La Justicia brasileña ordenó la repatriación y confiscación de millones de dólares depositados en el Caribe por la constructora Odebrecht para pagar sobornos, entre otros, a exfuncionarios argentinos por algunos de los proyectos de obra pública más importantes de la Argentina del último cuarto de siglo.

El decomiso abarca fondos colocados en cuentas a nombre de tres firmas offshore, dos ex ejecutivos de Odebrecht y dos cambistas ilegales -"doleiros"- cuyos nombres fueron identificados por varios delatores como eslabones para las "propinas" argentinas, según La Nación.

La orden la impartió la jueza Gabriela Hardt -quien heredó la investigación Lava Jato tras la renuncia de Sergio Moro para asumir como ministro de Justicia de su país- y conllevará el recupero de u$s11,6 millones y más de 162.000 euros. Es decir, la mitad del total de los fondos clandestinos que Odebrecht aún mantiene en Antigua y Barbuda.

Los fondos permanecían depositados en el Meinl Bank, la entidad bancaria de origen austríaco que el holding brasileño compró en 2010 para agilizar sus negocios y evitar los controles antilavado de rigor en cualquier banco del mundo.

"Considerando que los fondos disponibles en las cuentas consisten en los saldos de sobornos y que los colaboradores coincidieron en darlos por perdidos y repatriar tales fondos, concedo lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal para decretar su confiscación y la repatriación del 50% de los saldos de esas cuentas", indicó la jueza Hardt.

Además, dispuso la repatriación de esos fondos mientras la Justicia argentina todavía no logró acceder a las evidencias y confesiones sobre las coimas que Odebrecht pagó a ex funcionarios argentinos, material que se encuentra disponible en Brasil desde el 1º de junio de 2017, es decir, hace más de un año y siete meses.

En total, las cuentas afectadas ascienden a 26, de las que 24 figuran a nombre de exejecutivos o "doleiros" que ya confesaron su participación en el pago de sobornos por la obra pública en la Argentina, aunque de esas cuentas, solo un puñado reviste especial importancia.

Así, la jueza Hardt ordenó repatriar fondos de 19 cuentas cuyo titular es Olivio Rodrigues Junior, a nombre propio o de diversas sociedades offshore. Entre ellas, Klienfeld Services Ltd, Innovation Research Engineering and Development Ptd y Trident Inter Trading Ltd.

Rodrigues Junior se encargó de mover decenas de millones de dólares para sobornar y financiar campañas en varios países. En la Argentina, por ejemplo, su nombre se asoció a las coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la construcción de una planta potabilizadora para la empresa estatal AySA.