La crisis que están atravezando los almacenes de venta minorista genera incertidumbre en sus empleados y, además, se cuestionan por qué ellos están pasando por un período tan incierto mientras que sus jefes aún siguen prosperando.

Un ejemplo surge con Sears, la tienda por departamentos que llegó a ser un ícono del poder minorista estadounidense, y que cayó bruscamente, golpeando a muchos trabajadores, como es el caso de Bruce Miller.

Con 56 años, este empleado comenzó a trabajar en Sears al terminar la secundaria y escaló hasta convertirse en técnico automotriz sénior.Pero, desde que Sears cerró su tienda en Nueva Jersey en abril pasado, perdió su seguro de salud y su casa. Ahora su pensión está en riesgo, informa BBC Mundo.

Lo que llama la atención es que la situación es muy diferente para los sus jefes: sus fortunas parecen mejores.

De acuerdo a datos de la periodista Michelle Celarier, Eddie Lampert, exdirector ejecutivo y presidente durante mucho tiempo de Sears, ha ganado casi 1.400 millones de dólares por su inversión en la compañía, gracias a comisiones de rendimiento, dividendos y otros pagos. Al mismo tiempo, a 340 de sus principales ejecutivos se les otorgó colectivamente bonos por valor de 25 millones de dólares en diciembre, tan solo unos meses después de que la firma se declarara en bancarrota.

"Para mí es absolutamente ridículo", dice Miller, quien ahora depende de trabajos ocasionales para pagar sus cuentas.

La verdadera historia

Los analistas dicen que una de las características que tienen estas empresas en común es que los inversionistas que tomaron el control de las tiendas, las cargaron con deuda y extrajeron cuotas, dividendos y otros activos para su propio beneficio.

Sears, por ejemplo, gastó millones en la compra de sus propias acciones, inflando los precios en beneficio de accionistas como Lampert, quien asumió la presidencia de la firma en 2005, luego de organizar su fusión con Kmart.

Luego, la tienda tomó prestados más de 2.000 millones de dólares de su fondo de cobertura, ESL Investments. También se vendieron partes del negocio, incluidas cientos de propiedades y el catálogo de pedidos por correo Lands End, a empresas afiliadas con Lampert.

Sears es ahora una sombra de lo que solía ser, ya que cerró casi 3.000 tiendas y eliminó más de 250.000 empleos desde 2007.

Eileen Appelbaum, codirectora del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington, afirma a CCN News que esos acuerdos limitaron la capacidad de Sears para invertir en el futuro, en momentos en que la necesidad de competir con las compras en línea hace que esas inversiones sean fundamentales.

Ese es un patrón visto en repetidas ocasiones en los recientes fracasos de minoristas, dice Appelbaum.

"Quieren culpar a Amazon de todo lo que sucede", dice. "El hecho de que hayan privado de recursos a estas organizaciones... esa es la verdadera historia".Ahora, ESL está ofreciendo comprar Sears por 5.200 millones de dólares. El plan podría mantener abiertas 425 tiendas y mantener hasta 45.000 empleos.

Pero varios grupos a los que se les debe dinero han pedido al tribunal que rechace la propuesta.

Fuera de la corte, la senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial demócrata, ha intervenido con preguntas similares a las de los trabajadores de Sears.

En un mitin en Nueva York este mes, acusaron a Lampert de llevar la firma al fracaso y le pidieron al tribunal que solicitara que se reservara dinero para los trabajadores en caso de despidos futuros, entre otras demandas.En 2018, una exitosa campaña similar realizada por los trabajadores de Toys R Us, logró que los expropietarios de capital privado KKR y Bain Capital crearan un fondo de indemnización de 20 millones de dólares.

Pero eso fue una excepción, que se debió específicamente a la generosidad de esas empresas.

Los analistas afirman que los jueces de bancarrota a menudo son reacios a cuestionar los planes que mantendrían un negocio en funcionamiento, incluso en casos con tantos potenciales conflictos de interés como Sears.

Mientras tanto, el gobierno de Trump ha adoptado un enfoque regulatorio de no intervención, incluso cuando la emisión de préstamos a empresas con crédito débil se eleva a niveles récord, impulsada por una fuerte demanda de deuda por parte de los inversores.

Carrie Gleason, quien ayudó a organizar las campañas de los trabajadores como directora de políticas de la Organización Unidos por el Respeto, dice que la quiebra de Toys R Us marcó un "punto de inflexión" sobre una mayor conciencia sobre la forma en que las estrategias comerciales contribuyeron a la caída de los minoristas.

"Esta no será la última bancarrota", dice, y agrega: "Seguirán ocurriendo y al final, lo que necesitamos son nuevas protecciones".