Invasión china: según los textiles locales, 7 de cada 10 prendas importadas vienen del país asiático

La industria textil local atraviesa un escenario crítico debido al aumento de las importaciones, particularmente de origen chino. Las entidades del sector advierten que la rápida expansión de estas compras pone en riesgo una cadena de valor que emplea a más de 500.000 trabajadores en todo el país.

Un mercado dominado por productos chinos

Según la Fundación Pro Tejer, la apertura comercial y la flexibilización de los controles aduaneros generaron un escenario en el que 7 de cada 10 prendas importadas provienen de China. La entidad sostiene que la combinación de desregulación, falta de fiscalización y un uso masivo del régimen de courier permitió que el gigante asiático incrementara su presencia como nunca antes.

El informe advierte que gran parte de la indumentaria ingresa sin certificaciones de calidad, sin valores de referencia, sin etiquetas, sin trazabilidad y sin el pago de impuestos, lo que otorga ventajas difíciles de igualar para la producción nacional.

Impacto en las fábricas y comercios locales

De acuerdo con Pro Tejer, el efecto no se limita a una oferta de productos más económicos. La entidad sostiene que el ingreso de prendas con precios FOB muy bajos está provocando el cierre de fábricas, la caída de ventas en comercios y la pérdida silenciosa de miles de puestos de trabajo.

El último informe del Indec señala que, en octubre, la producción textil cayó un 24% interanual, la mayor baja del mes. La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado también mostró un retroceso significativo, del 15,1%.

Entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las importaciones de origen chino crecieron 109%, mientras que el promedio general aumentó 89%. Por categorías, las cifras muestran un claro predominio:

• Tejidos de punto: 94% del total importado.

• Indumentaria terminada: 71%.

• Confecciones varias: 68%.

Cambios regulatorios y pérdida de herramientas de control

Pro Tejer atribuye parte del fenómeno a la eliminación o relajación de normas que antes actuaban como mecanismos de control. Entre ellas menciona:

• Declaración jurada de composición del producto.

• Valores criterio de importación.

• Controles de etiquetado y talles.

• Normas antidumping.

• Regulaciones sobre sustancias nocivas.

Para la entidad, estas herramientas no impedían el comercio, sino que garantizaban transparencia y competencia leal. Su desmantelamiento habría permitido el ingreso de productos sin controles básicos, algo que —afirman— no ocurre en países desarrollados.

El rol del courier y de las plataformas digitales

Otro factor señalado es el uso intensivo del régimen de courier puerta a puerta, combinado con el avance de plataformas como Shein, AliExpress o Temu, que envían productos directo al consumidor argentino, sin intermediarios locales. Según Pro Tejer, estos envíos ingresan sin aranceles y sin controles de calidad, en un sistema originalmente pensado para paquetes personales y de bajo valor.

La entidad también menciona los subsidios estatales chinos al envío internacional -como ePacket y China Post- que reducen costos logísticos y facilitan la oferta de prendas a precios inferiores a los de las materias primas locales.

El contraste con las medidas internacionales

Mientras Argentina flexibiliza controles, varios países implementan políticas más estrictas frente al ultrafast fashion.

• Francia aprobó una ley pionera que aplicará un ecoimpuesto por prenda desde 2026, exigirá un eco-score ambiental y prohibirá la publicidad de la moda ultrarrápida.

• La Unión Europea debate eliminar la exención impositiva para envíos de bajo valor e imponer nuevas tasas y sistemas de vigilancia específicos para compras online.

• En Estados Unidos, desde agosto de 2025 se eliminó la exención "minimis", lo que obliga a todos los envíos, sin importar su precio, a pagar aranceles y pasar por controles aduaneros.

• México aplica desde agosto un gravamen del 33,5% a envíos de plataformas de países sin acuerdo comercial, además de exigir registro fiscal y obligaciones tributarias.