El Gobierno prepara un DNU para poder deportar extranjeros que inciten a la violencia contra Argentina

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una nueva normativa que instrumentará y reglamentará la aplicación práctica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La medida, que busca fijar de manera precisa los procedimientos administrativos y legales, habilita a las autoridades migratorias a expulsar del territorio nacional o prohibir el ingreso al país a aquellos ciudadanos extranjeros que expresen o promuevan discursos de odio, discriminación o violencia dirigidos contra la Argentina y sus ciudadanos.

El marco legal vigente incorpora como causal directa de cancelación de residencia, deportación e impedimento de ingreso la incitación a la violencia basada en la nacionalidad argentina, así como la profanación o ultraje a los símbolos patrios. De acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo, los equipos técnicos se encuentran puliendo las definiciones operativas para determinar cómo se ejecutará en la práctica la expulsión de los infractores, aunque por el momento no se estableció una fecha definitiva para la firma del decreto reglamentario.

Los argumentos oficiales tras el decreto y el trasfondo de la medida

La firma del DNU 681/2026 fue impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) como una respuesta institucional ante lo que el Gobierno definió como "recientes manifestaciones de hostilidad" dirigidas contra la Nación. El trasfondo de la decisión se intensificó a partir de una serie de agresiones, ataques verbales y campañas de hostigamiento registradas principalmente en redes sociales durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Frente a este escenario, la administración central justificó la adopción de las medidas bajo los siguientes lineamientos:

• Inclusión de nuevas causales migratorias: Se tipifica como motivo automático de expulsión o restricción fronteriza la dirección o incitación de mensajes que promuevan la discriminación o la violencia contra los argentinos por su origen nacional.
• Protección de la soberanía y símbolos: El texto normativo contempla sanciones equivalentes para quienes incurran en actos de ultraje o agravio contra la bandera, el escudo, el himno u otros símbolos patrios.
• Postura de la administración: A través de sus canales oficiales, el Gobierno ratificó que la defensa de los ciudadanos y las instituciones no resulta negociable, enfatizando la premisa de que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".