Las offshore uruguayas deberán tener responsable local al operar

El gobierno uruguayo exigirá que las sociedades anónimas constituidas en el exterior que operen en Uruguay tengan un responsable local con el fin de incrementar la transparencia contra el lavado de dinero y cumplir con la normativa internacional.

La disposición será incluida en un proyecto de ley en el que trabaja el Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo enfocado en el beneficiario final de las sociedades, dijeron a El País de Uruguay fuentes oficiales.

Dentro del gobierno se considera que desde Uruguay no se puede legislar para el resto del mundo, por lo que tampoco se puede prohibir que estudios locales abran sociedades en países como Panamá, pero sí se puede regular que cuando actúen o estén vinculadas con negocios en Uruguay tengan localmente "un estudio legal u otra referencia que pueda ser responsable", agregaron las fuentes.

La medida es parte de las exigencias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un organismo que evalúa la vulnerabilidad de un país al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Una misión del Gafilat llegará a Uruguay en 2019 para evaluarlo.

A raíz de la divulgación de los Panama Papers —información sobre personas y empresas propietarias de sociedades offshore constituidas a través del estudio panameño Mossack & Fonseca, algunas de las cuales están involucradas en casos de lavado de dinero— se conoció que Uruguay se encuentra entre los 10 países en donde operan más intermediarios de la firma panameña desde su fundación, en 1977.

Según los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), Uruguay también integra el top 10 de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore, ocupando en este caso la posición número 7, con 5.174.

Funcionarios de gobierno uruguayo cuentan con sociedades offshore en Panamá. Incluso, Javier Vázquez, hijo del presidente de la República, creó a través de dos empleados dos sociedades anónimas en el estudio panameño Mossack & Fonseca, según publicó el semanario Búsqueda en base a la investigación internacional.

La constitución de sociedades offshore es algo legal, pero en los últimos años se ha revelado que a través de las mismas se han concretado operaciones de lavado de dinero o evasión al fisco, por lo que generan polémica. El objetivo del gobierno es enviar al Parlamento el proyecto de ley antes de fin de año. El gobierno trabaja también en adecuar otras normas, como establecer el delito fiscal como precedente del lavado de dinero.