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G20 y un riesgo imprevisto: detención del príncipe saudita envolvería a Macri en un "escándalo internacional"

Especialistas de la Universidad Austral evalúan cuál es la situación del príncipe y qué implicancias tendría una posible detención durante la Cumbre
28/11/2018 - 19:24hs
G20 y un riesgo imprevisto: detención del príncipe saudita envolvería a Macri en un "escándalo internacional"

El Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammad Bin Salman (MBS) llegó el miércoles a Buenos Aires en representación de su padre, el rey Salman, en preparación a la cumbre del G20 que se realizará a partir del viernes.

El pasado lunes, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció al mandatario ante la justicia argentina. ¿En qué consiste y cuáles son los alcances de esas acciones?

Los docentes de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral Said Chaya (profesor y licenciado en Ciencia Política y coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente) e Ignacio de Casas (abogado y master en International Human Rights Law, profesor de Derecho Internacional Público) explicaron en qué consiste y cuál es el alcance de la denuncia. A continuación, su análisis.

La llegada del Príncipe Heredero tiene lugar en un contexto altamente conflictivo para la Corona Saudita. En su paso por El Cairo y Túnez, dos escalas realizadas antes de pisar suelo argentino, fue recibido en medio de protestas por la ejecución del periodista opositor Jamal Khashoggi, ciudadano saudita asesinado en el consulado de su país en Estambul.

El hecho ha tenido una enorme repercusión en los medios de comunicación y puso en jaque la imagen de “reformista” que el Príncipe supo forjar en Occidente. Algunos medios estadounidenses mencionaron una conexión entre MBS y el asesinato del disidente, haciendo referencia a posibles grabaciones de la CIA. El presidente Donald Trump pidió, en sintonía con la cancillería saudita, desestimar esa información.

Sin embargo, la denuncia de HRW no está estrictamente vinculada al asesinato de Khashoggi, sino a la intervención saudita en la guerra en Yemen. Ese país, el más pobre de la región, entró en un cono de inestabilidad profunda tras la Primavera Árabe (2011) e implicó el estallido de una guerra en 2015, que continúa hasta hoy. El conflicto enfrenta a los hutíes, respaldados por Irán, en el marco de una neutralidad benevolente por parte de Rusia, y el frágil gobierno del presidente Hadi, apoyado por Arabia Saudita, el Consejo de Cooperación del Golfo y los Estados Unidos, que formaron una coalición militar liderada por Riad.

La alianza realiza intensos bombardeos en el territorio yemení. La demanda de HRW está vinculada a las bajas civiles ocasionadas por esos bombardeos. Justamente, además de estar primero en la línea de sucesión, MBS es viceprimer ministro y ministro de Defensa y, por ende, responsable del accionar de las Fuerzas Armadas de su país".

La denuncia de HRW busca que se declare la responsabilidad penal del Príncipe Heredero, mediante el ejercicio de la jurisdicción universal. Más allá de los delitos que el fiscal federal Ramiro González quiera imputarle a MBS, la cuestión es si Ariel Lijo, titular del juzgado federal donde se radicó la causa, tiene jurisdicción para investigar crímenes que no se cometieron en la Argentina, ni por agentes argentinos o contra víctimas argentinas.

Esas conexiones son las que rigen en materia de aplicación de la ley penal en nuestro país y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. La facultad para juzgar crímenes cometidos en cualquier parte, sin ningún tipo de nexo, es conocida como jurisdicción universal.

Aunque cada vez son más los países que la adoptan, la jurisdicción universal es más bien excepcional y debe ser expresamente reconocida por la ley. En España, por ejemplo, la Audiencia Nacional gozaba de esa jurisdicción en la época en que Baltazar Garzón pidió la captura internacional del dictador chileno Augusto Pinochet; hoy la ley española fue modificada y ya no cuentan con esa posibilidad.

En Argentina, HRW invoca en su denuncia el art. 118 de la Constitución, que establece que cuando los delitos se cometieran fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes (es decir, contra el derecho internacional), el Congreso determinaría por una ley especial el modo de juzgarlos. El Código Procesal Penal de la Nación no contiene ninguna disposición que lo permita.

Sin embargo, podría entenderse que la ley 26.200 (“Implementación del Estatuto de Roma”), habilita a la justicia federal a juzgar al príncipe. Ese Estatuto, que estableció la Corte Penal Internacional, tipifica algunos delitos, como los crímenes de guerra de los que se acusa a MBS.

Al mismo tiempo, la ley 26.200, que en el art. 3 exige algún tipo de nexo entre el delito y nuestro país, incluye al final el inciso d) que dice que también se aplicará “en los casos previstos en convenios internacionales en los que la República Argentina es parte”, dando lugar a que González y Lijo puedan aplicar el Estatuto de Roma e incluso los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, ratificados por nuestro país y, aparentemente, violados en el conflicto yemení.

El Príncipe Heredero goza de inmunidad de jurisdicción penal. Aún cuando los tribunales argentinos tuvieran jurisdicción universal, hay que considerar que MBS, como viceprimer ministro, asume funciones de Jefe de Estado delegado por el rey de su país, y que es además ministro de Defensa. Ambos cargos confieren inmunidad de arresto en países extranjeros y la imposibilidad de ser juzgados por tribunales que no sean los de su país.

Aunque esto pueda parecer la consagración de la impunidad a nivel global, lo cierto es que este principio internacional existe para proteger los intereses de un Estado contra todo acto de autoridad de parte de otro Estado que obstaculice el ejercicio de sus funciones. Hay antecedentes: la Corte Internacional de Justicia, en el año 2002, condenó a Bélgica por haber emitido una orden de detención contra el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo.

En conclusión, es poco probable que la justicia argentina detenga a MBS. Si sucede, envolvería al presidente Mauricio Macri en un escándalo político de relevancia internacional en un contexto de exposición muy fuerte, durante la cumbre de líderes más poderosos del mundo.

Además, nos enfrentaría con Estados Unidos, que intenta bajar el tono a las discusiones en torno a la figura del Príncipe Heredero. Incluso podría, en el peor de los casos, acarrear la responsabilidad internacional de nuestro país ante una demanda del Reino de Arabia Saudita.

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