Trabajadores del complejo de Chapadmalal judicializaron el desalojo: "Vamos a dar pelea"

El conflicto en la Unidad Turística de Chapadmalal ha escalado a una instancia determinante. Luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) enviara un ultimátum de diez días para que 30 familias abandonen las viviendas que ocupan dentro del predio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia. El objetivo es frenar lo que consideran un avance irregular sobre los derechos de los empleados de mantenimiento, quienes residen en el lugar desde hace décadas como parte de sus condiciones laborales.

Diego Lencinas, secretario gremial de ATE, fue enfático al cuestionar la legitimidad de la intimación. Según el dirigente, los trabajadores dependen actualmente de la Secretaría de Turismo de la Nación y no de la AABE, organismo al que acusan de intervenir sin competencia directa sobre la situación laboral del personal. "Vamos a dar todas las peleas necesarias para frenar este avance", afirmó Lencinas, subrayando que las familias no ocupan plazas hoteleras, sino sectores específicos diseñados originalmente para el personal desde la fundación del complejo en la década del '50.

El trasfondo de esta disputa es el plan del Gobierno nacional para concesionar el predio por 30 años a manos privadas, una medida anunciada por el vocero Manuel Adorni para reducir los costos de mantenimiento y restaurar la infraestructura. Sin embargo, desde el gremio denuncian que hasta el momento "no existe ningún documento firmado" que confirme dicha licitación, y acusan a las autoridades de intentar tratar a los trabajadores como "intrusos" para acelerar un proceso de privatización que aún carece de resoluciones formales.

Chapadmalal: incertidumbre de las familias y las alternativas políticas

La situación de los 50 empleados de mantenimiento es crítica. Con salarios que en muchos casos no superan los 500 mil pesos, los trabajadores aseguran que es imposible acceder a un alquiler en el mercado privado de forma inmediata bajo la presión de un desalojo inminente. Por ahora, los empleados continúan cumpliendo con sus tareas habituales, amparados en contratos que, en su mayoría, tienen vigencia hasta finales de este año.

Mientras la Justicia evalúa el recurso de amparo, en el arco político han surgido propuestas alternativas para el futuro del complejo. Una de ellas, impulsada por el senador Maximiliano Abad, propone destinar parte de la infraestructura a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si bien desde el gremio no ven con malos ojos esta opción, insisten en que cualquier cambio de administración debe garantizar la continuidad y el bienestar de quienes han cuidado el patrimonio de Chapadmalal durante más de 20 años. La batalla por el control de este emblema del turismo social recién comienza.