¿Le funcionará el Excel?: el Gobierno cierra filas en torno de Aranguren, nuevo sí­mbolo del "modelo M"

Aunque suene paradójico, Juan José Aranguren deberá agradecer el hostigamiento político opositor, ya que contribuyó a consolidar el respaldo del macrismo hacia su gestión.

Puede parecer raro que una interpelación opositora sea aquello que termine acallando las críticas en el seno del Gobierno y consolidando el apoyo gubernamental.

Sin embargo, es lo que ha venido ocurriendo desde que quedara en el ojo de la tormenta, con el eslogan "Chau Aranguren" transformado en el preferido de los neo-caceroleros y frente a un kirchnerismo que intenta recuperarse a partir de esmerilar la figura de quien es el "brazo ejecutor" del tarifazo.

Las últimas señales políticas han dejado en claro que, a esta altura, su defensa ya no es simplemente para respaldar a una persona. Ni siquiera una cuestión de orgullo de un Gobierno que no quiere que le "volteen" a un ministro.

Más bien, ese respaldo se asimila a la defensa misma de un nuevo sistema tarifario que, a su vez, es pilar fundamental del plan económico.

En este contexto, las fisuras internas y los cuestionamientos que surgían desde el propio macrismo hacia Aranguren se han ido mitigando.

No por casualidad, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, advierte que una marcha atrás en el alza de tarifas implicará un fuerte freno en la obra pública y, en consecuencia, en el empleo y en el nivel de actividad.

Una actitud bien diferente a la que el mismo sostenía hasta hace pocas semanas cuando -en un gesto que el ambiente político interpretó como una crítica velada a Aranguren- había afirmado que el tope de 400% a las subas no lo afectaba, ya que él nunca había solicitado que se aplique un ajuste mayor.

Lo cierto es que el Gobierno parece llegar a esta instancia en el Congreso con algunos temores y pocas convicciones. 

Esto, más allá de que la figura del ministro de Energía haya generado varias adhesiones, desde el trascendental respaldo del propio Mauricio Macri hasta la abigarrada declaración de apoyo de los ex secretarios de Energía.

Las negociaciones en marcha con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, hablan de una estrategia que apunta a ‘suavizar' la escalada del enfrentamiento político.

Pero, sobre todo, a bajar el riesgo de la interpelación a Aranguren, que puede sufrir por su falta de experiencia ante la ansiedad de una oposición legislativa que buscará "dejarlo en off-side".

Como fuere, hoy día es uno de los ministros que padece los mayores cuestionamientos por parte del arco opositor, pero más firmes en el corazón del Gabinete, junto con Rogelio Frigerio.

No sólo contó con un amplio apoyo en sus peores momentos, como cuando el jefe de Estado lo ponderó en un acto en Casa Rosada el mismo día en que la sociedad se auto convocaba para el primer cacerolazo contra los aumentos.

También, se observa hasta cierto afecto personal en el trato. El Presidente suele llamarlo "Juanjo" en las reuniones con los distintos ministros, mientras que se muestra mucho más frío con otros pares.

Las últimas horas han implicado un aprendizaje político acelerado para este ex ejecutivo de Shell que, por cierto, luce incómodo ante las cámaras y los micrófonos.

Por lo pronto, tuvo que empezar a acomodar su discurso para así alejarse de la imagen de "ejecutor del shock".

"Hicimos un incremento gradual. El hecho es que, como país, tenemos que reconocer que para que haya energía debemos recomponer las tarifas que todos pagamos", apunta Aranguren.

Una ayuda de mis amigos
Lo extraño del caso es que, por la forma y el fondo del ajuste, el funcionario venía generando críticas que no sólo provenían de la oposición.

La medida (percibida como antipática pero necesaria) pasó a levantar sospechas en el sentido de que beneficiaba a los "amigos" del ministro.

Concretamente, que de los u$s3.500 millones que recibiría el Estado -luego de que particulares y empresas abonen el nuevo precio del gas- sólo una tercera parte iría a reducir las erogaciones del fisco. El resto, un 66%, contribuiría a mejorar el pago a las petroleras.

Esto había generado enojos justo en momentos en los que el debate para bajar el déficit fiscal recrudeció, a raíz de las dificultades que encuentra el propio Gobierno para poder cumplir con su promesa.

Esta situación contribuyó a que la figura del ex CEO de Shell resulte tan controvertida: mientras reclama mayores ingresos para el sector energético por el "bien" del Estado, parece estar dispuesto a concederle a un pequeño grupo de petroleras buena parte del ingreso adicional que generarán los ajustes tarifarios.

