Violentos enfrentamientos con la policía y al menos cinco detenidos, en una nueva marcha de los jubilados al Congreso

Como cada miércoles, jubilados, pensionados y organizaciones sociales volvieron a concentrarse frente al Congreso de la Nación para exigir una mejora en sus haberes y rechazar el veto presidencial anunciado sobre la ley que busca aumentar jubilaciones y pensiones. La protesta, que ya se volvió una postal semanal en el centro porteño, estuvo marcada por una fuerte presencia policial, enfrentamientos, al menos cinco detenidos y denuncias de represión.

Desde temprano, efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad desplegaron un extenso operativo de seguridad que incluyó patrulleros, vallados y cortes en los principales accesos al Congreso, como las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia, con el objetivo de restringir el paso hacia el Palacio Legislativo.

Ya por la tarde, la tensión aumentó cuando un grupo de aproximadamente 100 manifestantes intentó marchar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, lo que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Algunos manifestantes arrojaron objetos contra los efectivos, quienes respondieron con detenciones puntuales. Según se informó, al menos cinco personas fueron arrestadas y una mujer resultó herida en el marco de un incidente ocurrido dentro de un café de la zona, donde se produjeron destrozos.

Uno de los detalles más llamativos del operativo fue el uso de marcadores de pintura por parte de la policía, para identificar a quienes habrían iniciado los disturbios. La medida generó críticas por parte de organismos de derechos humanos y referentes de las organizaciones convocantes, quienes denuncian una "represión sistemática" por parte del Gobierno nacional.

El reclamo de los jubilados en el Congreso

El eje del reclamo sigue siendo el mismo: los manifestantes exigen un aumento de la jubilación mínima hasta los $1.250.000, el restablecimiento integral del sistema de movilidad previsional, la devolución del acceso pleno a medicamentos y tratamientos, y el fin del ajuste al PAMI. Además, se repudió lo que definieron como el "brutal plan económico del FMI", al que acusan de afectar especialmente a los sectores más vulnerables.

Hoy, el haber mínimo para jubilados es de $309.294,79, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $379.294,79. En el otro extremo, el haber máximo asciende a $2.081.261,17. Estos montos se actualizan de forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a la fórmula implementada en abril de este año.

La ley aprobada recientemente en el Congreso -y que el Ejecutivo ya anticipó que vetará- propone un aumento del 7,2% sobre los haberes actuales y la suba del bono a $110.000. De aplicarse, el haber mínimo pasaría a $441.564, lo que representa una mejora total del 16,4%. En tanto, el haber máximo se ubicaría en torno a $2.231.111. También impactaría sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subiría de $247.436 a $317.436.

La Casa Rosada ya anticipó el veto al aumento a las jubilaciones

Desde el Gobierno, la postura es clara: evitar cualquier gasto adicional que comprometa el objetivo de "déficit cero". El presidente Javier Milei fue tajante al respecto y, a través de sus redes sociales, reiteró que vetará cualquier iniciativa que considere "demagógica" o incompatible con el equilibrio fiscal. "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO", escribió el mandatario tras la votación.

En caso de que el Congreso avance con una eventual insistencia y reúna los votos necesarios para rechazar el veto, el Ejecutivo ya anticipó que recurrirá a la Justicia para frenar la implementación de la norma.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, elevar el bono a $110.000 representaría un costo fiscal de 0,26% del PBI. El Ministerio de Economía, por su parte, calculó que la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones pagadas por ANSES implicaría un impacto de 0,20% del PBI en 2025 y de 0,42% en 2026, sumando un total de 0,7% del producto.

Desde las organizaciones convocantes cuestionaron duramente este argumento, recordando que el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables mientras se mantienen exenciones impositivas a grandes empresas. También denunciaron el vaciamiento del sistema previsional y del PAMI, así como la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados.