El proyecto minero que estuvo 15 años frenado y que ahora pone en riesgo a 1,5 millones de personas

El proyecto de minería de oro y cobre San Jorge estuvo 15 años paralizado en Mendoza. Sus estudios de impacto socioambiental nunca lograban la aprobación necesaria.

La mina se ubica a 35 kilómetros de Uspallata, sobre la ruta 149 de ripio que conecta Mendoza con San Juan. Pero todo cambió a fines de 2025.

Tras una maratónica sesión, la legislatura mendocina le dio vía libre al proyecto. La aprobación llegó pese a que la Ley 7722 de cuidado del agua prohibía la megaminería con uso de sustancias químicas en el territorio provincial, señala la periodista Gabriela Ensinck en un artículo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.

A partir de entonces, científicos, abogados y asambleas ambientalistas volvieron a movilizarse advirtiendo sobre la contaminación del agua, el suelo y el daño a la biodiversidad y las actividades productivas por el uso de grandes cantidades de explosivos y sustancias tóxicas.

El turismo regional también está en la mira de las preocupaciones. Las voladuras para extraer los metales liberarían material particulado que afectaría tanto al Valle de Uspallata en Mendoza como al de Calingasta en San Juan.

También alcanzaría a los glaciares circundantes Barauca y Tambillos, que son reservas hídricas a futuro para ambas provincias.

Una mina a cielo abierto en tierra de historia milenaria

La explotación proyectada consiste en una mina a cielo abierto. Abarcará 2400 hectáreas de monte nativo y humedales dentro de la Estancia Yalguaraz, añade el artículo de EconomiaSustentable.com.

La estancia se extiende por 118 mil hectáreas frente al cerro San Jorge. Se trata de un lugar único por su biodiversidad y patrimonio histórico y arqueológico.

Por allí pasaron tanto las rutas incaicas del Qhapaq Ñan como la Ruta Sanmartiniana. Ese fue el camino por donde el ejército comandado por San Martín cruzó Los Andes.

Ahora, todo ese patrimonio ancestral y republicano está amenazado por la actividad megaminera.

Federico Soria es técnico químico industrial y técnico en Conservación de la Naturaleza. Elaboró un informe sobre "externalidades negativas del proyecto San Jorge".

"La actividad megaminera afectará gravemente a la cuenca del Río Mendoza, el principal de la provincia, del que actualmente dependen 1,5 millones de habitantes, 250 mil hectáreas de cultivos y la actividad del cuarto polo industrial del país", señala Soria.

Ese cuarto polo industrial mendocino queda detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La Asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata presentó el informe de Soria ante las autoridades.

De manos canadienses a capitales rusos: la historia del proyecto

El proyecto San Jorge fue durante muchos años un negocio especulativo en torno a concesiones mineras en busca de aprobación para ser explotadas, destaca EconomiaSustentable.com.

En 2011, la canadiense Coro Mining Corp intentó avanzar en la explotación del lugar. Se topó con una fuerte resistencia de las asambleas vecinales que culminó con el rechazo al proyecto en la legislatura mendocina.

Esto derivó en la venta del proyecto a dos corporaciones de capitales rusos. Se trataba de un conglomerado de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales.

Los compradores fueron Solway Investment y Aterra Capital. Les fue transfiriendo la totalidad del negocio en etapas, entre 2011 y 2015.

Finalmente, en 2022, Solway adquirió la parte de Aterra y quedó como única propietaria del proyecto San Jorge.

Pero ¿quiénes están detrás de este grupo empresario que ahora controla uno de los proyectos más polémicos de la provincia?

Solway Holding: 43 subsidiarias en paraísos fiscales del planeta

Solway Holding es una corporación offshore radicada en paraísos fiscales. Además de su casa matriz en Malta, Chipre, posee un complejo entramado financiero internacional con 43 subsidiarias, describe Federico Soria en su informe.

Esas subsidiarias están dispersas en Luxemburgo, Islas Vírgenes, San Vicente, Granadinas y la ciudad de Zug en Suiza. El esquema financiero es tan opaco como sofisticado.

La firma surgió en el año 2.000 en Rusia. Nació de la fusión de varias empresas metalúrgicas, mineras y sociedades financieras tras el desmembramiento de la Unión Soviética.

Fue parte de la rapiña de empresas estatales adquiridas por muchos ex funcionarios del régimen colapsado.

Aleksandr Bronstein fue quien fundó Solway. Nació en Rusia en 1954 y posee doble ciudadanía en Estonia e Israel.

Desde fines de los 80 y hasta la independencia de ese país, Bronstein fue diputado por Estonia ante el Soviet Supremo. Luego se dedicó a la actividad empresarial privada.

Actualmente es miembro del directorio del Congreso Mundial Judío, una organización vinculada al actual gobierno de Israel y dedicada a promover el Sionismo internacional.

Los herederos londinenses y un historial de denuncias graves

En 2020, Aleksandr Bronstein transfirió la totalidad de las acciones de Solway Holding a sus hijos, Daniel y Christian. Fueron criados y educados en Alemania.

Actualmente viven en Londres, Reino Unido, desde donde administran el imperio corporativo heredado.

El grupo llegó a la Argentina en 2011 para hacerse cargo del proyecto minero San Jorge. Pero su historial internacional está plagado de acusaciones graves.

Solway ha sido denunciado por contaminación, sobornos, criminalización de la protesta social y asesinatos de líderes ambientales e indígenas en Guatemala, Indonesia, Filipinas, Congo y Liberia.

Las denuncias se repiten en distintos continentes. El patrón es similar: proyectos extractivos que enfrentan resistencia local y acusaciones de violencia contra quienes se oponen.

Las conexiones políticas y judiciales que generan sospechas

Los antecedentes de quienes están a cargo de la administración local del proyecto San Jorge no pasan desapercibidos. El estudio jurídico mendocino BRGPG maneja la operación en Argentina.

Entre sus socios fundadores están Francisco "Paco" Pérez, quien fue Gobernador de Mendoza entre 2011 y 2015. También Alejandro Barraza, Camarista y Juez de la provincia.

Esas conexiones políticas y judiciales generan desconfianza entre las asambleas vecinales. El entramado de poder alrededor del proyecto es difícil de ignorar.

Las promesas de empleo y divisas que no cierran

Los impulsores del proyecto San Jorge prometen creación de empleo y generación de divisas para Mendoza. Pero los números cuentan otra historia muy diferente.

"Lo cierto es que la megaminería ocupa a menos del 1% de la masa laboral", apunta Federico Soria en su análisis técnico.

Las regalías que paga la actividad minera equivalen al 3% del valor de los minerales que extraen. Ese porcentaje apenas alcanza para cubrir el 6% de los gastos de mantenimiento de las rutas.

Las carreteras se estropean por el paso de camiones y maquinaria pesada. El Estado provincial termina subsidiando con fondos públicos el deterioro que causa la actividad privada extractiva.

La alternativa que proponen los vecinos: reserva natural

Frente al proyecto de megaminería San Jorge, los vecinos de la Asamblea Autoconvocada de Uspallata elevaron una propuesta distinta. Quieren crear una reserva natural para poner en valor el patrimonio cultural y natural de la zona.

Esta iniciativa permitiría proteger al Río Mendoza. Al mismo tiempo, promovería actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.

Los productos tendrían denominación de origen y estándares de calidad ambiental internacional, afirman los vecinos autoconvocados en su propuesta alternativa.

La lucha que emprendieron es tan desigual como la de David frente a Goliat. Pero el final aún está abierto para el proyecto San Jorge en Mendoza.