Litigio millonario por YPF: los ganadores buscan acuerdo con bonos y extensión de plazos

Los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, liderados por el fondo Burford Capital, están dispuestos a entablar negociaciones con el Gobierno de Javier Milei. Aunque la jueza estadounidense Loretta Preska emitió dos fallos al respecto, cobrar el pago en efectivo o mediante acciones se presenta como un reto complicado, que incluso califican como "imposible".

Aunque Burford Capital evita hablar públicamente sobre el juicio, se muestra abierto a negociar un plan de pagos con Argentina. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el fondo privado que lleva adelante el litigio acepta opciones como bonos y la extensión de los plazos para saldar la deuda. Por su parte, el Gobierno ya anunció que recurrirá la decisión judicial.

El fallo y la respuesta del Gobierno

En su primera condena, la jueza Preska ordenó a Argentina pagar u$s16.000 millones. En una sentencia más reciente, indicó que el país tiene 14 días para entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de hacer efectivo el pago. Desde el Ejecutivo confirmaron que apelarán la sentencia. Sin embargo, Burford Capital mantiene la intención de negociar. El Gobierno sabe que con este juicio sobre sus espaldas se enfrenta a un escenario complejo.

Está claro que Argentina no cuenta con el dinero para afrontar este pago. Para dimensionar la magnitud de la deuda, ni siquiera el total del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería suficiente para cubrirla.

El país puede negociar y alcanzar un acuerdo de pago que deberá ser firmado por los funcionarios correspondientes. La incógnita radica en si esos funcionarios estarán dispuestos a asumir la responsabilidad y firmar el convenio, o si preferirán dilatar el proceso para evitar compromisos personales.

El origen del juicio y sus implicancias

El litigio no cuestiona la expropiación ni la soberanía argentina, sino que se centra en el incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que exige el estatuto de YPF. Esta omisión afectó a acreedores que adquirieron acciones en Nueva York, lugar donde cotiza la empresa, dando lugar a que la disputa se resuelva en esa jurisdicción.

Este conflicto tiene su raíz en una promesa incumplida por el Gobierno de Carlos Menem en 1993, cuando privatizó YPF y recaudó u$s1.100 millones bajo las leyes del mercado de capitales estadounidense.

Entre los protagonistas figura el Grupo Petersen, que adquirió el 25% de YPF con fondos prestados por Repsol, propietaria de la petrolera en ese momento. También destacan bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank.

Con Petersen como accionista, el Gobierno de Cristina Kirchner decidió expropiar YPF mediante la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, que permitió la recuperación del 51% de las acciones a Repsol.

Cuando Petersen adquirió las acciones, se comprometió a pagarlas utilizando los dividendos generados. Sin embargo, tras la nacionalización, YPF suspendió el pago de dividendos, lo que provocó que el grupo enfrentara la quiebra al no poder cumplir con sus obligaciones bancarias.

El rol de Burford Capital en el litigio

El juicio comenzó en 2015 y, en ese momento, Burford Capital entró en escena. El Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Madrid nombró un síndico para manejar la quiebra de Petersen y subastó el derecho a litigar. Burford Capital, una firma que compra juicios para financiar litigios, ganó esa subasta. Aunque Burford no compró las demandas, fue designado para gestionar y financiar el caso. Además, financia el pleito de Eton Park, otro gran inversor en YPF.

Después de ocho años de litigio, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó la responsabilidad de Argentina, resaltando la importancia de cumplir las promesas contractuales en mercados internacionales.

En septiembre de 2023, la jueza Preska dictó sentencia contra Argentina por aproximadamente u$s16.000 millones (u$s14.300 millones correspondientes a Petersen y u$s1.700 millones a Eton Park). Actualmente, exige que el pago se realice mediante la entrega del 51% de las acciones de YPF.

Más juicios y su impacto en la Argentina

Los juicios internacionales contra Argentina son numerosos y afectan la inversión en el país. En 2024, Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete de Javier Milei, reveló en el Senado que el país enfrenta más de 264.000 juicios, aunque solo un 20% tiene monto determinado, sumando u$s12.554 millones.

Estas demandas incluyen reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, por cuestiones como caída de concesiones, estatizaciones y expropiaciones.