Colegios privados: cuánto aumentan las cuotas en CABA y Provincia

Las instituciones educativas de gestión privada con asistencia financiera gubernamental subirán sus aranceles para hacer frente a la presión salarial de las paritarias docentes y al constante incremento en sus gastos operativos. Esta adecuación, informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, busca nivelar los ingresos de los establecimientos educativos con la escalada de costos fijos que comprometen su liquidez diaria.

La medida afecta a un número significativo de familias con alumnos distribuidos entre los niveles inicial, primario, secundario, técnico, agrario, artístico y superior. Las autoridades de cada jurisdicción fijan los topes tarifarios tomando como referencia el porcentaje de subvención estatal que percibe cada colegio para el pago de los sueldos de su personal.

Nuevos valores arancelarios en el ámbito porteño y bonaerense

El organismo de administración educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó un tope de ajuste que llega al 4,2% sobre las planillas previas de cobro. La Dirección General de Educación de Gestión Privada fija estas bandas límite según la categoría institucional, asegurando que cada establecimiento adecue sus cuotas dentro de los márgenes previstos de acuerdo al caudal de financiamiento público que percibe.

Por el lado del territorio bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación habilitó una suba adicional del 2,5%, sumándose al 5,5% otorgado en la etapa previa inmediata. Con esta combinación de reajustes escalonados, el efecto acumulado entre ambos períodos se posiciona en el 8,1%.

Mantenimiento, morosidad y baja de matrícula en el sector

El representante ejecutivo de la entidad empresarial, Martín Zurita, destacó que las decisiones gubernamentales responden a los reclamos institucionales para amortiguar el pacto salarial acordado con los gremios docentes. Sin embargo, el directivo advirtió que los administradores operan con márgenes financieros mínimos debido a la constante aceleración en las facturas de servicios públicos y los gastos de conservación de la infraestructura edilicia.

A este escenario económico se suma una marcada irregularidad en el cumplimiento de los pagos mensuales por parte de las familias, con un índice de atraso en el abono de cuotas que alcanza el 11%. Asimismo, las autoridades del sector señalan una profunda preocupación por la contracción en la nómina de estudiantes, un fenómeno provocado por la sostenida baja en los índices de natalidad de la última década. Este descenso de inscriptos impacta fuertemente en las salas de inicial y los primeros grados de primaria, registrando retrocesos en la masa general de alumnos que obligan a mantener negociaciones constantes con el Estado para evitar el cierre de cursos.