Confirman el procesamiento de Cositorto por 1095 presuntas estafas con Generación Zoe
Confirman proceso judicial a la cúpula y buscan el destino de fondos captados mediante operaciones financieras en múltiples ecosistemas digitales
La Cámara Federal de Comodoro Py reabrió la investigación contra 22 imputados de Generación Zoe. El tribunal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto por 1095 presuntas estafas y ordenó avanzar sobre una línea nueva: el presunto lavado de activos.
La resolución lleva la firma de los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Se trata de la causa que concentra la mayor cantidad de denunciantes contra la organización liderada por Cositorto.
Las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio superior a u$s16 millones, además de $4 millones, 6.500 euros y bienes cuyo valor aún no pudo determinarse.
El fallo representa un revés para la defensa. Vuelven al ruedo personas que habían quedado fuera de la causa. Y aparece una línea de investigación clave: rastrear el dinero para intentar recuperarlo.
Qué decidió la Cámara sobre Generación Zoe y por qué rechazó la defensa
Los camaristas no le compraron el argumento a la defensa de Cositorto. Los abogados del líder de Generación Zoe habían atribuido el derrumbe de la empresa a una "corrida mediática".
El tribunal fue contundente. Generación Zoe pagó rendimientos durante un tiempo, pero la investigación no encontró ninguna actividad económica real capaz de justificar las ganancias prometidas a los inversores.
La causa analiza operaciones realizadas entre 2019 y abril de 2022. En ese período, la firma comercializaba cursos de coaching, liderazgo y trading. Junto con esos productos, prometía rentabilidades desde 7% mensual en dólares.
El tribunal consideró que si bien hubo pagos iniciales a algunos inversores, no existió una estructura comercial legítima que sostuviera los rendimientos ofrecidos, lo que configuraría el esquema típico de una estafa piramidal.
Quiénes vuelven a quedar bajo investigación tras el fallo
La Sala I revocó gran parte de los sobreseimientos dictados por la jueza Alejandra Alliaud. En lugar de cerrar la situación procesal, dispuso la falta de mérito para 22 personas vinculadas a la estructura de Generación Zoe.
Esa figura judicial es clave. No los declara culpables ni inocentes. Mantiene abierta la investigación mientras se incorporan nuevas pruebas. Los imputados quedan en un limbo: pueden volver a ser procesados si aparecen elementos que los comprometan.
Entre los nombres que seguirán bajo análisis aparecen Facundo Maringolo, Martín Rodríguez, Evelyn Cameille, Micaela Liporacci, Federico Aguirre, Matías Zamorano y Norman Próspero. Todos están señalados por presuntas funciones operativas o manejo de fondos dentro de la organización.
La decisión de la Cámara representa un giro importante. Muchos de estos imputados creían que su situación judicial estaba cerrada. Ahora vuelven a estar bajo la lupa.
La ruta del dinero: qué ordenó la Justicia sobre el presunto lavado de activos
Uno de los puntos más duros del fallo fue la reapertura de la investigación por presunto lavado de activos. La Cámara ordenó reconstruir movimientos de cuentas bancarias y billeteras virtuales para determinar el destino del dinero captado.
El objetivo no es solo perseguir penalmente a los responsables. La Justicia busca avanzar en una eventual recuperación de activos para los damnificados. Rastrear el dinero puede ser la única forma de que algunos inversores recuperen parte de lo perdido.
La medida alcanza a 12 imputados. Entre ellos figuran Cositorto, el exvicepresidente de Zoe Maximiliano Batista, el contador Miguel Echegaray y otros integrantes del núcleo directivo.
La investigación se centrará en identificar transferencias, compras de bienes y movimientos en criptomonedas para trazar el recorrido del dinero desde su captación hasta su destino final, lo que podría permitir embargos y eventuales restituciones.
Los fiscales deberán analizar extractos bancarios, operaciones en plataformas virtuales y adquisiciones de bienes inmuebles y vehículos. Es un trabajo forense que puede llevar meses.
Investigarán operaciones de Generación Zoe fuera de Argentina
Los jueces también rechazaron limitar la pesquisa al territorio argentino. Según la imputación, Generación Zoe operó a través de oficinas en Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.
La Justicia ordenó profundizar esa línea para determinar el alcance internacional de las maniobras investigadas. No se trata solo de saber dónde captaron dinero. También hay que establecer si hubo triangulación de fondos entre países.
La investigación internacional puede complicar aún más el panorama de los imputados. Si se comprueba que hubo movimientos de dinero entre jurisdicciones, podrían activarse pedidos de cooperación judicial con otros países.
El expediente sigue abierto. La Cámara dejó en claro que quedan líneas por investigar y pruebas por incorporar. Para los damnificados, es una señal de que el caso no está cerrado. Para los imputados, una advertencia de que el proceso judicial recién empieza.