El insólito proyecto que presentó diputada kirchnerista e hizo enojar al campo bonaerense

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense por la diputada Lucía Lorena Klug, de Unión por la Patria y cercana a Juan Grabois, ha desatado un escándalo sin precedentes en el sector agropecuario. La iniciativa propone crear la "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)", un nuevo gravamen que buscaría cobrar un "impuesto" a los gases de efecto invernadero que emiten las vacas durante su proceso digestivo. De aprobarse, obligaría a los productores ganaderos a pagar en función de los kilogramos de dióxido de carbono equivalente emitidos, calculados en relación a la cantidad de cabezas de ganado.

La propuesta, que se fundamenta en el principio de "responsabilidad extendida del productor", busca, según la legisladora, mitigar las emisiones de metano generadas por la actividad ganadera, que representa el 19% del metano provincial, y utilizar los fondos recaudados para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. El objetivo declarado es compensar las emisiones del campo mediante la reducción de gases lograda a través de una gestión adecuada de los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto.

El proyecto de ley sostiene que la medida responde a la "imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos" en una provincia que figura entre las principales emisoras de gases de efecto invernadero del país. Sin embargo, la iniciativa generó una condena inmediata y unánime en el campo, que la califica de "impuesto encubierto" y la considera inviable desde el punto de vista técnico.

La reacción de las entidades rurales fue de rechazo absoluto, calificando la propuesta como un nuevo intento de cargar con costos a un sector que ya soporta una de las presiones impositivas más altas. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue la primera en manifestar su oposición, utilizando términos categóricos.

Su presidente, Ignacio Kovarsky, sentenció: "Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción", y rechazó que la TAMBA sea una ley ambiental, considerándola un "impuesto encubierto al trabajo rural". CARBAP manifestó que el proyecto no fue consultado con el sector y que carece de un "sentido ni sustento técnico".

"Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico", manifestaron en un comunicado.

En la Legislatura, el rechazo también provino de la oposición. El diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) tildó la iniciativa como un "impuesto a los pedos de las vacas" y denunció su impracticabilidad. Bugallo argumentó que no existe actualmente tecnología accesible y verificable para medir las emisiones de metano individualmente en cada establecimiento ganadero, lo que convertiría el impuesto en una carga fija sin vínculo real con la mitigación ambiental.

Impuesto a los gases de las vacas: inviabilidad técnica y falta de consenso

El problema central de la propuesta, más allá de la carga impositiva, radica en la metodología de cálculo y el destino de los fondos. Si bien la ganadería es una fuente relevante de metano (el 54% de las emisiones totales de metano en Argentina en 2022 provino de la fermentación entérica del ganado), los críticos sostienen que el proyecto penaliza la actividad productiva sin ofrecer soluciones concretas.

CARBAP cuestionó la lógica detrás del proyecto, advirtiendo que "la TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva récord". También señalaron la falta de eficiencia en el gasto público: "Una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública".

A pesar de la argumentación de la diputada Klug sobre la necesidad de compensar el metano generado por la ganadería, fuentes legislativas aseguran que el proyecto no cuenta con el apoyo necesario de otros bloques. Su futuro parlamentario es considerado "casi nulo" debido a las objeciones técnicas insalvables y la frontal oposición del campo bonaerense.

El único antecedente internacional de este tipo se encuentra en Dinamarca, que acordó en 2024 gravar las emisiones de metano del ganado a partir de 2030, pero bajo un acuerdo que incluyó al gobierno, la oposición y los propios representantes de los sectores ganadero, industrial y sindical, buscando implementar una política pública seria y consensuada. En Argentina, la propuesta se ha recibido como una medida improvisada que amenaza la rentabilidad de la producción.