Quebró una concesionaria de autos de alta gama acusada de estafas millonarias

La Justicia Comercial declaró la quiebra de Datcar SA, la sociedad detrás de Autos Pilar Premium. La concesionaria de vehículos de alta gama funcionaba sobre la colectora oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, en Del Viso.

La firma había quedado en el centro de una investigación penal tras denuncias de distintos clientes. Entre los damnificados que trascendieron públicamente aparecen el diputado jujeño Manuel Quintar, Joaquín Pichot (hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot) y el influencer Uriel De Martini.

Por la causa fueron detenidos Carlos Alberto González y Cynthia Karina Chamoles, vinculados a la concesionaria. Ambos continúan detenidos mientras avanza la investigación.

Según los registros del expediente, Datcar es la sociedad que figura detrás de la actividad comercial de Autos Pilar Premium. La empresa se dedicaba a la compraventa de autos y camionetas nuevos y usados.

En los registros societarios, González figura como presidente. Chamoles aparece como directora suplente.

La quiebra fue decretada el 14 de septiembre por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22. El expediente lo inició un acreedor que reclamó u$s9.000 correspondientes a dos pagarés impagos.

La resolución calificó el proceso como "pequeña quiebra". Esto significa que el patrimonio de la sociedad es limitado y se aplican procedimientos simplificados.

El fallo dispuso el desapoderamiento de Datcar. En la práctica, la empresa pierde el control de sus bienes. Ahora la sindicatura debe reconstruir el patrimonio de la sociedad y determinar qué bienes pueden quedar afectados al proceso.

Cuántos damnificados tiene la concesionaria y qué denunciaron

Autos Pilar Premium quedó en el centro de una investigación penal que comenzó después de las denuncias de clientes. Algunos aseguraron haber entregado dinero por vehículos que finalmente no recibieron.

Otros propietarios dejaron sus autos en consignación para ser vendidos. Luego no obtuvieron el dinero correspondiente.

La causa está a cargo de la UFI N°2 de Pilar y tramita ante el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro. La investigación reúne 38 hechos denunciados y 47 damnificados, una cifra que muestra la magnitud del colapso de la concesionaria.

Entre los casos conocidos públicamente aparece el del diputado jujeño Manuel Quintar. Denunció haber pagado u$s285.000 por una Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada.

También figura Joaquín Pichot, por una operación vinculada con una Ford Ranger Raptor entregada en consignación. La denuncia sostiene que la concesionaria recibió la camioneta para venderla.

Posteriormente no rindió cuentas al propietario. Tampoco restituyó el dinero correspondiente.

La investigación también alcanzó a otros clientes que entregaron vehículos como parte de pago. Algunos dejaron unidades para su comercialización.

En este marco, en mayo, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 vehículos de alta gama. Fueron valuados en alrededor de u$s1,23 millones.

Qué explicaron los detenidos sobre el colapso de la concesionaria

Frente a las acusaciones, González sostuvo en su indagatoria que el negocio había sufrido una fuerte caída de ventas. Habló de un "descalce financiero" de u$s6 millones.

Según su versión, la concesionaria había llegado a vender alrededor de 100 vehículos por mes. Luego cayó a menos de 50. También afirmó que tenía unos u$s2 millones en créditos por cobrar.

Chamoles, por su parte, atribuyó parte del problema al atraso de clientes que habían comprado vehículos financiados. Según su declaración, la empresa tenía créditos pendientes de cobro.

Necesitaba recuperar esos fondos para poder cumplir con otras obligaciones.

Lo cierto es que esas explicaciones forman parte de la defensa de los imputados, mientras que la investigación penal busca establecer si detrás de las operaciones existió una maniobra deliberada y organizada.

Qué busca determinar la sindicatura con los vehículos secuestrados

Con la quiebra de Datcar, los 19 vehículos secuestrados en la causa penal quedaron también en el radar de la Justicia Comercial. La nueva síndica de la quiebra, Monica Patricia Gardon, informó al juzgado comercial que tomó conocimiento de la investigación penal.

Pidió medidas urgentes para identificar, preservar e incorporar al proceso los bienes que eventualmente pertenezcan a la sociedad.

En su presentación menciona los allanamientos en los que fueron secuestrados los 19 vehículos. También dinero, moneda extranjera, documentación, teléfonos, computadoras y otros dispositivos.

Pero advierte que es necesario distinguir entre bienes de Datcar, vehículos de clientes, unidades entregadas en consignación y otros bienes sometidos a medidas de la Justicia penal.

Por eso pidió que la UFI N°2 de Pilar, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro y otros organismos informen qué vehículos fueron secuestrados. Quiere saber dónde están, quién quedó a cargo de su custodia y cuál es la situación procesal de cada uno.

También solicitó poder inspeccionarlos y realizar un inventario con dominio, número de chasis y motor. Además, estado, kilometraje, accesorios, llaves y documentación.

En paralelo, otro escrito presentado en la quiebra incorporó un informe histórico del Registro Automotor. Muestra siete vehículos que continúan registrados a nombre de Datcar: una Ford Maverick, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, un Ford Kuga, una Volkswagen Amarok, una RAM 1500 y un BMW X4.

La presentación pide localizar esas unidades y establecer quién las tiene. También dónde se encuentran y si alguna coincide con los vehículos secuestrados en las investigaciones penales.

Busca determinar el estado de cada rodado y la documentación que lo acompaña.

El punto es especialmente relevante para la quiebra porque no todos los vehículos que estaban en la concesionaria necesariamente pertenecían a Datcar. De hecho, parte de las denuncias que dieron origen a la causa penal involucran justamente autos entregados por clientes en consignación.

Ese cruce entre la causa penal y la quiebra será clave para determinar qué bienes forman parte efectivamente del patrimonio de Datcar y cuáles deberán ser restituidos a sus propietarios.

En paralelo, la investigación penal continúa para establecer qué ocurrió con las operaciones denunciadas. También las responsabilidades que pudieran corresponder a los involucrados.

Mientras tanto, los acreedores tienen plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para verificar sus créditos. La sindicatura deberá avanzar con el inventario y la reconstrucción del patrimonio de la sociedad.