista Atanasio Pérez Osuna, hoy intendente de Río Turbio.

Miguel Larregina, ex coordinador general y un histórico de la empresa, fue apartado del cargo, pero los hilos de poder los manejó el ex ministro de Planificación, Julio de Vido.

Ahora YCRT quedó bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren.

"El Ministerio de Planificación es el gran responsable de todo esto. Tiene nombre y apellido", apunta Zeidán.

En 120 días tendrán los números acabados de la auditoría que se hace en Buenos Aires y Río Turbio en forma simultánea.

Por ahora, adelantan que también encontraron convenios con la Universidad de La Matanza para producir un documental sobre YCRT.

Allí intervenían unas 90 personas, pero el trabajo no aparece, al igual que un estudio de impacto ambiental.

También se suspendieron los contratos de 29 personas "relacionadas con el poder político provincial, que no cumplían ninguna función en la empresa y que le costaban más de 3 millones de pesos a YCRT".

La intervención suspendió el alquiler de casas y departamentos que costaban 600.000 pesos anuales.

Dio de baja 85 líneas de teléfonos celulares, muchos de ellos usados por personas ajenas a la compañía, personal del Ministerio de Planificación o del gobierno provincial.