En el "rally" nacional de los aumentos de tarifas del servicio eléctrico que se vienen en las primeras semanas del año, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) picó en punta con una propuesta de ajuste que tiene dos características salientes que van a contramano de lo que anunciaron las autoridades nacionales para las distribuidoras del AMBA Edenor y Edesur.

La eléctrica santafesina impulsa para el primer cuatrimestre del año la aplicación de un aumento acumulado para todos sus usuarios que oscila entre el 35,7% y 38,2% y un nuevo esquema de "segmentación" inverso al del "modelo nacional" que se basa en tres variantes de "tarifa social" para jubilados y sectores de menores recursos.

Las subas tarifarias –que superan ampliamente el 20% de incremento máximo que anticiparon las autoridades energéticas nacionales para las distribuidoras metropolitanas—y la nueva "segmentación social" se conocieron en la audiencia pública realizada en forma virtual el último viernes que contó con una escasa presencia de sólo 20 participantes.

Al igual que las realizadas para los servicios públicos nacionales y porteños, la audiencia pública no es vinculante para el ente regulador que debe aprobar los aumentos y tal como están diseñadas representan una instancia cada vez más decorativa para que entidades defensoras de consumidores, profesionales y asociaciones empresariales plantean sus objeciones en modo catártico a los aumentos que ya están definidos de antemano.

Por el hecho de ser a nivel nacional la tercera empresa en cantidad de usuarios, potencia registrada y energía demandada detrás de Edenor y Edesur; el esquema de ajuste que promueve la EPE es seguido de cerca por la mayoría de las eléctricas provinciales.

La estatal santafesina presta servicio a un total de 1,3 millones de pequeñas demandas—que representan el 51,19 % de su facturación-- y a 3.295 industrias y grandes clientes, que aportan el 48,81% restante de sus ingresos. El año pasado aplicó tres aumentos tarifarios del 14% en mayo; 8% en julio y 9% en noviembre. El 40% del total de las boletas que pagan los usuarios constituye el VAD (Valor Agregado de Distribución), mientras que el 60% restante corresponde al precio de la energía mayorista (46%) y a la carga impositiva (14%).

La actualización tarifaria solicitada por la EPE contempla para enero incrementos promedios de 23,7% para residenciales; 24% para comercios; 22,5% para industrias y 22,4% para usuarios institucionales.

La Empresa Provincial de Energía de Santa Fe lanzó una propuesta a contramano de lo que anunció el Gobierno

A esos ajustes se agregan otras subas a partir de abril que llegan, en promedio a 10,3% para hogares; 11,5% en comercios; 10,9% para industriales y 10,8% para los clientes institucionales.

Además de los aumentos que están en juego solo para el primer cuatrimestre, la distribuidora provincial requirió la introducción de una fórmula de ajuste semestral que tenga en cuenta las variaciones de los costos operativos y salariales para "poder mantener la prestación del servicio y ejecutar las inversiones programadas".

Al momento de justificar los porcentajes de aumentos, los funcionarios provinciales destacaron dos aspectos relevantes. Por un lado, que todas las obras e inversiones que dan trabajo a pymes y constructoras locales se financian mayormente con los ingresos provenientes del VAD. Y, por otro lado, que en los últimos se ha venido registrando un cambio en el comportamiento de los uusarios que implica menos ingresos por la "baja de la demanda de energía", pero a la vez más inversiones en el desarrollo de redes en todos los niveles de tensión para poder atender las "mayores demanda de potencia".

En lo que respecta al "régimen de tarifa social", la EPE propuso un nuevo esquema de "segmentación social de la demanda" que contempla tres variantes:

1. La "Tarifa Solidaria Provincial" (TS1) que prevé beneficio promedio del 30% respecto de la tarifa residencial plena para consumos de 800 kWh bimestrales de aquellos usuarios cuyo nivel de ingreso se encuentre entre uno y dos salarios mínimos, vital y móvil (SMVM). Según los cálculos oficiales, por esta vía se beneficiarán 148.430 usuarios que actualmente abonan la tarifa plena, pero tienen ingresos por debajo de dos SMVM como una gran cantidad de trabajadores activos, jubilados y pensionados.

2. La "Tarifa Social Provincial" (TS2) que consiste en una bonificación del 60% de la tarifa plena para los consumos de hasta 800 kWh bimestrales de los usuarios que tengan ingresos menores a un SMVM. Con esta categorización se verían beneficiados unos 214.459 usuarios del sector pasivo más allá del nivel de consumo que tengan.

3. La "Tarifa para la Inclusión Eléctrica" (TS3) sustentada en una tarifa plana independiente del consumo que regirá para unos 35.037 usuarios con ingresos inferiores a un SMVM y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

De acuerdo con las proyecciones de la EPE, el nuevo sistema de segmentación de la tarifa social será cubierto con aportes del gobierno provincial y alcanzará a un total de 397.926 usuarios que representan el 37% de la clientela residencial.

Esta metodología de "segmentación tarifaria" contrasta fuertemente con la que viene prometiendo la administración de Alberto Fernández para recortar los subsidios eléctricos y gasíferos en el AMBA. El "modelo nacional" –según anticipó el secretario de Energía, Darío Martínez a fines del año pasado—se basará en los niveles de ingresos y el valor de las propiedades y en una primera etapa alcanzaría a un universo de 500.000 usuarios que viven en la Capital Federal y en los countries y barrios cerrados del Gran Buenos Aires.