Detectaron contaminación en el Río Uruguay por la papelera Botnia y el informe oficial dispara todas las alarmas
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La contaminación en el Río Uruguay dejó de ser una sospecha. Un informe oficial del Comité Científico de la CARU detectó episodios de toxicidad en los efluentes de la planta de celulosa que opera UPM, el gigante finlandés que compró la ex Botnia.
El documento, realizado en 2023 y publicado recién en 2026, incluye datos que encienden alarmas. Los análisis de laboratorio mostraron efectos letales sobre organismos clave de la cadena alimentaria acuática, indica el periodista Sebastián Premici en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Aunque los auditores no lograron consenso interpretativo completo, el informe admite algo crucial: se registraron niveles de toxicidad vinculados directamente a los vertidos de la empresa.
El hallazgo cobra relevancia en medio de otro conflicto territorial. La compañía HIF Global pretende instalar una planta de combustibles sintéticos entre Colón y Paysandú, sobre la misma cuenca que hoy muestra contaminación confirmada.
Qué detectaron los análisis de toxicidad en el río
El estudio se concentró en Daphnia magna, un pequeño crustáceo conocido como pulga de agua. Este organismo es estándar mundial para tests toxicológicos porque responde rápido a la presencia de contaminantes.
Los resultados fueron contundentes. En exposiciones de 24 horas, las muestras sin diluir provocaron inmovilización o muerte en el 100% de los organismos. Las muestras diluidas al 75% mostraron efectos similares, agrega el artículo de EconomiaSustentable.com.
Los ensayos definitivos a 48 horas confirmaron el patrón: en todos los tratamientos se observó algún porcentaje de inmovilización o mortalidad, aunque sin una curva clara dependiente de la concentración.
Tres especialistas del CARU —Cristhian Clavijo, Emilio Menvielle y Alejandra Rodríguez— fueron tajantes en su interpretación. Los niveles de mortalidad alcanzados resultaron estadísticamente significativos. El efluente de UPM provocó toxicidad comprobable sobre Daphnia magna.
Ana María Gagneten, investigadora del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, lo tradujo en términos más directos. "Se murió o se vio afectado más del 50% de la población investigada", explicó en diálogo con Economía Sustentable.
Las implicancias van más allá de un crustáceo microscópico. Si el zooplancton se ve comprometido, toda la red alimentaria sufre el impacto. Desde estos organismos hasta los peces que consumen humanos, la cadena completa queda en riesgo.
Por eso el CARU decidió enviar las muestras al Laboratorio Tecnológico del Uruguay y a la Universidad Nacional de Luján. La ventana de tiempo para estos análisis es muy estrecha, y la decisión evitó recurrir a laboratorios privados como la canadiense Pacific RIM.
Los agrotóxicos que el monitoreo no está buscando
El informe de la CARU tiene un problema de origen. Los análisis químicos buscaron plaguicidas del pasado, no los que hoy dominan el mercado.
Rafael Lajmanovich, doctor en Ciencias Naturales y profesor de ecotoxicología en la UNL, señaló el sesgo con precisión. "Se mantienen en la rutina analítica organoclorados, organofosforados o triazinas clásicas", afirmó en diálogo con Economía Sustentable.
Esos compuestos fueron muy importantes décadas atrás —algunos incluso están prohibidos o severamente restringidos— pero hoy tienen más valor forense que diagnóstico del riesgo actual.
El problema es grave desde el punto de vista ecotoxicológico, remarca la nota de EconomiaSustentable.com. El monitoreo termina describiendo mejor el pasado que el presente.
Si el informe detectó toxicidad en Daphnia magna, una pregunta técnica se vuelve urgente. ¿El panel químico está captando neonicotinoides? Estos insecticidas modernos pueden pasar desapercibidos en análisis diseñados para agroquímicos antiguos.
La lista de omisiones es larga. Hoy convendría incluir piretroides como lambda-cialotrina, cipermetrina, deltametrina y bifentrina. También fenilpirazol, fipronil y sus metabolitos. Estos compuestos tienen alta toxicidad para invertebrados y peces.
Pueden estar a bajas concentraciones en el agua, pero persisten o se concentran en sedimentos y sólidos. Los paneles antiguos no los capturan bien.
Tampoco deberían faltar herbicidas polares como el glifosato. Son críticos porque se utilizan masivamente en el Cono Sur, especialmente en cuencas con agricultura intensiva.
Varios especialistas coinciden en que los monitoreos deberían ser permanentes sobre las cuencas compartidas entre Argentina y Uruguay. Las actividades agropecuarias propensas al uso de glifosato, glufosinato, neonicotinoides, pirazoles y diamidas insecticidas requieren controles específicos.
La historia de Botnia y su venta a UPM
La planta se instaló en 2007 bajo el nombre de Botnia. Fue epicentro de una disputa social y política entre Argentina y Uruguay que incluyó cortes de ruta y tensión diplomática.
A los dos años, el grupo finlandés UPM compró la operación. La empresa está formada por Metsaliitto, Cooperative y M-Real, y cotiza en la Bolsa de Helsinki.
Entre sus principales inversores institucionales figuran Vanguard Group, Pacer Advisors, Columbia Funds y Fidelity Concord Street. Es un gigante forestal y de la industria celulosa con alcance global.
Desde su instalación, la planta fue objeto de reclamos ambientales. El informe de 2023-2026 es el primer documento oficial que confirma episodios de toxicidad vinculados a sus efluentes.
HIF Global y el fantasma de un nuevo conflicto
En Colón, la experiencia con Botnia dejó aprendizajes. Los vecinos siguen en estado de alerta y movilización.
Ahora el foco está en HIF Global. La empresa pretende instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, del lado uruguayo, pero a apenas 3.600 metros de Colón.
El proyecto contempla producir 876.000 toneladas al año de metanol, del que se extraerán gasolina, kerosene de aviación, gas y lubricantes.
HIF Global opera una refinería experimental en Magallanes, Chile. Allí produce 3,9 toneladas diarias de metanol verde. La población más cercana es Punta Arenas, ubicada a 30 kilómetros y con 146.000 habitantes.
La diferencia con el proyecto uruguayo es brutal. La planta proyectada estaría a menos de 4 kilómetros de áreas pobladas.
Las organizaciones ambientales y sociales de Colón advierten sobre riesgos concretos. La escala productiva es 225 veces mayor que la planta experimental chilena, y la cercanía a centros urbanos multiplica los peligros.
El informe sobre toxicidad de UPM alimenta esos temores. Si una planta de celulosa con controles oficiales mostró impactos ambientales confirmados, ¿qué garantías existen para un proyecto industrial de esta magnitud en la misma cuenca?
El debate sobre el Río Uruguay está lejos de cerrarse. La contaminación detectada en los efluentes de UPM y el avance de HIF Global configuran un escenario de presión creciente sobre un recurso compartido entre dos países.