Caso Bailaque: el juez decide prisión preventiva para el financista Whpei

El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó, en la noche del martes 13 de mayo, una resolución ordenando la detención del financista Fernando Whpei, quien está siendo investigado en el marco de la causa Bailaque por presunta extorsión.

En el marco de esta investigación, Whpei está siendo acusado junto a un exfuncionario de la AFIP, Rosario Carlos Vaudagna, y un exjuez federal, Marcelo Bailaque. Además, el magistrado ordenó la inhibición de bienes de Whpei por un monto que asciende a 1.500 millones de pesos.

Detención preventiva de 90 días

La medida fue solicitada por los fiscales y tomada a las 21:30, estableciendo una detención preventiva inicial de 90 días bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El empresario será recluido en una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hasta que se determine su traslado al Servicio Penitenciario Federal.

La defensa de Whpei solicitó prisión domiciliaria por razones de salud relacionadas con su hija, pero el juez resolvió que el detenido siga en prisión mientras se efectúan los informes médicos pertinentes.

El rol de Whpei en las maniobras extorsivas

El juez Rodríguez Da Cruz calificó a Whpei como "coautor penalmente responsable" y lo describió como la persona que tenía "el control de las maniobras extorsivas". Los otros dos acusados en esta causa son Marcelo Bailaque, quien fue imputado por su rol como juez federal, y Rosario Vaudagna, ex titular de la AFIP, quienes también enfrentan acusaciones de coacción y extorsión contra Claudio Iglesias, un agente bursátil.

Los otros dos imputados en el caso son el exjuez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna, quienes, junto con Whpei, están acusados de presunta coacción contra Claudio Iglesias, un agente bursátil. Se les imputa haber intentado extorsionar a Iglesias con una suma de 250.000 dólares para desactivar una causa que habrían fabricado en su contra.

Según el fiscal Juan Argibay Molina, Whpei actuó de manera "coordinada" desde 2019 hasta noviembre de 2024 con Bailaque y Vaudagna, con el objetivo de iniciar y dirigir acciones judiciales y administrativas contra Iglesias, quien se hallaba próximo a asumir la presidencia de una importante firma de seguros.

El objetivo de estas maniobras, según la fiscalía, era "dañar la reputación (de Iglesias), ejercer presión (sobre él) y exigirle dinero a cambio de influir en su causa judicial.

La estrategia extorsiva orquestada por los acusados

Según Argibay Molina, "en el marco de una relación de confianza y del trato social habitual, Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal a Claudio I. para dañar su imagen y de esa manera perturbar el ejercicio de cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal. La estrategia consistía en fingir la recepción de una denuncia anónima ante la ex AFIP para que fuera judicializada rápidamente en el juzgado federal de Bailaque".

Bailaque está imputado y su caso sigue siendo investigado por el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, Vaudagna alcanzó un acuerdo con los fiscales federales tras confesar su implicación en los hechos.

Whpei, por su parte, fue acusado de recibir grandes sumas de dinero de Bailaque, quien había intervenido la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, y de haber colocado esos fondos en una mutual del financista, en lugar de depositarlos en una entidad supervisada por el Banco Central.

Intentos de retrasar la prisión preventiva

Antes de ser formalmente imputado, Whpei había acusado a Iglesias de dar un "falso testimonio" y había solicitado la recusación de los fiscales, alegando parcialidad. Esto lo hizo en un intento de postergar la sentencia de prisión preventiva, la cual fue finalmente confirmada por el juez el 13 de mayo.