Perú exige a Odebrecht u$s1.000 millones de "resarcimiento" por daños y perjuicios
La Justicia de ese país estimó esa suma contra los u$s66 millones que ofreció la empresa, lo que equivaldría a 30 veces los pagos ilícitos realizados
La Justicia peruana exigirá el equivalente a unos u$s1.000 millones a la empresa brasileña Odebrecht en concepto de reparación civil en favor del Estado por los daños y perjuicios causados al país por sus prácticas de corrupción.
El procurador especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, estimó el resarcimiento en 3.468 millones de soles, equivalentes a unos 1.000 millones de dólares, en consideración a tres proyectos desarrollados por la constructora en los que hubo prácticas de corrupción: el Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en íÂncash y los tramos 2 y 3 de la ruta Interoceánica Sur, según informó este lunes la prensa local.
Ramírez lamentó que la compañía brasileña haya ofrecido tan solo pagar u$s66 millones de indemnización, aproximadamente el doble del monto que presuntamente pagó en sobornos.
"Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor", afirmó el procurador en declaraciones al programa local Cuarto Poder.
El portavoz de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a esta propuesta con una nota en la que subrayó la extrañeza de esa petición, que de hacerse realidad apuntaría a que la reparación sería "30 veces superior al total de los pagos ilícitos".
Así, esa cifra superaría "la suma de todas las reparaciones acordadas" con los otros siete países –Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala– con los que Odebrecht tiene un acuerdo de colaboración.
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"En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías alineadas con prácticas internacionales, basadas entre otros puntos en el valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa", dijo Vilar.
"Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre dos a tres veces de los valores pagados ilícitamente", agregó.
En tanto, Odebrecht apuntó que esta y otras iniciativas del gobierno y la Fiscalía peruana conspiran contra la lucha anticorrupción, al disuadir a las empresas a que reconozcan hechos delictivos y a querer colaborar con la Justicia.
El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de América Latina por los sobornos entregados por la compañía brasileña en distintos países para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, incluyendo pagos para financiar las campañas electorales de candidatos políticos.
Los sobornos entre 2005 y 2014 de Odebrecht en Perú afectan a toda la clase política.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de la compañía brasileña.