Prisión preventiva para dueños de concesionaria de autos de Pilar acusados de estafa
Cobraron miles de dólares por autos y camionetas que nunca entregaron. También vendieron vehículos que les habían dejado en consignación
La jueza de Garantías de Pilar, Andrea Rodríguez Mentasty, dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana, quien investiga las denuncias de clientes que aseguran haber pagado por vehículos que nunca recibieron o no haber cobrado el dinero correspondiente por autos vendidos en consignación.
La magistrada consideró que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ambos están imputados por asociación ilícita —como presuntos jefes—, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel.
En su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, Rodríguez Mentasty mencionó la cantidad de hechos y víctimas, el perjuicio económico denunciado y la logística que, según la acusación, se habría utilizado. También sostuvo que los imputados podrían intentar eludir la Justicia ante la posibilidad de recibir una pena de cumplimiento efectivo.
La jueza agregó que la magnitud del daño económico y la eventual disponibilidad de recursos podrían facilitar la ocultación de activos o la manipulación de documentos. Por eso concluyó que, por el momento, la prisión preventiva es necesaria y proporcional para asegurar el desarrollo del proceso.
Las denuncias
Entre las personas mencionadas como víctimas figuran el diputado nacional de La Libertad Avanza por Jujuy Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot.
Quintar denunció que en agosto de 2025 acordó la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. Según su presentación, pagó el monto total —parte mediante transferencias y parte en efectivo—, pero nunca recibió el vehículo. El diputado se había vuelto noticia en mayo pasado, cuando estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso.
En el caso de Pichot, la acusación sostiene que los responsables de la concesionaria le ofrecieron vender en consignación una Ford Ranger Raptor 3 y entregarle el dinero obtenido. Según el expediente, Pichot entregó la camioneta, pero no firmó el formulario 08 y el vehículo siguió registrado a su nombre. La imputación afirma que los acusados dispusieron del rodado y del dinero de la venta, sin devolvérselo ni rendir cuentas.
También se investiga la denuncia de un hombre que habría entregado un Ford Mustang modelo 2022 para exhibirlo en el salón de ventas. De acuerdo con la acusación, cuando pidió que se lo devolvieran, González le habría pedido que esperara y luego habría demorado la restitución con distintas excusas. La fiscalía sostiene que el auto ya había sido vendido.
En otro caso, un cliente transfirió 29.000 dólares —incluidos 3.000 como seña— por un Mercedes-Benz CLA 200 que, según la denuncia, nunca le entregaron.
La versión de los imputados
González y Chamoles fueron detenidos en su casa del barrio privado Las Condes, en Pilar, por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar. Durante sus declaraciones indagatorias, ambos presentaron su versión de lo ocurrido.
González relató que comenzó a trabajar en la compraventa de autos hace diez años, en el Shopping Champagnat. Luego, según dijo, el negocio se trasladó a un edificio sobre la colectora de la autopista Panamericana, en Manuel Alberti, y se especializó en vehículos de alta gama. Afirmó que la concesionaria llegó a vender 100 vehículos por mes y que incorporó a algunos clientes como inversores.
El empresario atribuyó el deterioro del negocio a una caída de los ingresos, a la salida de inversores y a un expediente judicial en el que fue procesado por desobediencia. Según su declaración, las ventas bajaron a la mitad y, en diciembre pasado, la situación comenzó a agravarse. También afirmó que una "corrida" de inversores por 3.000.000 de dólares y costos mensuales de 300.000 dólares profundizaron el descalce financiero, que calculó en 6.000.000 de dólares.
González sostuvo que intentó conseguir capital para afrontar los compromisos y que la difusión de las denuncias y de un allanamiento agravó la crisis. Dijo que pidió tiempo a los damnificados porque tenía créditos pendientes de cobro y que las medidas cautelares sobre la empresa le hicieron perder "respeto y confianza".
Chamoles, por su parte, afirmó que algunos clientes habían comprado vehículos financiados y se habían atrasado con los pagos. Según declaró, la empresa tenía pagarés impagos por entre 500.000 y 600.000 dólares y deudas por cobrar que, en total, alcanzaban los 2.000.000 de dólares. También aseguró que se entregaron vehículos cuyo precio todavía no había sido cancelado.
González permanece alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles, en la Unidad 61 de Melchor Romero, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según la resolución, continuarán detenidos mientras avanza la investigación.