España podría poner fin a las llamadas "golden visa", que conceden derechos de residencia a los extranjeros que invierten en propiedades inmobiliarias en el país, según el líder del partido de izquierda Más País que negocia la situación con el gobierno.

Íñigo Errejón dijo a la prensa que su partido había llegado a un principio de acuerdo con el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social para poner fin al programa, que permite a los compradores de propiedades por valor de al menos 500.000 euros y a sus familias obtener permisos de residencia de tres años.

"La ciudadanía española no se compra", declaró Errejón, que añadió que este tipo de visados habían encarecido "brutalmente" los precios de la vivienda y obligado a vecinos de algunos lugares a abandonar sus barrios, a la par de que no generan nuevos puestos de trabajo.

El Ministerio no ha confirmado ningún plan para poner fin al programa. Un responsable familiarizado con las conversaciones dijo que todavía no se había llegado a ningún acuerdo, ya que el Ministerio seguía estudiando las propuestas presentadas por los partidos políticos.

Más temprano el lunes, el diario El País informó que España estaba considerando endurecer los requisitos para poder solicitar las golden visa.

Desde el inicio del plan de golden visas en 2013 hasta el pasado noviembre, España expidió casi 5000 permisos, con los inversores chinos a la cabeza, según datos del gobierno. Los inversores procedentes de Rusia acapararon el 19,6%, con 969 visados.

"La ciudadanía española no se vende", dijeron los funcionarios

España terminaría con los "golden visa" para inversores: qué otros países lo hicieron

Errejón dijo que estos visados representaban "una especie de puerta de atrás, un privilegio" para los millonarios, lo que convertiría a España en "una colonia que además atrae a menudo dinero negro y no inversiones que generen empleo".

La Comisión Europea ha instado a los países de la Unión Europea (UE) a poner fin a los programas que permiten a los inversores obtener la ciudadanía y a endurecer los controles a la hora de expedir permisos de residencia, calificándolos de riesgo para la seguridad y el blanqueo de dinero.

Por ejemplo, Portugal anunció en febrero que pondría fin a un programa similar.

En 2021, Portugal suavizó las restricciones de su programa de 11 años "Visado de Oro" para personas que inviertan 350.000 euros –simplemente comprando una casa– y pasen al menos siete días al año en el país.

Hace dos meses, sin embargo, en medio del creciente descontento por la subida de los precios de la vivienda, el Gobierno portugués señaló que pondría fin al programa una vez que el Parlamento hubiera debatido y aprobado la ley revisada, probablemente en las próximas semanas.

A raíz de la crisis financiera mundial de 2008, Portugal y al menos otros 10 países europeos trataron de cubrir sus déficits presupuestarios con programas de venta de viviendas. Al no haber reglas en toda la UE, los requisitos de elegibilidad variaban drásticamente: la inversión mínima empieza en 50.000 euros en Letonia, mientras que en Holanda es de 1,2 millones de euros. A cambio, los inversores suelen vivir y trabajar en el país de tres a cinco años y pueden solicitar la nacionalidad.

Ahora que la mayoría de los países europeos han recuperado su equilibrio financiero y se enfrentan a una creciente oposición interna a la idea, algunos lugares antaño populares para los candidatos se están volviendo menos receptivos.

Irlanda, por ejemplo, puso fin a su programa el 15 de febrero. Y Grecia dice que duplicará su tope de inversión a 500.000 euros en varias ciudades importantes, incluida Atenas.

Los datos disponibles sugieren que una mayoría sustancial de los usuarios de estos programas proceden de China. En Irlanda, que concedía la residencia a cambio de una inversión de 500.000 euros a compradores con un patrimonio de al menos dos millones de euros, los chinos representan más del 90% de las 1727 solicitudes aprobadas desde 2012.

En Grecia, alcanza casi el 60 % de los 12.818 visados de la última década, mientras que en Portugal, fueron casi la mitad de los 11.758 permisos concedidos desde 2012.

Los rusos también eran un grupo significativo hasta antes de la guerra en Ucrania.