Mientras Sergio Massa distribuye sus preocupaciones por el salto del dólar y el recalentamiento inflacionario de los alimentos, el escenario por el lado del consumo no difiere demasiado de lo que sucedió en la última época: los consumidores penan por los faltantes de productos en las góndolas a precios prometidos por el Gobierno y, por otro lado, son los comercios más chicos los más perjudicados por las medidas oficiales.

El último informe de la consultora Scentia ratifica esto último: en diciembre último, las ventas de los autoservicios y almacenes de barrio cayeron 4,7% contra el mismo mes de 2021. Por el contrario, las ventas de los grandes supermercados terminaron positivos en un 3,2%, lo que llevó al consumo total con una caída promedio del 1,1% en el último mes del año.

La diferencia entre lo que sucede en las grandes cadenas (venden más que antes) y los comercios más pequeños (venden cada vez menos) se vincula con la estrategia del Gobierno de acordar con los supermercados la puesta en marcha de "Precios Justos".

Ese programa posibilitó la venta de productos más baratos que en los pequeños comercios, incluso con una canasta de 1.900 artículos con precios congelados, que favorecieron al canal de los híper y supermercados. Se generó una concentración de las ventas de productos de consumo masivo a favor de los más grandes.

Sin embargo, esa estrategia entró en crisis en las últimas dos semanas.

Precios Justos: la pelea de fondo

La situación se puso turbia con el correr de las semanas, por una dinámica lógica. Mientras la inflación sigue corriendo al 5% mensual, a las empresas no les conviene entregar productos a precios congelados. Y los que se van disponiendo en las góndolas desaparecen cada vez más rápido por la diferencia con el resto de los artículos similares que no forman parte de la canasta acordada.

La medida de control de precios que puso en marcha Massa incentivó la compra en grandes cadenas de supermercados.

Conclusión: los consumidores se desalientan, la cadena comercial se distorsiona y el Gobierno intenta una reacción, que algunos protagonistas observan como "en vano".

El equipo de Matías Tombolini, secretario de Comercio, abrió expedientes para saber si las grandes empresas proveedoras de alimentos, bebidas y productos de higiene están faltando a su compromiso y entregan menos mercadería.

De ahí el pedido de ayuda a los sindicatos. Delegados de camioneros revisan las cargas de los camiones que llegan a los centros de distribución de los supermercados, para ver si se respetan los pedidos de los comercios a las fábricas.

Como adelantó en exclusiva iProfesional, desde Comercio pusieron bajo la lupa a distintas empresas que, en apariencia, incumplen con los pedidos de las grandes cadenas. Para el Gobierno, esta actitud es para eludir el cumplimiento del acuerdo por "Precios Justos".

Máxima tensión entre Massa e industrias de alimentos

La relación entre el Gobierno con las fábricas de alimentos y bebidas, y también con las que producen productos de higiene y limpieza atraviesa el peor momento desde que Massa asumió como ministro de Economía.

La tirantez empeoró tras conocerse el dato de inflación de diciembre. Para Massa, el índice debía "empezar con el 4" y fue 5,1%. Con los alimentos aumentando más que el 4% comprometido por las empresas con el jefe de Economía.

El rubro de alimentos encadenó varios meses entre las categorías que más sufrieron la inflación, durante 2022.

El último reporte de la consultora Eco Go determinó que si no fuera por la estabilidad en el precio de la carne, la inflación de los alimentos en el GBA hubiese sido del 6,6%. Una suba intolerable para el ministro de Economía. De ahí que hubo una reacción urgente para salir al cruce de las empresas.

Desde el Palacio de Hacienda aseguran que no se trata de ninguna medida de fondo que ayude a enfriar la inflación, sino que "sólo se busca disciplinar a las empresas que se habían comprometido a pisar el freno con los precios de la canasta básica".

El ministro quiere que sí o sí haya un enfriamiento en la suba de los precios. Lo necesita porque él mismo se comprometió a que la inflación de abril bajaría al 3% y, además, porque en los próximos días se abrirán las negociaciones salariales para este año, y el ministro quiere que se ajusten con el pronóstico de inflación del 60% para este 2023.

Si la inflación se encamina al 5% mensual, eso significa que la inflación anual será de por lo menos el 80%, nada menos que veinte puntos por encima de su promesa.

El salto de dólares alternativos, en la mira

La operación de recompra de la deuda pública anunciada, de sorpresa, en la mañana del miércoles apunta a enfriar el mercado cambiario y, de manera indirecta, la dinámica inflacionaria.

Las empresas venían advirtiéndole a Massa que una brecha imparable, que otra vez amenazaba con superar el 100%, entre la cotización oficial y el contado con liqui, presionaba sobre los precios. Fue lo que sucedió en los últimos años. Nada nuevo.

Massa anunció una operación de recompra de la deuda pública para calmar la dinamica inflacionaria.

Lo "nuevo" es que el ministro se jugó a mostrar una desaceleración inflacionaria que, en los hechos, no sucede.

Tras el anuncio tempranero, los bonos de la deuda mostraron un fuerte repunte, que se apaciguó con el transcurso de las horas. ¿Señal de alarma? El mercado tomó la medida, pero pronto aparecieron los reparos a una operación que, de por sí, no luce como reparadora de los males de la economía argentina ni que dé cuenta de un plan macizo que acompañe el anuncio.

Más bien, aparece como "un conejo de la galera más" -como bautizó la economista Marina Dal Poggetto a los sucesivos anuncios del ministro- que sirven más que ir llevando la economía hasta final de año sin una nueva disrupción.

No es poca cosa si finalmente el ministro lo logra.