El Gobierno se planta ante la UBA: "Es una extorsión política de Yacobitti"

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó duras acusaciones contra las autoridades de la casa de altos estudios, asegurando que el reclamo por falta de fondos para los hospitales universitarios es, en realidad, una maniobra de presión. Según el funcionario, la universidad pretende monopolizar los recursos destinados a la salud de todo el sistema educativo nacional en beneficio propio.

Álvarez apuntó directamente contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a quien señaló como el artífice de lo que definió como una "extorsión política". En declaraciones radiales, el subsecretario afirmó que las transferencias de fondos se realizaron "en tiempo y forma" y que la denuncia de desfinanciamiento es "falsa". "Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros", sentenció, buscando deslindar de responsabilidad al Ejecutivo por la situación del Hospital de Clínicas.

Polémica entre el Gobierno y la UBA: disputa por los 80.000 millones de pesos

El eje del conflicto radica en la distribución de un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinados específicamente al área de salud de las universidades nacionales. Álvarez sostuvo que la UBA pretende quedarse con 75.000 millones de ese total, lo que representa el 95% del fondo, dejando apenas 4.000 millones para el resto de los hospitales universitarios del país, como los de la Universidad Nacional de Cuyo.

"Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual en los primeros meses del año", explicó el funcionario. En este sentido, acusó a la conducción universitaria de manipular el sentimiento público para obtener ventajas financieras: "Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno". Álvarez fue más allá al cuestionar la gobernanza de la institución: "Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti".

Auditorías y transparencia en la matrícula

Otro de los puntos de fricción es la resistencia de la UBA a ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El subsecretario defendió la necesidad de transparentar el manejo de los fondos públicos y cuestionó la negativa judicial de la universidad. "La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN. Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?", interpeló.

La mirada oficial también se posó sobre la eficiencia del sistema actual y la composición de la matrícula: Álvarez aseguró que "el 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años" y que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, cifras que considera muy por debajo de los estándares internacionales.

Además, el funcionario puso la lupa sobre el financiamiento estatal para extranjeros en carreras costosas. "En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros", afirmó, defendiendo los cambios recientes para priorizar a graduados de universidades locales en el sistema de residencias médicas.

Finalmente, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias insistieron en que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un esquema de distribución presupuestaria basado en indicadores objetivos, como la cantidad de alumnos reales, graduados e infraestructura, dejando atrás lo que definió como un sistema basado en el "lobby político en el Congreso". "La misión principal es enseñar, aprender y generar graduados de calidad", concluyó Álvarez.