La Oficina Anticorrupción le recomendó a Aranguren desprenderse de sus acciones en Shell

La Oficina Anticorrupción recomendó a al ministro de Energía y Mineria, Juan José Aranguren desprenderse de sus acciones en Shell.

A través de un dictamen, el organismo presidido por Laura Alonso sostuvo que si bien el ministro "no incurre" en conflicto de intereses por haber sido el CEO de la empresa y no tiene "obligación legal" de deshacerse de las acciones, se avanzó en la recomendación respaldada por el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.

El dictamen también relativizó la responsabilidad del ministro en la compra de siete cargamentos de gasoil a Shell por parte de Cammesa (compañía administradora del mercado eléctrico mayorista) ya que, según argumentaron, el funcionario no interviene en las etapas de contratación aunque aprueba la negociación y gestiona el procedimiento de pago.

Además de las duras críticas que recibió Aranguren a raíz de los aumentos en las tarifas, por lo que recibió explícito apoyo del Presidente, el funcionario también fue cuestionado por ser CEO recientemente de la empresa y su tenencia de acciones en Royal Dutch Shell PLC -la casa matriz- por $16.326.051,67, de acuerdo a lo que consta en su declaración jurada al 31 de diciembre de 2015.

En esa línea, el diputado del FpV, Martín Doñate, lo denunció por presunto incumplimiento de la ley de ética pública y fue imputado por el juez federal Luis Rodríguez.

A la denuncia de la oposición, también se le sumaron cuestionamientos del propio oficialismo, como lo fue la observación, por ejemplo, del radical Mario Negri quien dijo que le "hacía ruido" el vínculo del ministro con la petrolera.

También la titular de la OA había sido criticada por aconsejar a los funcionarios "que deleguen hacia arriba o hacia el costado" la firma ante el riesgo de incompatibilidad, en el caso de Aranguren con las decisiones relacionadas con las sociedades del Grupo Shell.

El análisis de la OA comenzó el 16 de marzo a raíz de una denuncia por presunto conflicto de intereses por su anterior labor como CEO de Shell y su carácter de accionista, expediente que se amplió de oficio el 3 de mayo por la adjudicación de siete de las ocho licitaciones de barcos de gasoil a la empresa.

En tanto, sobre la primera cuestión, el organismo indicó que la Ley 25.188 "no establece un impedimento para acceder al cargo público derivado de una actividad privada que, hasta el momento de su designación, hubiera desarrollado el postulante". El texto original estipulaba la incompatibilidad en el artículo 15, que fue derogado en 2001.

Sobre las acciones, dictaminó que "la ley no prohíbe la participación societaria en el capítulo destinado a conflictos de intereses", aunque avanzó en la recomendación de que se desprenda de la tenencia -o adopte alguna medida como un fideicomiso ciego- "bajo el prisma de las pautas y deberes de comportamiento que deben respetar quienes cumplen una función pública".

En ese sentido quedó destacado el "deber de prudencia" del artículo 9 del Código de Etica: "El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores".

Sobre los siete cargamentos de gas oil adquiridos a Shell, la OA consideró que fue en el marco de un convenio entre Camessa e YPF y que el Ministerio no tendría una incidencia directa en la elección de los oferentes.

"Lo que se encontraría vedado sería la intervención específica del señor ministro en cualquiera de las etapas (invitación a ofertar, selección, aprobación o formalización) de una eventual contratación entre Cammesa y alguna de las empresas del grupo Shell", expresó el dictamen, que requirió a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) una auditoría para corroborar la ausencia de participación "atento la posible existencia de otra documentación que no hubiera sido aportada al expediente".

El organismo también dictaminó que Aranguren "deberá abstenerse" de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell -en particular, es decir no incluye medidas sobre la actividad para "todas las sociedades del sector"-, que en esos casos tendrá que comunicar al Presidente para que defina un reemplazo, le recomendó también incrementar la "efectiva publicidad y transparencia en la toma de decisiones" -en especial cuando involucren a Shell-, "abstenerse de utilizar información" en beneficio de intereses privados e informar a la OA situaciones que pudieran constituir conflictos de intereses.