ONGs califican de "aborto legislativo" al proyecto oficial sobre acceso a la información

Las organizaciones civiles que trabajaron en el texto de la ley de acceso a la información pública rechazaron hoy las modificaciones a la norma aprobadas en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a las que calificaron como un "aborto legislativo".

"El dictamen firmado por las comisiones, en lugar de dar a luz una ley de acceso a la información publica, produce un aborto legislativo que esperamos que en el plenario el conjunto de los senadores pueda reencauzar", afirmó Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

El bloque justicialista introdujo ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la primera dama Cristina Fernández de Kirchner, varios cambios al texto original, por lo que el proyecto volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Para las ONG's que trabajaron en el proyecto, "el dictamen aprobado en la comisión contiene una serie de aspectos que desvirtúan el espí­ritu del proyecto original", al tiempo que "no reflejan los estándares internacionales y constitucionales en la materia".

El principal cambio que introdujo el Senado -según explicó Cristina Kirchner- es la obligación de las empresas de brindar información a los ciudadanos que lo requieran.

En ese sentido, el dictamen establece que los entes privados a los que se les haya otorgado un subsidio o aporte estatal y las compañí­as privadas que exploten la concesión de un servicio público tendrán la obligación de brindar información sobre su organización.

Sobre este punto, las ONG's advirtieron que el texto aprobado por Diputados sólo "incluí­a la información en manos privadas pero de naturaleza pública", a diferencia del proyecto redactado por el Senado.

El comunicado lleva las firmas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Centro de Implementación de Polí­ticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento; Poder Ciudadano; el Foro de Periodismo Argentino; la Asociación Periodistas; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Las organizaciones criticaron, además, la obligación de justificar los pedidos de información y el establecimiento de un arancel para presentar una solicitud.
Asimismo, alertaron sobre el hecho de que la clasificación de la información pueda hacerse no sólo por ley, sino también mediante "decreto, resolución o acordada", y consideraron que "esta amplitud convierte en excesiva la discrecionalidad del Estado de decidir la reserva de la información".

Todas las organizaciones civiles participaron de la ronda de consultas que organizó el Senado antes de emitir el dictamen correspondiente, aunque ninguna de sus opiniones se reflejaron en el texto definitivo de la iniciativa.

Incluso, la presión de estas ONG's, que en varias ocasiones realizaron actos para solicitar la sanción de la ley, hizo que la comisión de Asuntos Constitucionales -junto a los cuerpos de Defensa, Asuntos Administrativos y Municipales, Sistemas y Medios de Comunicación- apurara el dictamen sobre la ley.

Sin embargo, los cambios introducidos por el plenario demorarán la sanción del proyecto por lo menos un año, ya que debe ser discutido nuevamente en la Cámara de Diputados.