Apareció Del Sel y emite alerta: "Panamá investiga de oficio"

Miguel Torres del Sel, el embajador de Mauricio Macri en Panamá, apareció ayer a través de un cable diplomático enviado al Gobierno nacional a partir de la aparición del Presidente de la Nación como director y vicepresidente de, al menos, una sociedad offshore.

El reporte del exMidachi advierte: "El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia".

Más allá de las denuncias presentadas en la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso, el informe enviado por Del Sel adelanta: "El Ministerio Público iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades sospechosas de la firma panameña Mossack Fonseca. De darse la investigación, sería el segundo expediente que le abriría la Procuraduría General a esa firma en lo que va del año (el primero fue a causa del caso Lava Jato, en Brasil)".

El diplomático designado por Macri y avalado con dos tercios de los votos del Senado se mantuvo al margen de la polémica y, al menos hasta ayer, evitó cualquier contacto con los medios. La primera en dar la cara será la Canciller, Susana Malcorra, quien se presentará ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el 4 de mayo próximo.

En su cable diplomático, el capocómico informa cuál fue la repercusión en Panamá y también qué pasos seguirá la administración pública panameña que lidera el presidente Juan Carlos Varela. "La noticia promovida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la firma panameña Mossack Fonseca y la filtración de sus documentos Panama Papers generó una amplia repercusión, tanto en los distintos medios de comunicación local, como también a nivel Gobierno".

El informe, firmado por Del Sel, avisa que "al respecto, el sitio oficial de la Presidencia de Panamá publicó la siguiente nota de prensa: 'Gobierno de Panamá reafirma su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales'". El Gobierno panameño impuso mayores controles a los servicios legales y financieros, al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.

El párrafo más perturbador en medio de la turbulencia institucional que generaron los Panama Papers, explica que ese país centroamericano "cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial".

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.

Con esas nuevas normas, dichas acciones deberán entregarse en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

De igual forma, cumpliendo con compromisos con el GAFI, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer el sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales, con el propósito de sacar a Panamá de la lista gris del GAFI.

Del Sel también transcribe un anuncio del Gobierno panameño que advierte que "como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero".