El 17 de diciembre de 2019 era el día clave señalado por el nuevo Gobierno para reunirse con un sector que es clave en la economía del país: el automotor.

Se esperaba con mucha ansiedad la presentación del Acuerdo 2030 que fue elaborado entre la Universidad Austral, la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Concesionarios Automotrices de la República Argentina (ACARA) y los Fabricantes de Autopartes (AFAC), con el apoyo del Estado y los sindicalistas agrupados en SMATA.

La cita era a las 10 en punto en la sala de reuniones del gremio, en Avenida Belgrano al 600. Allí, desde temprano, llegaron micros y ciento de seguidores del presidente, Alberto Fernández, para alentarlo en este encuentro. En el estrado estaban también viejos referentes del sector, como la ex secretaria de Industria durante el gobierno de Cristina Fernández, Débora Giorgi, y Daniel Scioli, entre otros.

Alberto Fernández llegó más tarde de lo previsto al encuentro (era a las 10) y obligó a cambiar la agenda. Así arrancó la presentación con un video que mostraba todo lo que la industria aporta al país, tuvo que continuar Ricardo Pignanelli, de SMATA y hasta llegó a presentar su discurso Gabriel López, presidente de ADEFA.

Fue entonces cuando el primer mandatario arribó al salón en medio de bombos y platillos, festejos y gritos de homenaje, un espectáculo que se había perdido en los últimos eventos donde el invitado era el ex presidente Mauricio Macri, en el cual prevalecía la calma y el silencio.

Fernández tomó la palabra y, aunque dijo que no hablaría del pasado, repasó todos los problemas que llevaron al sector a una crisis histórica, y, además, se refirió a la gente que quedó alejada de la posibilidad de comprar un 0km.

"Hoy comienza una nueva etapa para el sector automotor, que permitirá a todos los argentinos cumplir el sueño de tener un 0km", comentaba Fernández.

Habló de accesibilidad y reglas claras e igualitarias para todos los argentinos, de la necesidad de enfocarse en los que menos tienen y cuidar las fuentes de trabajo, situación que, en el estado actual de las automotrices, se había visto afectada.

Mientras cientos de personas y autoridades de empresas escuchaban el discurso, nadie sabía que, en Economía, se anunciaba una drástica medida que impactará en el precio final de casi todos los modelos medianos y los SUV de entrada de gama que hoy se venden en el país.

Fue recién pasado el mediodía, cuando ya fuera de la sede y con una mejor señal de teléfono, la noticia empezó a invadir a los referentes del sector y las caras empezaron a transformarse.

Las novedades se iban dando al mismo tiempo que había sonrisas por pensar en el nuevo plan 2030 que cambiaría el destino del sector y una modificación en el impuesto interno que era una de las decisiones menos esperadas entre concesionarios y terminales, la cual solo hace recordar a 2014, cuando Cristina Fernández lo dispuso, y golpeó a la industria.

Los cambios al impuesto interno

Lejos del compromiso de ayudar al sector a recuperar la competitividad, ganar escala y participación en el mundo, al tiempo que las ventas internas se fortalecieron, la decisión del nuevo Gobierno de Alberto Fernández fue retomar las dos escalas del impuesto interno que había eliminado Macri, quien había dejado solo una para los 0Km con un valor mayor a los $1.800.000.

Pero eso no fue lo peor, sino que se bajó la base mínima imponible, lo que significa que más autos serán alcanzados por el gravamen.

Ahora, tras el resurgimiento de la primera escala, la cual empezará a regir a partir del 1 enero, tributarán una tasa del 20% (25% en la práctica), todos aquellos autos con un precio antes de impusto de $1.300.000, lo cual implica que de venta al público supera los 1.560.000 pesos.

Con respecto a la segunda escala del impuesto Interno, la misma recaerá sobre los 0km cuyos valores antes de impuesto sean de $2.400.000, lo que implica al público un precio promedio de $3.700.000 aproximadamente. En este caso, la alícuota nominal será del 35%, lo que, en la práctica, implicaría un aumento cercano al 50% sobre el precio de venta al público.

Con esta decisión, la propuesta de Fernández confirmada en horas de la mañana, de tener autos accesibles, se aleja cada vez más si se tiene en cuenta que, un auto de entrada de gama, como un Toyota Etios XLS, tiene un precio de $942.1000, mientras que un Volkswagen Gol Trend Automático tiene un valor de lista de $1.145.700.

En otro segmento, como son las SUV medianas que crecen en ventas, una Chevrolet Tracker tiene valores entre $1.200.000 y $1.800.000, lo que indica que varias versiones serán afectadas por el gravamen y traspasarán la barrera, incrementándose 25 por ciento.

Según las primeras consultas realizadas, esta decisión, lejos de permitir la recuperación del sector, provocará un golpe a la industria.

Si bien la idea es beneficiar la producción local, modelos como el Chevrolet Cruze Premier, producido en Alvear, provincia de Santa Fe; Toyota SW4, fabricado en Zárate; o el Citroën C4 Lounge, que nace en El Palomar, serían golpeados por la medida en sus versiones más equipadas.

Esto quiere decir que las empresas, en el segmento de autos mediano y los SUV chicos, se enfrentarán a la decisión que arrastran desde 2014 de tener que freezar los valores para no pasar la barrera o bien, arriesgarse a superar los montos con subas por encima del 25 por ciento.

De modo que, los autos accesibles para los argentinos", mensaje que dio el mandatario esta mañana, quedó en solo un anuncio.

Cambios a los impuestos

Mientras la medida se definía en Economía, en conferencia de prensa, tras el acuerdo 2030, el sector se refería a la necesidad de reglas claras y a largo plazo, para recuperar la industria.

"Lo que necesitamos es un plan de largo plazo que trascienda los Gobiernos y que nos permita tener reglas claras para invertir", decía Gabriel López, presidente de Ford y de ADEFA.

"Tenemos que ver qué pasa en los próximos 90 a 120 días, ver como la ley de Emergencia Económica afecta el corto plazo para después ver el largo plazo", explicaba confiado.

Por su parte, Mario Manrique, referente de SMATA, hablaba del tema impositivo. "Necesitamos la participación del Estado en la toma las decisiones. Tenemos un alto costo impositivo que se trabajará en conjunto, revisaremos toda la matriz impositiva de la industria y veremos que se puede hacer a corto, mediano y largo plazo", comentaba.

Lo cierto es que ahora, mientras el acuerdo avanza por un lado, las automotrices solo tendrán que pensar en qué precios tendrán los autos y cómo se adaptan a la nueva realidad.