Código contravencional: los temas del debate pendiente, más allá de la intolerancia

El acuerdo que celebraron ayer el bloque kirchnerista, el Partido de la Ciudad y un sector del macrismo sobre dos de los puntos más conflictivos del polémico Código contravencional porteño parece que no logró poner paños frí­os a una discusión que, a esta altura, se presenta más que desgastante. 

La sesión de hoy es la que no pudo completarse el pasado viernes 16 de julio cuando el edificio quedó prácticamente sitiado por un violento grupo de piqueteros que manifestaban contra el Código.

Después de ese episodio que culminó con la renuncia de Gustavo Beliz a la cartera de Justicia y el procesamiento con prisión preventiva de 15 activistas por coacción agravada, los ánimos están más que caldeados. 

El acuerdo al que arribaron anoche los legisladores incluye no modificar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 18 años, hasta tanto se sancione un régimen procesal contravencional juvenil, luego de lo cual podrá bajarse a 16 años. (art. 11)

Con respecto a la reincidencia, acordaron mantener el criterio de que la reiteración de conductas contravencionales aumentan las penas en un tercio, pero no habrá arrestos automáticos. El nuevo artí­culo 17 establece la siguiente fórmula: "El/la condenado/a por sentencia firme que cometa una nueva contravención, que afecte o lesione el mismo bien jurí­dico, dentro de los dos años de dictada aquella, será declarado reincidente y la nueva sanción que se le imponga se agravará en un tercio". 

La diferencia con la fórmula anterior es que permití­a el arresto a partir de la tercera reincidencia computable. 

El tema de la venta ambulante, la oferta de sexo en las calles y el uso del espacio público son temas que todaví­a no han sido consensuados y forman parte de los artí­culos del Código que no se tratarán hoy sino en una sesión especial que se realizará en quince dí­as, probablemente el miércoles 18.

Sobre la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, el despacho de mayorí­a que fue aprobado en general el mes pasado, estipula una sanción de 1 a 5 dí­as de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos a "quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos, que se encuentren en la proximidad de viviendas, establecimientos educativos o templos". En tanto, prevé multas que van de los $2000 a los $20.000 a quienes "favorecen, administran o financian la oferta de servicios de carácter sexual, bajo la apariencia de otra actividad".

En cuanto al uso indebido del espacio público, el proyecto de la mayorí­a dispone que "quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio publico es sancionado/a con multa de 200 a 600 pesos". En el caso de aquellos que ocupen la ví­a pública en ejercicio de una actividad lucrativa excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras será sancionado con multa de 400 a 2.000 pesos.

Pero todo indica que sobre esos puntos también habrá acuerdo. En cuanto a la prostitución, el nuevo Código permitirí­a la oferta de sexo callejero con zonas y horarios de ejercicio, las polémicas "zonas rojas" que tanto combate un sector de los duros del macrismo.

Para la venta ambulante, la fórmula que al final será consensuada es la del "Principio de insignificancia", es decir que sólo se sancionarí­a la venta ambulante masiva y no aquella que se realiza a baja escala.