Regularización de inmigrantes en España: qué pasa con quienes no consiguen los papeles tras iniciar el trámite

La regularización extraordinaria de inmigrantes en España arranca con una certeza: quien no obtenga el permiso no será expulsado. El Gobierno confirmó que los inmigrantes con resolución negativa permanecerán en el país tal como estaban: en situación irregular.

La medida, que busca beneficiar a unas 500.000 personas según cálculos oficiales, fue aprobada este jueves en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lideró la iniciativa.

Pero el texto final llegó con cambios de último momento. El Consejo de Estado introdujo observaciones que endurecieron los requisitos, especialmente en lo referido a la certificación de antecedentes penales.

Ahora los extranjeros deberán probar que no tienen antecedentes. Y ese requisito puede convertirse en el mayor obstáculo del proceso.

El certificado de antecedentes penales: el gran desafío

Los interesados en regularizarse tienen un mes para solicitar un certificado de antecedentes penales. Ese documento debe demostrar que carecen de antecedentes tanto en España como en su país de origen.

El período a acreditar es de cinco años anteriores a la presentación de la solicitud. Si vivieron en otros países además de España y su nación de origen, también necesitarán el certificado de esos lugares.

Las colas frente a consulados empezaron apenas se anunció la medida. El certificado era previsible que generaría cuello de botella.

El borrador inicial del Gobierno planteaba un camino más flexible. Bastaba con presentar el justificante de haber solicitado el documento. Más una declaración voluntaria donde el interesado aseguraba no tener antecedentes.

Tras las consideraciones del Consejo de Estado, esa vía quedó descartada: ahora el certificado es obligatorio y sin él no hay regularización posible.

Para compensar el endurecimiento, el Gobierno alargó los plazos. Si después de un mes el certificado no llega, el Ministerio de Presidencia podrá recabarlo por vía diplomática.

Ese trámite abre un plazo adicional de tres meses. Si tampoco llega la documentación en ese período, el extranjero tendrá 15 días extra para un último intento.

Agotadas todas las instancias sin éxito, el proceso queda cerrado. No habrá regularización.

Cómo y dónde presentar la solicitud de regularización

Los extranjeros pueden presentar sus solicitudes de forma online o presencial. En este último caso, necesitan cita previa.

Los lugares habilitados son: oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería. El plazo arranca este jueves 16 de abril y se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Más de 14 meses de ventana para que medio millón de personas intenten conseguir sus papeles.

Qué requisitos hay que cumplir además del certificado

El certificado de antecedentes no es el único requisito. Los solicitantes deben acreditar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

También necesitan probar que permanecieron en el país al menos cinco meses consecutivos. Y certificar que no representan "una amenaza para el orden público".

Pero hay más. Deben cumplir al menos uno de estos tres criterios adicionales:

• Tener algún vínculo laboral en España
• Permanecer en el país junto a su familia si hay hijos menores o personas dependientes
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad

Este último punto requiere aclaración. La vulnerabilidad debe acreditarse solo si el solicitante se acoge a la regularización por protección internacional. Y siempre que no cuente con proyecto laboral ni pueda acceder por vínculos familiares.

Una entidad del tercer sector inscrita en el Registro de Colaboradores de Extranjería certificará esa situación. El documento debe reflejar el nombre, la entidad y las circunstancias que generan la precariedad.

Ejemplos válidos: situación de precariedad económica, riesgo psicosocial, imposibilidad de acceder a vivienda.

Una iniciativa que nació desde abajo y logró medio millón de adhesiones

Hay un ingrediente que convierte a esta medida en singular. Fue impulsada por organizaciones de migrantes sin papeles como Regularización Ya, que reunieron más de 700.000 adhesiones.

"Es la primera vez que una iniciativa legislativa popular es liderada por personas migrantes y que la sociedad española se une de una forma tan completa", dijo Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la Fundación porCausa.

La plataforma Regularización Ya celebra que esta vez el empadronamiento en algún municipio español no sea requisito para solicitar el permiso de residencia.

Cuántos inmigrantes sin papeles hay en España

No hay cifras oficiales. Para Funcas, una organización de análisis e investigación económica y social, la cantidad de inmigrantes en situación irregular en España en 2025 era de 840.000.

Los analistas de Funcas concluyen que desde 2017 los extranjeros sin papeles en España se multiplicaron por ocho. La cifra se basa en datos de fuentes estatales y estadísticas propias.

Siete de cada diez inmigrantes que se establecen en suelo español y viven en situación irregular provienen de América del Sur. Argentina ocupa el quinto lugar entre estos extranjeros sin papeles en España.

El podio lo lidera Colombia, seguido de Honduras, Venezuela y Paraguay.

Por qué el gobierno español defiende la medida

Este martes, desde China, donde cumple con la agenda de una visita de Estado a Xi Jinping, Pedro Sánchez envió una carta a la ciudadanía apoyando la regularización.

"Hoy tenemos dos caminos. El de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad", posteó el presidente del gobierno.

"Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos", dijo este martes la ministra Elma Saiz en la conferencia de prensa semanal.

En el Ministerio que dirige Saiz agitan un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia: si España redujera 30% los inmigrantes que la habitan, para 2075 el Producto Bruto Interno se reduciría 22%, más de 90 mil bares cerrarían y el país perdería 15 millones de habitantes.

"Entre los solicitantes de protección internacional, el 65% está trabajando", comentaban este martes. Representan casi 100 mil personas que ya trabajan.

Y subrayan: "Hay una demanda real en nuestra economía. De todo el trabajo que se ha creado el 42,9% ha sido ocupado por trabajadores extranjeros".