España evalúa un plan para conceder residencia a casi 1 millón de migrantes indocumentados

España anunció que podría conceder permisos de residencia y trabajo a unos 900.000 inmigrantes indocumentados en el país en los próximos tres años, con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda de mano de obra, mientras que otros países europeos adoptan políticas más estrictas en materia de inmigración.

El nuevo reglamento entrará en vigor en mayo, y las autoridades prevén que, hasta 300.000 inmigrantes al año, hasta 2027, puedan regularizar su situación. Según informó el gobierno, solo podrán acceder a este estatus aquellos que hayan residido en España durante al menos dos años.

En una entrevista a Radio Nacional de España, la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseveró que "legalizar a los inmigrantes indocumentados no es solo respeto por los derechos humanos, también es prosperidad".

Y tiró un dato sustancial: España requiere de 250.000 trabajadores extranjeros al año, aproximadamente, para mantener su Estado del bienestar, debido a los "desafíos demográficos". Cabe resaltar que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa.

Los países europeos enfrentan una disminución en su población en edad de trabajar, y las empresas informan de una escasez persistente de mano de obra, especialmente en sectores como el cuidado de personas mayores, la agricultura y la hostelería.

No obstante, la inmigración legal al continente sigue siendo limitada, y los gobiernos han sido lentos en ampliar las opciones disponibles, mientras el sentimiento antiinmigración crecía en toda Europa. El presidente español, Pedro Sánchez, ha destacado en varias ocasiones la urgente necesidad de mano de obra en su país, señalando el mes pasado que la inmigración es esencial para el crecimiento económico. Según él, la clave está en "gestionar bien" el proceso migratorio.

España excluye a llegadas recientes del nuevo reglamento de inmigración

El nuevo reglamento de España no aplicará a las llegadas recientes, como las más de 25.500 personas que han arribado ilegalmente este año a las islas Canarias desde África occidental, el doble que en el mismo periodo del año pasado, según la agencia de fronteras exteriores de la Unión Europea, Frontex.

El profesor de Economía de la Universitat de les Illes Baleares Ismael Gálvez Iniesta, señaló que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en España son mujeres de Sudamérica, que llegaron con visas de turista y se quedaron más tiempo del permitido. Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántos trabajan, muchos se trasladan a España, donde ya hablan el idioma, en busca de oportunidades económicas.

Los desafíos de la migración en Europa: un estudio de la UE revela el temor por el futuro económico

Cerca del 70% de los europeos consideran que las tendencias demográficas amenazan la prosperidad económica y la competitividad de Europa a largo plazo, conforme un estudio de la UE realizado el año pasado. Más de cuatro millones de ucranianos han llegado a países de la UE desde la invasión rusa de febrero de 2022, obteniendo empleo rápidamente, aunque los políticos insisten en que se requiere una solución más sostenible a largo plazo.

En la Unión Europea, el número de inmigrantes no autorizados que intentaron cruzar a la región disminuyó un 43% en los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2023. A pesar de esta caída, el bloque experimentó en 2023 el mayor número de cruces de este tipo desde 2016.

Los partidos de derecha han capitalizado la ansiedad generada por la migración y el temor a la pérdida de identidad nacional. En países como Alemania, que ha recibido una gran cantidad de inmigrantes en la última década, dirigentes locales afirman que las escuelas y los centros de salud están desbordados.

En las últimas semanas, Alemania y Francia han reforzado los controles fronterizos, y Países Bajos seguirá el mismo camino el próximo mes. En septiembre, Suecia anunció que ofrecería dinero a los inmigrantes que aceptaran regresar a sus países. Además, los líderes europeos están evaluando la creación de centros fuera de la UE para procesar solicitudes de asilo y deportar a quienes no sean aceptados.

En síntesis, el debate sobre externalizar el control del asilo desvía la atención de la necesidad de fomentar la migración legal. "Enormes sectores clave de Europa dependen de estas personas", cerró Eve Geddie, directora de la oficina europea de Amnistía Internacional en Bruselas.