Por lo pronto, la decisión ya tomada de aumentar el precio del gas en boca de pozo (para que reciban algo más del doble por extraerlo) fue interpretada por muchos como una contradicción. Es que esas mismas empresas venían siendo cuestionadas a raíz de la falta de inversiones durante los últimos años.

A fines del primer trimestre, el ministerio de Energía publicó tres resoluciones por las que fijó nuevos valores para este recurso, luego consumido por comercios y usuarios residenciales, GNC y usinas térmicas.

El valor consignado fue, en promedio, de u$s5 por millón de BTU (unidad que se utiliza para medir la producción de gas), convalidando así un incremento de más del 100% para los productores.

Papel y lápiz en mano, el influyente economista Miguel Bein hace algunas cuentas a tener presente:

- De los u$s3.500 millones ya señalados, sólo una tercera parte contribuiría a reducir las erogaciones del fisco.

- El resto quedaría en manos de las petroleras que, por otro lado, ya obtienen u$s7,5 (millón de BTU) por la oferta nueva.

- Por parte de la demanda, reciben u$s5 (por millón de BTU), cifra que se ubica bien por encima de los u$s2, que es precio de referencia del gas natural en América del Norte.

"Es correcto que se remunere más al gas nuevo, teniendo en cuenta la paridad de importación. Pero remunerar el gas viejo es una transferencia grosera con nulo impacto sobre las decisiones de inversión", apunta Bein.

Y añade: "Esta decisión no implica ninguna señal a la oferta sino una mejora directa en los balances de las compañías".

¿Lo peor ya pasó?
Las acusaciones ante una supuesta "mala praxis"-y el alto costo político vinculado con el tarifazo complicaron los planes de un Gobierno urgido por poner en marcha un nuevo esquema de precios para así achicar el rojo en las cuentas públicas.

Sin embargo, en las últimas horas, las declaraciones del propio Aranguren llamaron la atención: "Nuestro objetivo no es reducir el déficit fiscal, sino que haya energía", apuntó.

Esto, en un contexto en el que los subsidios energéticos alcanzan la friolera de $240.000 millones al año.

El funcionario aseguró que "así como veníamos nos íbamos a quedar sin energía, porque no tenemos más capacidad para importar de los países limítrofes".

Y explicó que sólo si se logra obtener de fuentes locales, entonces sí bajarán los subsidios, para así también beneficiar a quienes más lo necesitan por la vía de la tarifa social.

Aranguren terminó reconociendo que "no vamos a dejar de importar de Bolivia. Pero sí tenemos la necesidad imperiosa de dejar de importar gas natural licuado, por barco, desde puertos argentinos y chilenos".

Fuentes de la cartera de Energía señalan que el Gobierno enfrenta una marcada dificultad para hacer frente al gasto energético. Y ponen cifras al asunto:

- En el caso de la electricidad, apenas se logra recuperar el 35% del costo que significa producirla. El otro 65% lo deben seguir "bancando" los subsidios.

- En cuanto al gas, se cubre el 55%. Pero el dato a tener en cuenta es que no se estaría en situación de importar más.

En un contexto con una estanflación declarada, la dinámica fiscal se presenta como un verdadero escollo para el Ejecutivo.

Según la consultora Economía & Regiones, en los primeros cuatro meses del año se había ejecutado un ajuste fiscal que -de haberse mantenido a lo largo de los doce meses del año- hubiese permitido cumplimentar la meta del 2016.

Sin embargo, en mayo y junio ese ajuste quedó en el olvido y tanto el gasto como el déficit comenzaron a aumentar.

Para peor, se espera que esta dinámica continúe, a raíz del congelamiento tarifario y del fuerte empuje que se le dará a la obra pública.

Esta situación complicará los planes iniciales del Gobierno tendientes a ir reduciendo progresivamente el rojo fiscal para llegar a cifras inicialmente establecidas como objetivo de la gestión macrista.

Según se desprende de algunas proyecciones, este "desacople" se puede ir acentuando en 2017 y 2018, lo que a su vez dejará muy poco margen para reducir la presión tributaria, el costo de capital e inclusive la inflación hasta lograr los estándares regionales.

De ser así, la proclamada lluvia de inversiones podría no ser tal, algo que sin dudas constituiría el talón de Aquiles del Gobierno con vistas a una reelección.