Mauricio Macri lleva dictados 22 decretos de necesidad y urgencia (DNU), una cifra superior a la dictada por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner quien, durante su primer año de mandato, despachó 17 DNU.
La oposición convocó para el 2 de febrero a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso para revisar -y eventualmente rechazar- los últimos decretos presidenciales.
El kirchnerista Marcos Cleri confirmó que la decisión es acompañada por el Frente Renovador -de Sergio Massa-, que incluso reclama que se anticipe para la semana próxima la reunión ante la andanada de decretos macristas.
Los opositores creen que el gobierno de Macri, en minoría en ambas cámaras, busca esquivar el Congreso para evitar derrotas legislativas y entregarle graciosamente a la oposición escenarios de triunfo en pleno año electoral.
Sin ir más lejos, el Ejecutivo apelará a tres DNU la semana próxima, sobre temas que, cuiosamente, se hallan en pleno tratamiento en el Congreso; el proyecto de regulación de las ART cuenta, incluso, con media sanción del Senado. Pero el Gobierno hizo trascender que no convocará a sesiones extraordinarias en febrero y que acelerará los tiempos con esta herramienta.
Hasta ahora, la comisión bicameral dictaminó de manera favorable sobre la mayoría de los decretos de Macri, pero hubo tres excepciones importantes: rechazó el DNU que eliminó el sistema de reembolsos para puertos patagónicos; otro, que subió el mínimo no imponible de Ganancias en 2016 y el tercero que habilitó una ampliación del presupuesto 2016 para pagar el aumento de marzo a los jubilados y para financiar más de 60 obras públicas.
Pero podría haber un cuarto: el kirchnerismo fogonea un dictamen de rechazo al decreto reglamentario (no DNU) por el cual el Ejecutivo reglamentó la ley de blanqueo y permitió que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.
"Ese decreto es nulo porque vulnera explícitamente el espíritu de la ley votada por el Congreso", insistió Cleri.
"La estrategia del Gobierno es cerrar el Congreso y sacar DNU. Hasta que un día nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos. Va a ser un año difícil, no tienen voluntad de resolver los temas legislativos sino especular", asestó la jefa de bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño.
El representante de ese bloque en la bicameral, Raúl Pérez, coincidió: "Veo la situación como un abuso. El Congreso funcionó normalmente, la oposición cooperó en la sanción de las leyes que pidió el Gobierno y no veo la urgencia en algunos de los decretos del Presidente".
El diputado oficialista Pablo Tonelli, también miembro de la comisión bicameral, sostuvo: "Consideramos que los decretos del Gobierno se encuadran dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional. Gozan de plena legalidad".
Desde el kirchnerismo, la diputada Diana Conti (también integrante de bicameral) advirtió que el Gobierno "apela a los DNU con el sólo propósito de no convocar a sesiones extraordinarias e inhibir al Congreso". Y enfatizó: "Está violando la división de poderes".
Néstor Kirchner dictó 270 en cuatro años y si bien su esposa, Cristina, sólo firmó 9, lo cierto es que por esta vía amplió y distribuyó recursos presupuestarios millonarios de manera discrecional, sin control del Congreso.
La primera ventaja es que el DNU entra en vigencia apenas se publica en el Boletín Oficial y sólo pierde validez cuando ambas cámaras del Congreso lo rechazan.
Esto nunca ocurrió hasta ahora: desde 1994 (cuando se reformó la Constitución Nacional y se incorporó la figura de los DNU) a la fecha, todos los gobiernos tuvieron al menos una de las cámaras a su favor, por lo que el rechazo de un decreto presidencial fue siempre una misión imposible.
Otra ventaja de los DNU es que si bien la Constitución Nacional dispone que esta herramienta sólo debe ser utilizada "cuando circunstancias excepcionales" impidan el trámite normal de sanción de las leyes, lo cierto es que desde la reforma constitucional de 1994 a la fecha todos los gobiernos de turno apelaron a los DNU con criterio arbitrario y casi sin respetar las condiciones excepcionales de "necesidad y urgencia" que imponen estas medidas, aseguró La Nación.