Diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros, 25 metros de eslora, lujo y comodidad. Así es el Sky, el yate Azimut Flybridge que Luis Miguel compró a mediados de 2013 y que fue objeto de deseo de los paparazzi durante años: una pasarela inacabable de conquistas románticas, el escenario de sus fiestas y, hasta buena parte de 2020, su refugio durante la pandemia.

Pandora Papers, la última filtración del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), revela que el cantante mexicano recurrió a una empresa opaca en las Islas Vírgenes Británicas para finiquitar esta compra, en una transacción en la que fueron clave su hermano, Alejandro Gallego Basteri, y quien fuera su asistente y mano derecha, Joe Madera.

Los hermanos Gallego Basteri constituyeron Skyfall Marine Limited con ayuda del estudio Trident, de las Islas Vírgenes Británicas, la mayor fuente de la filtración, que tiene más de 11,9 millones de documentos en los que aparecen nombrados más de 3.000 mexicanos. Luis Miguel aparece, con 50.000 acciones, como el único dueño de la compañía, según un certificado de acciones fechado al 13 de junio de 2013. Alejandro Gallego es el secretario y director de la compañía, de acuerdo con una declaración firmada por el hermano del cantante.

En las Islas Vírgenes Británicas rige la confidencialidad y está prohibido por ley revelar el directorio

Esta maniobra financiera permite ocultar al público quién es el verdadero dueño del yate. En las Islas Vírgenes Británicas rige la confidencialidad y está prohibido por ley revelar el directorio y quién es el accionista mayoritario de una compañía, con multas que van desde los 5.000 a los 50.000 dólares a quien lo haga.

En los partes marítimos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), por ejemplo, hay registros del paso del Sky por aguas estadounidenses, pero no hay rastro del nombre de Luis Miguel Gallego Basteri, sino de Skyfall Marine, el dueño legal de la embarcación.

Sin impuestos

El papeleo para la inscripción de la sociedad comercial estuvo a cargo de Madera. En el formulario cumplimentado por el asistente ejecutivo se detalla que el único motivo para abrir la empresa es la adquisición de la embarcación y que el pago proviene de la fortuna del artista. "El saldo promedio de sus cuentas en el último año se ha mantenido en las seis cifras", se lee en una carta de referencia otorgada por la filial del banco HSBC en EE UU, que asegura que el cantante había sido su cliente durante 16 años.

Luis Miguel se identifica como residente de Beverly Hills, con un pasaporte estadounidense y un permiso de conducir emitido en California. Su hermano Alejandro, en cambio, presenta un pasaporte español y una tarjeta de residente permanente en México, con domicilio en un lujoso desarrollo inmobiliario de Puebla.

Es justo en la popa donde está uno de los secretos mejor guardados del Sky: la bandera de las Islas Vírgenes Británicas. Además de la opacidad sobre la identidad de los dueños, el territorio caribeño no cobra impuestos a las empresas ni a las embarcaciones. Abrir una empresa como Skyfall Marine costaba apenas 350 dólares y, como depende del Reino Unido, los barcos cuentan con la misma protección que cualquier otra embarcación británica. Lo único que se cobra es una cuota de renovación de derechos que ronda los 1.000 dólares por año. Todas estas son "ventajas" que el propio Gobierno del pequeño archipiélago caribeño promociona en páginas oficiales.

Señalado internacionalmente como un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas tienen unos 30.000 habitantes, pero más de 400.000 empresas pantalla activas. Es el líder mundial en creación de compañías offshore. "Las leyes están diseñadas para funcionar como un sistema opaco, con un Gobierno que tiene una mentalidad muy pronegocios y prodinero", dice un investigador de Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal. Desde mediados de los años ochenta, la industria financiera offshore se ha consolidado como uno de los pilares de su economía, que representa más del 51% de los ingresos gubernamentales, según datos oficiales.